Vitoria. Un resquicio de esperanza parece haberse instalado en el horizonte de las víctimas de los hechos acaecidos el 3 de marzo de 1976 en la capital alavesa. En aquella fecha ominosa, el tardofranquismo, a través del odio, la ausencia de escrúpulos y de humanidad y las balas de la Policía Armada, asesinó a cinco obreros gasteiztarras en el populoso barrio de Zaramaga cuando sólo aspiraban a mejorar sus condiciones de vida. Desde entonces, las peticiones de justicia se han topado con el muro interpuesto por los aparatos del Estado y por una suerte de ley de punto final, la Ley de Amnistía de 1977, incapaces de resarcir a los hijos, hermanos, padres, novias o esposas de los asesinados y de otras decenas de víctimas surgidas de la represión de aquel movimiento obrero para, a cambio, ensalzar las figuras de parte de los implicados. Sin embargo, ahora, la Justicia -la que se escribe con mayúsculas- persevera en la investigación de la presunta implicación de esos prohombres que, por acción u omisión, fueron responsables de la peor masacre vivida por estos lares en decenas de años. Incluso se ha solicitado la imputación del exministro Rodolfo Martín Villa, entonces primera espada de la cartera de Gobernación y, por ende, responsable de los asesinos que hace 37 años apretaron los gatillos, gasearon sin compasión un recinto cerrado, golpearon y torturaron a los participantes en la asamblea de trabajadores que se reunía en la iglesia de San Francisco de Asís y quedaron impunes. Quizás no sean los únicos en declarar si es que la magistrada encargada del caso -María Servini de Cubría, del Juzgado Federal número 1 de la ciudad bonaerense- apuesta por imputarles. Si sucede así, los elegidos tendrán que declarar o serán puestos bajo el mandato de busca y captura.
La Asociación de Víctimas del 3 de marzo se adhirió a la causa hace meses. Aportaron para ello todo tipo de documentación, entre ella, la resolución del Parlamento Vasco sobre la tragedia y el dictamen de la investigación independiente de los hechos elaborada por el Instituto de Historia Social Valentín de Foronda, de la Universidad del País Vasco (UPV-EHU). En ambos casos se señalaba a las estructuras del Reino de España como responsables de la masacre. Ahí podrían caber desde los mandos policiales encargados de la represión, hasta el gobernador civil de la época, o el mismísimo ministro de Gobernación. Cuando toque, los responsables de la Asociación asistirán a la capital argentina o declararán por videoconferencia. Se decidirá según las circunstancias.
La lástima, tal y como publica el diario digital Público, es que no serán juzgados españoles los que investiguen la implicación de los citados. Es la Justicia argentina la que documenta una causa contra los responsables de la tragedia del 3 de marzo de 1976 y contra los autores de los delitos de genocidio y crímenes de lesa humanidad cometidos en España por la dictadura franquista entre el 17 de julio de 1936 y el 15 de junio de 1977. "Es un proceso de largo recorrido", remarca Andoni Txasko, portavoz de la Asociación de Víctimas del 3 de marzo, palabras que se complementan con las de Josu Ibargutxi, uno de los responsables de la Plataforma Vasca para la Querella contra los Crímenes del Franquismo y, a su vez, portavoz de Goldatu, que es la Asociación de Presos y Represaliados vascos de la Dictadura Franquista. "Va para largo, para mucho más de lo que se preveía, porque hay muchas presiones en contra, porque es una causa que desvela la porquería que había quedado ocultada por la Transición, tapadera que también sirvió para cerrar la boca al juez Garzón cuando pretendía investigar la autoría de miles de asesinados cometidos por acólitos de la dictadura".
La causa contra la dictadura franquista -la que en España le costó la expulsión de la judicatura al citado magistrado- se abrió en Argentina el 14 de abril de 2010. En aquel país, la constitución defiende el principio de la jurisdicción universal para juzgar a los delitos de lesa humanidad. De hecho, la actividad judicial desmontó allí las leyes del Punto Final y de Obediencia Debida, de los años 1986 y 1987, que pretendían ocultar bajo un velo de olvido todo lo ocurrido en la dictadura argentina. Es más. Incluso pena cárcel el exdictador Jorge Rafael Videla, condenado a más de 50 años por su implicación en múltiples delitos, entre ellos, el robo de bebés de opositores que acabaron muertos por la represión.
El caso es que desde abril de 2010, a la causa contra el franquismo y sus consecuencias se han sumado más de 300 querellas particulares y de asociaciones de todo el Estado -aquí, orquestadas por la Red Aqua o Red ciudadana contra los crímenes del franquismo-. De ellas, proceden de Euskal Herria más de un centenar, entre ellas, la de la Asociación gasteiztarra, la de los represaliados en el conocido como proceso de Burgos o, incluso, de familiares de ejecutados en la Guerra Civil sin formar parte de ningún ejército ni partida armada. "Con la Transición no se depuró nada. Incluso, con el caso de Yolanda González se ha demostrado que los asesinos llegan a colaborar con el Estado", explica Ibargutxi.
El siguiente paso en la causa es, tal y como apunta Público, solicitar la imputación por crímenes de lesa humanidad de más de 300 responsables de la represión franquista. En concreto, se contempla la petición de la imputación de Martín Villa, de José Utrera Molina (suegro del actual ministro Alberto Ruiz Gallardón) por firmar la condena a muerte de Puig Antich, conocidos torturadores o de golpistas con Tejero. "La posibilidad de sentar en el banquillo a los responsables del franquismo existe", explica Ibargutxi, quien se ha propuesto, a través de la citada Plataforma (compuesta por una quincena de asociaciones por la recuperación de la memoria) "denunciar a ministros y jueces del franquismo".
