Han sido tantas y de tanta envergadura las circunstancias cambiantes del panorama sociopolítico vasco en los últimos tiempos, que cuesta mucho reconocer que hace solamente tres años se produjera en el Parlamento Vasco un hecho histórico: por primera vez, en la más alta institución de Euskadi se aprobaba una resolución por la que se avalaba la política penitenciaria llevada a cabo por el Gobierno de España. Los votos del PSE, PP y UPyD, mayoría absoluta en una Cámara diezmada dolosamente, refrendaban la dispersión de los presos acusados o condenados por pertenencia o colaboración con ETA, consentían la no aplicación de los grados penitenciarios en base al tiempo transcurrido en prisión, avalaban la doctrina Parot equiparable a la cadena perpetua y daban por bueno que a los reclusos con enfermedades graves o incurables se les complicasen hasta la desesperación los trámites para su excarcelación.
Para exaltación de la caverna mediática y satisfacción de la derecha más extrema encubierta en fundaciones y colectivos de víctimas, el Parlamento Vasco se pronunciaba contra los presos perversos etarras. Por fin.
En octubre se cumplió un año de la renuncia de ETA a su lucha armada, los tribunales españoles reconocían como legal a la coalición liderada por la izquierda aber-tzale histórica y se ha constituido un nuevo Parlamento Vasco tras unas elecciones absolutamente democráticas. Por fin.
Aquel refrendo servil a la política penitenciaria española otorgado por la mayoría absoluta tramposa, afortunadamente, ha quedado reducido a su mera constancia en las actas parlamentarias. Papel mojado, que se dice. Porque la nueva y real correlación de fuerzas representada en la Cámara de Gasteiz de ninguna manera iba a avalar la persistencia de una política penitenciaria basada en criterios de venganza.
Con ETA definitivamente inactiva y los mínimos democráticos restaurados en la vida política de Euskadi, los afectados por la política penitenciaria española siguen a la espera de que se normalice su situación. Y no se trata solamente de los propios presos, de sus familias y sus allegados, sino de muy amplios sectores de la sociedad vasca que reclaman el cumplimiento de los principios recomendados en la propia Ley Penitenciaria.
Es innegable la intencionalidad política del tratamiento que desde los poderes del Estado se dedica a los presos genéricamente considerados y clasificados como "etarras". Es innegable, también, que el denominado Colectivo de Presos Políticos Vascos aporte su correspondiente carga política a la situación injusta que soportan. La diferencia es que la rentabilidad política de los primeros se basa en los parámetros arbitrarios y subjetivos de su interpretación de la legalidad, mientras que los réditos políticos que los reclusos pudieran obtener están basados en un sufrimiento real y objetivo que cae sobre ellos y sobre sus familias.
El Gobierno español ha decidido no hacer ningún movimiento respecto a la modificación de la política penitenciaria, y empantanar el proceso de normalización en el País Vasco. Prietas las filas, como prietas lo estuvieron las de PSE, PP y UPyD hace tres años en el Parlamento Vasco.
La dirección del denominado Colectivo de Presos Políticos Vascos ha elaborado un calendario de movilizaciones a partir de ayer, 29 de diciembre, que ellos mismos comenzarían con un día de ayuno en todas las cárceles y que tendrá continuación con distintas acciones tanto en las prisiones españolas como en las francesas. Un calendario que tendrá también su difusión y repercusión en las calles y en las instituciones vascas a iniciativa de los distintos colectivos de apoyo a los presos y con la participación ya comprometida de EH Bildu. Esta iniciativa tendrá como momento culminante la manifestación "por los derechos de los presos" anunciada para el día 12 de enero. También, y con todos los respetos, prietas las filas.
El Colectivo de Presos ha señalado como primer objetivo el final de la dispersión y el traslado de todos los presos a cárceles vascas. Uno de los atropellos que aún perdura en el ánimo de venganza de los sucesivos gobiernos españoles. Es penoso tener que seguir reivindicando el final de una medida que no ha tenido otro objetivo que el sufrimiento injusto de miles de familiares inocentes.
Sigue siendo patético, sobrecogedor, el desfile de cada anochecida de todos los viernes. Los familiares enarbolando la foto de su preso, mientras la vida sigue, el poteo mantiene su ritmo, las gentes compran, pasean y miran. Da la impresión de que buena parte de la sociedad, aunque pueda -o diga- estar en desacuerdo con ese castigo impuesto a los presos y sus familias, pasa de complicarse la vida por asumir como propio el sufrimiento ajeno. Las iniciativas de los próximos días indican que quizá sea necesario reactivar la conciencia colectiva.
