madrid. El Consejo de Ministros dio ayer luz verde a la orden de impugnar ante el Tribunal Constitucional la declaración soberanista aprobada por el Parlament de Catalunya, decisión que para el presidente catalán, Artur Mas, supone "cortar la vía del diálogo".
La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, destacó en la rueda de prensa posterior a la reunión del gabinete que, pese a la impugnación, "el diálogo se mantiene" por lo que, en referencia a las instituciones catalanas, apeló a la lealtad y a la colaboración "muy especialmente con la Generalitat".
De admitirse a trámite, esta impugnación supondrá la suspensión temporal de la resolución y, según palabras de la vicepresidenta, es "la tercera vía que permite la Constitución" ya que "no se trata de un recurso de inconstitucionalidad, ni de un conflicto de competencias". Santamaría citó el artículo 161 de la Constitución que faculta al Gobierno para "impugnar ante el Tribunal Constitucional las disposiciones y resoluciones adoptadas por los órganos de las comunidades autónomas". En el marco de esa normativa básica es en el que el Gobierno espera que la Generalitat tome con "normalidad" la decisión adoptada como lo hace el Estado cuando las comunidades autónomas impugnan una decisión del Gobierno central cuando "se ven compelidas a defender sus competencias". En ese sentido, Santamaría dijo esperar que "del mismo modo que el Gobierno respeta que la Generalitat u otras administraciones impugnen disposiciones del Estado, el Ejecutivo catalán entienda que el Gobierno ha actuado de esta manera en su obligación de cumplir y hacer cumplir las reglas del juego".
La vicepresidenta explicó que "la impugnación producirá la suspensión de la declaración recurrida, pero el Tribunal deberá ratificarla o levantarla en un plazo no superior a cinco meses". Santamaría insistió en que con esta decisión el Gobierno "lo que hace es cumplir la Constitución y hacerla cumplir" y advirtió de que "todos" deben "estar en el principio de respeto a la legalidad".
Previamente a conocerse esta decisión, Mas había calificado de "completamente fuera de lugar" la posibilidad de que el Ejecutivo optase por recurrir al Constitucional. "No sé qué es lo que harán, pero todo apunta a que el Gobierno aprobará un recurso de una declaración que no es una ley, no es una decisión en firme, sólo es una declaración", avanzaba. "La conclusión es que, cuanto más avanza la democracia española, menos base auténticamente democrática tiene", respondía al ser preguntado en rueda de prensa sobre el informe del Consejo de Estado que apoyaba la línea de fundamentos jurídicos para recurrir la declaración. El president recordó que la declaración de soberanía no tiene valor jurídico y que la autodeterminación es un derecho "inalienable" de los pueblos.
Asimismo Mas lamentó que el Estado diga que quiere dialogar con la Generalitat, porque "la vía de los hechos demuestra que no es cierta esta intención", y también destacó que, en otras ocasiones desde el restablecimiento del autogobierno en la Transición, "el Parlamento catalán ha aprobado declaraciones a favor de la autodeterminación que nunca se recurrieron".
al detalle
l Un mes después. El pasado 23 de enero, el Parlament de Cataluña aprobó una declaración soberanista que definía a Cataluña como "un sujeto político y jurídico soberano".
l No hay fecha para el encuentro Rajoy-Mas. Preguntada sobre si hay fecha para la reunión entre el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y el de la Generalitat, Artur Mas, para tratar de este y otros asuntos, Santamaría respondió que todavía no está cerrada, aunque existe un "gran interés" en que se celebre para "poder hablar de muchas preocupaciones que son comunes a todos".
La base jurídica
l Informe del Consejo de Estado. El Gobierno ha tomado la decisión de ir al Constitucional tras conocerse el jueves el dictamen del Consejo de Estado que avalaba la posibilidad de que el Ejecutivo presentase este recurso. El informe de este órgano consultivo, preceptivo pero no vinculante, fue solicitado por el Gobierno el pasado 8 de febrero.
l Informe de la Abogacía del Estado. Previo al informe del Consejo de Estado, la Abogacía emitió otro que concluía que la declaración del Parlamento catalán vulnera los artículos 1.2, 2, 9 y 168 de la Constitución al definir a Cataluña como "un sujeto político y jurídico soberano".
Soraya Sáenz de Santamaría, en la rueda de prensa que celebró ayer en el Palacio de la Moncloa. Foto: efe
"El Gobierno utiliza instrumentos de la Constitución, pero tiene voluntad de diálogo"
soraya sáenz de santamaría
Vicepresidenta del Gobierno
"La vía de los hechos asumida por el Gobierno demuestra que no es cierta esa intención"
Artur Mas
President de Catalunya
Ley para cortar las alas en el exterior
El Consejo de Ministros también dio ayer luz verde al anteproyecto de ley de acción exterior del Estado, una norma que busca que el conjunto de las instituciones actúen en el extranjero bajo una "dirección política, con los mismos fines y objetivos". Con estas palabras resumió la futura ley la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría destacando la necesidad de "planificar y coordinar la labor de los distintos actores que trabajan en el exterior para dotar de coherencia a su trabajo". El objetivo es saber "qué nos interesa, por qué se actúa y cómo se debe actuar", ha añadido la vicepresidenta. Pero tras este discurso lo que se esconde es una maniobra para que el Ejecutivo central controle la acción exterior de las Autonomías, en especial de Catalunya y la CAV. Al respecto el president Mas dijo que la Generalitat no aceptará que exista la "obligación de portarse bien". Su Govern no comparte la idea de "encorsetar" la acción exterior de Catalunya, porque es imprescindible actuar, "especialmente en el actual contexto de crisis". "¿Qué pasaría en Catalunya si no tuviera una economía orientada hacia el exterior?. La recesión económica sería el doble", dijo Mas.
