Roma. El ex primer ministro italiano Silvio Berlusconi fue condenado ayer a cuatro años de cárcel y a entre tres y cinco años de prohibición del desempeño de distintos cargos por un delito de fraude fiscal en la compraventa de derechos de películas en el llamado caso Mediaset. El político y empresario italiano, de 76 años y quien el pasado miércoles anunció su renuncia a presentarse para ser elegido de nuevo primer ministro en los comicios de la próxima primavera, fue conminado además a pagar de modo provisional 10 millones de euros al Fisco italiano.
Berlusconi se beneficiará de la ley sobre indultos 241 de 2006, por la que se le condonarán tres de los cuatro años de prisión y la inhabilitación para cargos a la que ha sido condenado no empezará a contar hasta que la sentencia sea firme, tras una eventual tercera instancia. En concreto, el ex primer ministro italiano fue inhabilitado durante tres años para cargos en entidades jurídicas y empresas y se le prohibió el contacto con la administración pública durante el mismo periodo, mientras que son cuatro los años de inhabilitación en materia de asistencia tributaria y cinco en cargos públicos oficiales.
Este caso se refiere a la compraventa de los derechos de transmisión de películas estadounidenses por parte de Mediaset (el grupo audiovisual de Berlusconi) entre 1994 y 1999, bajo la sospecha de un aumento artificial del precio real de los derechos para evadir dinero al fisco y desviarlo a cuentas en el extranjero. "Los derechos (audiovisuales) pasaban de mano en mano y se aumentaban de modo injustificado. Eran traspasos carentes de una función comercial. Servían solo para que se elevara su precio", afirman los jueces de la Primera Sección Penal de Milán que han juzgado al ex primer ministro.
Los magistrados cifran en 9 millones de euros en 2000, en 6,6 millones de euros en 2001, unos 4 millones de euros en 2002 y unos 2 millones de euros en 2003 la cantidad de dinero objeto de esta "evasión muy considerable" en la que participó Berlusconi. En un procedimiento poco habitual en la Justicia italiana, los magistrados del Tribunal de Milán aceleraron la redacción de las motivaciones de su sentencia para que un eventual recurso comience antes, dado que el delito prescribe en junio de 2014.
En este juicio, en el que la Fiscalía había pedido tres años y ocho meses de prisión para Berlusconi, estaban también imputados el presidente de Mediaset, Fedele Confalonieri, quien quedó absuelto, y el productor estadounidense de origen egipcio Frank Agrama, considerado el "socio oculto" del ex primer ministro y condenado a tres años de prisión (condonados por la ley 241 de 2006). La adquisición de los derechos por valor de 470 millones de euros para el grupo empresarial Fininvest al que pertenece Mediaset se realizó a través de dos sociedades extranjeras, la Principal Network Communication y la Principal Network, y de otros intermediarios, entre ellos Agrama.
escudo Los jueces que han llevado este caso estiman que este sistema permitió a Mediaset, el grupo audiovisual italiano al que se le vendieron después esos derechos comprados a las productoras estadounidenses, inflar los costes, creando así "fondos ocultos" que evadir al fisco italiano. El juicio, que se inició en 2006 y que ha sufrido numerosas interrupciones, se reanudó en febrero de 2011 tras varios meses suspendido por la llamada ley del "legítimo impedimento", escudo judicial del que se sirvió Berlusconi cuando ocupaba la jefatura del Gobierno y que quedó parcialmente invalidado.
En un comunicado conjunto, los abogados de Berlusconi, Piero Longo y Niccolò Ghedini, definieron la sentencia como "absolutamente increíble" porque no tiene en cuenta la decisión de la Justicia en otro proceso relacionado, el Mediatrade, en el que, tanto en Milán como en Roma, el ex primer ministro quedó libre de cargos. En el Mediatrade de Milán, Berlusconi quedó libre de los cargos de fraude fiscal y apropiación indebida hace un año en la audiencia preliminar, mientras que el pasado junio fue absuelto en el proceso derivado de este caso que se llevó a cabo en Roma. Este era uno de los tres procesos que Berlusconi tenía abiertos junto al del llamado caso Ruby y al de la publicación de escuchas telefónicas.
