para los damnificados por los crímenes y la represión del franquismo y de los primeros años de la Transición nunca será tarde para encontrar la justicia y la memoria que el Estado español siempre les ha negado. Damnificados como José Luis Martínez Ocio, presidente de la Asociación de Víctimas del 3 de marzo, que en aquella fatídica fecha de 1976 perdió a su hermano Pedro Mari tras la sanguinaria intervención policial que se saldó con la muerte de cinco obreros que participaban en una asamblea en Zaramaga. O como Sabin Arana, más de nueve años encarcelado durante la dictadura por el mero hecho de defender las libertades y que ahora integra la Asociación de Presos y Represaliados vascos durante el franquismo, Goldatu.
Ha pasado ya mucho tiempo desde sucesos tan dramáticos como los de Gasteiz, pero todavía hay esperanza por recuperar esa justicia, al menos una parte de ella. Para ellos y para miles de represaliados más por los horrores de la dictadura y el posfranquismo, esa esperanza tiene ahora color albiceleste, los de la bandera Argentina, donde la magistrada María Servini de Cubría se ha decidido a investigar los crímenes de esta oscura etapa.
Una misión hasta ahora imposible dentro de las fronteras del Estado por la mera existencia de la Ley de Amnistía de 1977, una suerte de ley de punto final que ha permitido a los protagonistas de la represión vivir impunes e, incluso, seguir ocupando durante años cargos de responsabilidad en las estructuras del Estado o en grandes empresas. El principio de Justicia Universal que sí reconoce la Constitución argentina ha permitido dar aire a este proceso, otorgar a este país jurisdicción para perseguir las atrocidades de la dictadura.
Martínez Ocio, Arana y también Andoni Txasko, portavoz de la Asociación del 3 de Marzo, se han reunido con DIARIO DE NOTICIAS DE ÁLAVA para analizar el recorrido de la ya conocida como querella argentina contra el franquismo, un proceso que dio sus primeros pasos el 14 de abril de 2010 y al que se han adherido ya una docena de colectivos integrados en la Plataforma Vasca para la Querella contra los Crímenes del Franquismo. Entre ellos, lógicamente, se encuentran Goldatu y Martxoak 3.
Hace ahora un año, el propio Arana tuvo la ocasión de entrevistarse con Servini de Cubría en Buenos Aires, durante un viaje conjunto de miembros de la asociación La Comuna de represaliados madrileños y Goldatu, en el que se presentaron cerca de 50 querellas. Allí se encontró con una persona "realmente decidida a llevar este tema con determinación".
Durante más de ocho horas, él y sus compañeros aportaron sus testimonios a la magistrada y le hicieron llegar querellas relacionadas con los casos de personas tristemente conocidas como Salvador Puig Antich, asesinado a garrote vil en 1974; Humberto Baena, fusilado en 1975 junto con dos compañeros del FRAP y Txiki y Otaegi; Andoni Arrizabalaga, torturado e indultado de la pena de muerte en 1969; Enrique Gesalaga -proceso de Burgos- y Germán Rodríguez, asesinado por la Policía en los sanfermines de 1978. La jueza tomó nota de los relatos, al tiempo que envió a un equipo de su gabinete jurídico a Madrid para seguir recabando información. Arana y sus compañeros volvieron de Argentina "con ilusión, con esperanza", ambas reforzadas tras la entrevista.
querellantes Los más de 300 querellantes que ya suma esta causa, sumando a personas individuales y asociaciones de todo el Estado, plantean la imputación por crímenes de lesa humanidad de varios responsables concretos y todavía vivos de la represión. Entre ellos figuran los exministros Rodolfo Martín Villa, Fernando Suárez González y José Utrera Molina, suegro de Alberto Ruiz Gallardón, que firmó la ejecución de la sentencia de muerte de Puig Antich; los policías de la Brigada Social Juan Antonio González Pacheco, José Ignacio González Giralte y Celso Galván Abascal; el guardia civil Jesús Muñeca Aguilar; el juez del Tribunal de Orden Público Rafael Gómez Chaparro y el capitán Jesús Cejas Mohedano.
