uNA buena forma de evaluar el beneficio que puede llegar a dar un potencial negocio es analizar cuántos esfuerzos y dinero están dispuestos a gastar sus promotores para sacarlo adelante, y en el caso particular del fracking, desde luego, se está poniendo toda la carne en el asador, principalmente en el ámbito de la propaganda. Las empresas interesadas en explotar los yacimientos que se cree existen en el Estado español han constituido un lobby, Shale Gas España, impulsado entre otros por la pública Sociedad de Hidrocarburos de Euskadi, que se dedica a promocionar con mensajes sencillos los beneficios que puede acarrear esta técnica para el pueblo llano. Se organizan charlas en las que se promete empleo y se trata de convencer a los alcaldes pedáneos de las zonas afectadas de que los ingresos de sus ayuntamientos se multiplicarán gracias al gas natural.
Empiezan a proliferar noticias y artículos de opinión sobre la evolución en las técnicas de extracción de gas esquisto en aras a una explotación más limpia, y mientras tanto los políticos juegan a nadar y guardar la ropa. Los grandes partidos inician todos sus discursos al respecto apelando a la salvaguarda del medio ambiente por encima de cualquier otra consideración y terminan dejando la puerta abierta, las más de las veces con la boca pequeña, a la futura explotación de la técnica que ha despertado la ambición de empresas y mandatarios chinos, argentinos, polacos o británicos.
En España la tentación también está siendo muy fuerte para los representantes públicos. Se identifican yacimientos en Álava, en Bizkaia, en Cantabria, en Burgos, en Cataluña, en Castellón, en Andalucía, en La Rioja, en Navarra, en Teruel. El ministro de Industria, José Manuel Soria, da la bienvenida "sin complejos" al fracking mientras retira las primas a las energías renovables y se muestra firme y seguro ante los órdagos de la industria nuclear. La decisión, pues, parece tomada.
Enfrente, la movilización social contra el fracking por la posible contaminación de acuíferos, la inducción de terremotos, la emisión de gases de efecto invernadero, la ocupación de suelo rural o el consumo masivo de agua no es menor ni improvisada. Por un lado están las plataformas locales de cada zona afectada por proyectos de extracción de gas natural, que han surgido sobre la marcha, se forman e informan como pueden y utilizan Internet y la calle para presentar batalla ante el lobby gasístico. Incluso se ha llegado a plagiar la web de Shale Gas España pero con el objetivo opuesto, desacreditar este nuevo maná que en lugar de caer del cielo surge de las entrañas de la tierra.
Por otro, principalmente en Estados Unidos, tras el movimiento antifracking hay gente poderosa y con dinero. Sin ir más lejos, Matt Damon ha producido y protagonizado Promise Land, un alegato contra esta técnica difundido a través de la más poderosa arma de propaganda jamás inventada, la industria cinematográfica de Hollywood. Ya triunfó antes Gasland, el documental en el que se ve cómo a un tipo le sale fuego del grifo de su cocina, una imagen que ha causado más daño al sector de la fractura hidráulica que todos los sesudos estudios científicos publicados sobre esta práctica.
A esos informes habría que apelar para adoptar posiciones formadas y ajenas a la demagogia, pero hay dos problemas. Por una parte no existe aún un consenso científico sobre los eventuales riesgos de la fractura hidráulica, y por otra se han destapado las relaciones entre la industria del fracking y algunos expertos -como Charles Groat, de la Universidad de Texas- cuya opinión se tenía por ecuánime. Así, el ciudadano no experto en la materia carece de criterio para otorgar su justo valor científico a cada estudio, máxime cuando se sabe que se está invirtiendo dinero en crear opinión.
En todo caso, de forma casi imperceptible, el debate se está desviando de ese ámbito científico para derivar hacia el tópico y el mensaje fácilmente digerible. Los opositores al fracking se empiezan a dibujar como ecologistas trasnochados opuestos al progreso, o bien como gente de campo intoxicada por los primeros y desconfiada por naturaleza. Los promotores de los yacimientos se presentan en algunos foros opuestos a la fractura hidráulica como la vanguardia del capitalismo salvaje que fue capaz de destruir Irak para quedarse con su petróleo. Mientras el debate público mundial deriva hacia este trazo grueso, van sucediendo cosas reales. En Holanda, según informaba ayer el El País, el Gobierno de aquel país ha asumido la responsabilidad en los terremotos que están resquebrajando puertas, paredes y ventanas como consecuencia del fracking por una razón de fuerza mayor; los 11.500 millones de euros que aportó al Estado orange el gas extraído y los que se esperan recolectar en el ejercicio en curso.
europa, españa, euskadi En 2011, el Parlamento Europeo encargó un informe que era demoledor en sus conclusiones. El texto dudaba de la productividad de los pozos a medio plazo, y advertía de que las sustancias químicas aplicadas durante la estimulación de la roca pueden alcanzar los acuíferos. Un año más tarde, el Legislativo europeo rechazaba aplicar una moratoria a la fractura hidráulica tras analizar dos informes, uno de la Comisión de Medio Ambiente y otro de la de Industria, y otorgar más valor a este último. Poco después, la Comisión Europea delegaba en los estados la potestad de implantar o no el fracking apelando al reparto de competencias del Tratado de Lisboa.
Así pues, Europa se inhibe y el Estado español se lanza entusiasta al nuevo negocio. ¿Y en Euskadi? En Euskadi el cambio de Gobierno ha forzado un impasse del que ahora se empieza a salir. El nuevo Ejecutivo Vasco asegura que la tecnología aún no permite fracturar la roca sin comprometer acuíferos como el de Subijana, la gran preocupación en el caso del yacimiento Enara del centro de Álava. Cierto es, en ese sentido, que la I+D avanza en materia de fractura hidráulica a toda velocidad -hay mucho dinero en juego- y pronto la industria va a presentar sus innovaciones tecnológicas para tratar de salvar las reticencias de este gobierno -que como se ha dicho es socio de los impulsores del fracking a través de Shesa- y de otros.
La oposición social en Euskadi, por su parte, ha pulido e intensificado su trabajo de cara a la opinión pública y, a la página web de Fracking Ez Araba hay que sumar ahora un boletín en papel, un libro y charlas periódicas por todo el territorio. La manifestación del 6 de octubre, a la que asistieron alrededor de 13.000 personas, animó a sus impulsores a promover una iniciativa Legislativa Popular que PNV, PP y PSE rechazaron admitir a trámite apelando a la opinión de los servicios jurídicos de la Cámara, que al parecer se oponían a tramitarla por cuanto hay una iniciativa similar en curso en el Parlamento.
Fracking Ez Araba, que se concentrará mañana frente al Legislativo mientras la Junta de Portavoces opina sobre su recurso ante el rechazo a la ILP, dice que los tres partidos se mostraron receptivos a su propuesta en reuniones previas, y que no pusieron sobre la mesa las trabas técnicas a las que posteriormente apelaron. La plataforma afirma además que ningún informe jurídico avala el rechazo, con lo cual, o miente Fracking Ez Araba o lo hacen quienes basan su rechazo en los letrados del Parlamento.
Mientras, en la Álava rural no hay controversia alguna, el rechazo a la fractura hidráulica es tajante y masivo. Más de una veintena de municipios se han declarado libres de fracking, y en los edificios públicos de muchos pequeños concejos del territorio cuelga la bandera amarilla contra esta técnica.
