madrid. Escoltado por tres vehículos más, dos de ellos camuflados, el furgón que trasladaba a Luis Bárcenas irrumpió en la Audiencia Nacional a las 9.25 horas, donde a las 11.17 minutos, y por espacio de casi cinco horas, el extesorero del PP -esposado, sin cordones en los zapatos y sin corbata- respondió ante el juez Pablo Ruz. No fue una declaración al uso, sino la verificación de que quien controló las arcas del partido durante veinte años ha emprendido, sin ambages, la estrategia de tirar definitivamente de la manta. Primero, reconoció como suyos los documentos manuscritos que recogen la presunta contabilidad B de la formación que lidera Mariano Rajoy; y después, reveló, entre otros aspectos, que hizo entregas "en efectivo" al presidente español y a María Dolores de Cospedal entre 2008 y 2010, algo que sin embargo negó haber realizado con José María Aznar.

Simultáneamente, el máximo dirigente popular comparecía para descartar su dimisión y para advertir a la oposición y al propio Bárcenas que, capítulos como el de los supuestos SMS que se entrecruzaron cuando ya se conocían las cuentas del exsenador en Suiza, no vencerán al Estado de Derecho. O lo que es lo mismo, mientras Bárcenas lanzaba dardos contra la línea de flotación del PP, Rajoy trataba de echar balones fuera sin desmarcarse de su habitual discurso en un asunto que tiene acorralado al Gobierno español.

Concretamente, en 2009 Bárcenas habría entregado a Rajoy y Cospedal la cantidad de 25.000 euros en efectivo, dinero que llegó a Génova desde el PP de Pontevedra. Un año después les entregó 20.000 euros de la caja a cada uno en billetes de 500 euros en un sobre marrón, dándoselo a la secretaria general popular en su despacho. Y es que cuando dejó su puesto como tesorero quiso "limpiar la caja" y liquidó de la misma manera el dinero que aún quedaba. En total, 90.000 euros entre los dos años. A juicio de Bárcenas, no puede aportar recibos de los pagos porque "ni a los donantes ni a los receptores se les exigían recibís".

Sobre la presunta financiación ilegal del PP, Bárcenas argumentó que el sistema establecido en el seno del partido consistía en el pago por parte de los empresarios de comisiones para obtener a cambio adjudicaciones. "Vosotros nos ayudáis con las campañas electorales y nosotros, con los contratos", precisó el extesorero, quien describió que todos los ingresos en la cuenta de donaciones son pagos fraccionados de los donantes, que aparecían en los papeles que investigaba el Juzgado -siete constructores-, para eludir la ley.

Arrancó ayer su declaración reconociendo ser el autor material de la contabilidad B del PP, entregando al magistrado un pen drive y otra serie de documentos en un soporte informático sobre las cuentas del PP, que sirvieron para que Ruz iniciara un prolijo interrogatorio donde Bárcenas no solamente cargó con especial inquina contra Rajoy y Cospedal, sino que también arremetió contra su antecesor, Álvaro Lapuerta, acusándole de diseñar la estrategia de pagos y cobros. "Las donaciones no respetaban los límites legales", aseguró el exsenador, quien añadió que este modus operandi comenzó con Rosendo Naseiro, asimismo extesorero. "Era el procedimiento establecido desde aquella época", recordó.

identificó al donante villar mir En este contexto, aportó un detalle novedoso al identificar al presidente de la constructora Obrascon Huarte Laín (OHL), Juan Miguel Villar Mir, como el empresario que se mostró muy interesado en donar 300.000 euros al PP poco antes de las elecciones de 2011. Tenía "mucho interés en que la cúpula del partido" y en concreto en que Rajoy "lo supiera", precisó Bárcenas. Villar Mir declaró en mayo que "nunca" ha entregado dinero a partidos políticos: "Yo no soy del PP ni del PSOE".

En este escenario, Bárcenas denunció ante Ruz que un abogado "cercano" a la propia Cospedal le ofreció 500.000 euros a cambio de negar una contabilidad paralela en el seno del PP, de retirar su denuncia por despido, y de que ayudara a elaborar una coartada a los constructores imputados por donaciones irregulares. Quiso así ratificar, como publicó ayer El Mundo, que un letrado se acercó a Soto del Real, donde está encarcelado, para transmitirle que si confesaba todo lo que sabía, su mujer Rosalía Iglesias iría a prisión, mientras que si guardaba silencio habría maniobras para quitar del Ministerio de Justicia a Alberto Ruiz-Gallardón. Es más, según Bárcenas, abogados próximos al PP le habían pedido que elaborara a mano una falsa contabilidad B con la intención de demostrar que las fotocopias hechas públicas en la prensa eran falsas. Desveló al juez al menos tres reuniones con estos letrados y, según su versión, las presiones se prolongaron hasta el pasado fin de semana, momento en que recibió en la cárcel a este abogado que no quiso identificar. La reunión, que según él se celebró en presencia del directivo de la prisión, fue interrumpida cuando Bárcenas manifestó su extrañeza. "¿Pero esto qué es?", dijo que espetó. Un relato que, según fuentes penitenciarias, "es falso".

Respecto a otro de los asuntos, Bárcenas mostró a Ruz un recibí por el cobro en 2007 de una comisión de 200.000 euros a cambio de la adjudicación de una contrata municipal en Toledo que fue obtenido por el PP de Castilla-La Mancha siendo presidenta Cospedal, quien posteriormente lo negó: "Es una historia absolutamente disparatada y mentirosa". Con este horizonte, no parece el de ayer el último episodio de un caso que ha entrado ya en erupción y cuya labia, la de Bárcenas, puede llevarse por delante al PP, y de paso a todo un Gobierno.