Los nombres de todos ellos aparecen en alguna o en varias de las querellas presentadas ante la jueza como presuntos autores de distintas acciones represivas. La petición de imputación de Martín Villa se refiere, precisamente, a su responsabilidad directa en la masacre del 3 de marzo, momento en el que ocupaba el Ministerio de Relaciones Sindicales. Posteriormente, cuando sucedió a Manuel Fraga al frente del Ministerio de la Gobernación, Martín Villa se ganó a pulso el apelativo de la porra de la Transición por la dureza empleada en la represión de las manifestaciones obreras y estudiantiles. En los últimos tiempos, ya alejado de la política, ha sido presidente de Sogecable o Endesa.
A juicio de Arana, "a medida que se vea que se están dando pasos firmes, más gente se irá sumando a la querella". No obstante, "todavía falta confianza, porque muchos piensan que no hay nada que hacer". Uno de los objetivos de la plataforma es, precisamente, seguir sumando fuerzas para "reforzar el peso" de esta demanda colectiva. A todas las denuncias se han sumado también varias mociones de apoyo a la investigación impulsada por Servini de Cubría en varios ayuntamientos vascos, como el de Gasteiz -a la que sólo el PP se opuso-, y cartas personales de distintos alcaldes de pueblos especialmente marcados por la represión, como Gernika y Otxandio, animando a la magistrada a perseverar en la causa. Pronto se debatirán textos similares de apoyo a la investigación tanto en las Juntas Generales de Álava como en el Parlamento de Vitoria.
un hito La posibilidad, aunque remota, de sentar en el banquillo de los acusados a alguno de los responsables de la represión franquista constituye "un hito" para Andoni Txasko, quien considera que este caso "va a servir para abrir los ojos a mucha gente". "Hay que dejar bien clara la impunidad que asiste al Estado español, que se vea a nivel internacional. Cabe recordar que los delitos de genocidio y lesa humanidad no se pueden amnistiar como sucedió aquí", advierte. "Quedamos un montón de gente viva represaliada, al igual que muchos vivos que nos represaliaron. Hay responsables, pero las autoridades no están por la labor, así que hay que buscarlos", añade Arana.
Txasko, Arana y Martínez Ocio no buscan tanto la venganza, sino "un mínimo de justicia y verdad". Que la querella, al menos, señale a los culpables, que según el primero "viven cobijados bajo un manto de impunidad". "Todo lo que sea marcarles va a ser positivo. Cuando lo estén, seguro que algo se les removerá por dentro", añade el portavoz de Martxoak 3. Conscientes de las "grandes presiones" que se están ejerciendo desde España sobre la Justicia argentina para que el proceso no avance, todos son conscientes de que se tratará de un camino largo.
A pesar de las trabas, los tres coinciden en que la querella argentina servirá, por lo menos, como "revulsivo" para conocer "que la democracia que han intentado vender al mundo nada tiene que ver con los hechos reales", según Martínez Ocio. "Puede ser una fuerza que unida a otras ayude a poner los puntos sobre las íes, para que todos aquellos que salen ante la sociedad como demócratas convertidos sean retratados como lo que realmente son", añade Arana. No sólo de cara al exterior, sino internamente, de cara a tantos jóvenes que "no conocen con objetividad lo que pasó durante esos años".
Hechos recientes como la instalación de un busto de Manuel Fraga en el Senado constituyen, a juicio de Arana, Txasko y Martínez Ocio, un nuevo ejemplo que no habla nada bien de las actitudes del Estado con los herederos del franquismo. "Se ha llegado a una situación en la que no sólo se condecora a gente que debería estar condenada, sino que se intenta pontificar y reescribir su historia", sentencia el primero.
