Madrid. La fuerte presión social y el impacto mediático de la última oleada de sucidios relacionados con los desahucios han hecho mella en las entidades financieras, que se han visto obligadas a establecer un aplazamiento de las ejecuciones hipotecarias de dos años para los casos de "extrema necesidad". Esta medida aliviará a los grupos sociales más vulnerables, aunque la banca no ha determinado qué criterios seguirá.

La Asociación Española de Banca (AEB) anunció ayer que acepta la propuesta del Gobierno para frenar los desahucios en casos extremos, tal y como acordaron el viernes el Ejecutivo y el PSOE para hacer frente a la creciente presión social y el rechazo a las prácticas de las entidades. "Ante la alarma social generada por los desahucios hipotecarios", la patronal afirma en un comunicado que ha alcanzado un compromiso por el que todos sus miembros paralizarán "los lanzamientos durante los dos próximos años en aquellos casos en que concurran circunstancias de extrema necesidad".

Por otro, las entidades financieras asociadas a la Confederación Española de Cajas de Ahorros (CECA), las antiguas cajas de ahorros, también han anunciado que "suspenden la ejecución de desahucios de vivienda habitual de colectivos especialmente vulnerables, hasta la entrada en vigor de la reforma normativa anunciada por las autoridades".

En cualquier caso, la medida no tendrá carácter retroactivo, por lo que no será aplicable a las hipotecas que están en proceso de ejecución. Desde 2008 hasta ahora se han producido 370.000 procedimientos judiciales por impago de la hipoteca, lo que se llama ejecuciones hipotecarias. De ellos, por ahora 203.000 han llegado al desahucio y hay pendientes 178.000 casos más que están en proceso judicial abierto. A estos últimos, el acuerdo sí les podría resolver los problemas si se confirma que paralizan los trámites en marcha.

"razones humanitarias" Según indica la AEB, la medida se toma "por razones humanitarias y en el marco de su política de responsabilidad social". "El contenido de este compromiso había sido objeto de un debate intenso y profundo de los bancos asociados a fin de contribuir a paliar la situación de desamparo de muchas personas por causa de la crisis económica", añade la nota.

Las antiguas cajas afirman que "han estudiado caso por caso para ofrecer a los clientes hipotecarios la medida más oportuna, como refinanciaciones, periodos de carencia, daciones en pago con carácter voluntario o la adquisición de vivienda para su posterior alquiler al deudor, entre otras".

Antes del anuncio de la CECA varias entidades como Kutxabank o Caja Laboral ya habían anunciado su decisión de suspender los procedimientos de ejecución hipotecaria. Kutxabank ha concretado que la medida también afecta a las subastas pendientes de inmuebles afectados. Los bancos y las cajas de ahorros ya aceptaron en su día a regañadientes el código de buenas prácticas aprobado en marzo de 2012 para frenar las ejecuciones, que rozan las 400.000 desde el inicio de la crisis. El código, en teoría, aumenta la protección contra los desahucios de las familias con todos sus miembros en paro, que tuviesen que destinar más del 60% de sus ingresos a la hipoteca y si no tenían una segunda vivienda. No obstante, solo es de aplicación siempre y cuando el crédito no tuviese garantías reales o personales esto es, que no estuviesen avaladas por un familiar, por ejemplo. En caso de existir, los garantes también tenían que cumplir los requisitos de estar todos los miembros de la unidad familiar en paro, superar el citado umbral del 60% y no tener otros bienes o derechos reales.