PAMPLONA. Miranda, quien está citado a las 10,00 horas, ha seguido de esta manera los pasos del expresidente del Gobierno foral Miguel Sanz, quien declaró el pasado viernes, y del alcalde Pamplona, Enrique Maya, quien lo hizo ayer.

En solitario, Miranda ha accedido al interior del Palacio de Justicia por la puerta principal entre gritos de "que devuelvan lo robado" o "ladrones fuera de las instituciones" coreados por un grupo de personas que portaban pancartas con lemas como "Miranda, Barcina sois nuestra ruina" o "Barcina go home".

Esta concentración está convocada por Kontuz!, asociación de consumidores y usuarios personada en la causa como denunciante junto al partido UPyD.

La juez de Instrucción número 3 de Pamplona, María Paz Benito, ha imputado a Sanz, Maya y Miranda, todos de UPN, dentro de la investigación por el cobro de dietas por asistir a dobles y triples reuniones consecutivas de un órgano de CAN desconocido, y por no controlar que se realizaran funciones de inspección.

Los tres integraban la Permanente de la Junta de Entidades Fundadoras de Caja Navarra, junto a la actual presidenta del Gobierno foral, Yolanda Barcina, la única que no ha sido imputada y cuya condición de aforada haría que el caso pasara al Tribunal Supremo si la juez finalmente le iguala a ellos.

En su auto la juez apuntaba que el cobro de dietas por asistencia a la Junta de Entidades Fundadoras y a la Comisión Permanente de Caja Navarra tiene un sustento legal "cuanto menos dudoso", calificable incluso como un presunto cohecho.

Asimismo se alude a un posible delito de prevaricación por omisión que habrían cometido las autoridades supervisoras de Navarra al no haber efectuado las supervisiones e inspecciones de Caja Navarra.

Según manifestó ayer el abogado de UPyD, Diego Paños, el exconsejero de Economía es una "pieza crucial" en esta investigación.

Los cuatro han devuelto el dinero percibido de la Permanente (6.868 euros Maya, 27.472 euros Miranda, 31.324 Barcina, y 39.028 euros Sanz), un gesto que decidieron al trascender la polémica a la opinión pública y conocerse que se investigaría el caso judicialmente por haberlo denunciado Kontuz y UPyD.