Vitoria. La Interpol ha levantado las órdenes de arresto contra los representantes designados por FARC para participar en las conversaciones de paz con el Gobierno de Juan Manuel Santos. Así, Rodrigo Granda (conocido como el canciller de la guerrilla), Iván Márquez (miembro del Secretariado), Marcos León Calarcá, Andrés París, Sargento Pascuas (el último de los fundadores vivos de las FARC), Hermes Aguilar, Jesús Santrich, Rubén Zamora y Bernardo Salcedo pudieron viajar a La Habana para preparar los primeros contactos y podrán estar hoy en Oslo, donde se abrirá el proceso.

En el grupo negociador de la guerrilla también se encuentra Simón Trinidad, guerrillero que cumple una condena de 60 años de prisión en Estados Unidos por el secuestro de tres estadounidenses, por lo que su participación es aún una incógnita. "Sobre este tema hay muchas versiones, pero hay tres cosas que son reales: que Simón Trinidad va a participar, no sabemos si el Gobierno norteamericano emitirá un salvoconducto para que lo pueda hacer o va a ser mediante videoconferencia; lo segundo es que a él también le fue suspendida la orden de captura por parte de la Interpol; y lo tercero es que sigue estando entre los cinco representantes principales de las FARC", sostiene Ariel Ávila, investigador del observatorio colombiano del conflicto armado Corporación Nuevo Arco Iris.

Mientras, por parte del Gobierno estarán Humberto de la Calle, vicepresidente del país entre 1994 y 1996, durante el Gobierno de Ernesto Samper; el general retirado Jorge Enrique Mora, comandante de las Fuerzas Armadas en los inicios del primer mandato de Álvaro Uribe, cuando puso en marcha el Plan Patriota; el general Oscar Naranjo, exjefe de la Policía y actual asesor exterior en seguridad del futuro presidente mexicano, Enrique Peña Nieto; Luis Carlos Villegas, presidente de la Asociación Nacional de Empresarios; Sergio Jaramillo, asesor de seguridad nacional del Gobierno colombiano; y Frank Pearl, exalto comisionado de paz. En conclusión, un perfil político por parte de las FARC y un equipo técnico por parte del Gobierno, según Ávila.

El primer encuentro tendrá lugar en Oslo, pero el proceso se desarrollará en Cuba. "Lo que están haciendo el Gobierno nacional y las FARC es blindarse con un país europeo", apunta el investigador colombiano. "Por primera vez en una negociación de paz, la conclusión ya está hecha. En la firma del preacuerdo dice 'acuerdo para la dejación de armas'. Lo que se va a hablar es cómo llegan a ese momento y el reto va a ser cómo se le va a presentar a la sociedad colombiana", asegura.

Todos los analistas coinciden en que la presión en las regiones y la situación de "empate" en el conflicto han motivado este nuevo proceso de paz, el tercero que tendrá lugar en 50 años de conflicto entre el Estado y la guerrilla marxista. "A nivel regional, las poblaciones rurales están presionando por la negociación, porque este es un conflicto muy degradado", explica Ávila, quien agrega: "Las FARC no llegan derrotadas pero llegan perdiendo y el Gobierno nacional llega ganando pero con la imposibilidad de ganar totalmente. Hay un empate negativo en el conflicto, ya ni se retrocede ni se avanza por ninguna de las dos partes".

Situación de las FARC La ofensiva militar lanzada por el Gobierno de Álvaro Uribe entre 2002 y 2008 debilitó mucho a las FARC, que han pasado de tener más de 20.000 integrantes en sus filas a alrededor de los 8.000 actuales. Desde 2009, frente a la pérdida de efectivos y territorio, readaptó su lucha a una guerra de guerrillas. Desde entonces, el conflicto vive un estancamiento ante la imposibilidad del Gobierno de asestar el golpe definitivo a los insurgentes. En el proceso que se abre ahora, las partes hablarán del espinoso asunto de la restitución de tierras arrebatadas a campesinos locales, la situación jurídica de los guerrilleros y la futura participación política de estos, entre otros temas.

Precisamente, uno de los temas más espinosos será los beneficios que puedan recibir los integrantes de las FARC. "Tiene que haber garantías jurídicas para ellos. No le puedes decir a Timochenko -líder de la guerrilla-que después de 50 años de lucha armada se vaya 20 años a prisión, eso no va a pasar. Pero, claro, esas garantías no pueden ser como las de la década de los 80, no puede haber leyes de Punto Final. Habrá que buscar una fórmula combinada que dé garantías jurídicas, que a mismo tiempo haya unos culpables y se diga la verdad, pero que dentro de siete años no pueda venir la comunidad internacional pidiendo la extradición de ninguna de esas personas", opina el investigador.

Marco jurídico El nuevo proceso de paz es algo que lleva gestándose meses en Colombia. Varios representantes de ambas partes negociaron desde comienzos de año en La Habana un preacuerdo, al tiempo que el Congreso colombiano ha aprobado recientemente varias leyes, entre ellas la Ley de Restitución de Tierras, que reconoce por primera vez la existencia de un conflicto armado en Colombia, y el Marco Jurídico para la Paz, que permitió al Gobierno abrir de nuevo la posibilidad de una negociación de paz.

El marco busca dotar al mandatario de facultades para que, a través de la justicia transicional, pueda iniciar diálogos con grupos ilegales y ofrecer una salida política a los insurgentes. Esta norma permite que los guerrilleros que decidan abandonar la guerra reciban beneficios como la suspensión de la pena, penas alternativas y excarcelaciones. A cambio deben reconocer a sus víctimas, respaldarlas y decir la verdad. Esta posibilidad solo se reconoce a quienes no hayan cometido delitos de lesa humanidad. "Esta ley volvió a abrir la posibilidad de un proceso de paz, sin embargo, se queda corta para la negociación, por lo que tendrá que haber más reformas constitucionales", apunta Ávila.

El investigador colombiano también advierte de que el proceso que acaba de arrancar enfrentará mucha oposición en Colombia. "Sectores de las elites ganaderas, elites políticas, algunos sectores de las fuerzas militares van a tratar de influir para echar al traste esta negociación. Lo que sucede es que, históricamente, las elites regionales y locales se han aliado con grupos armados ilegales para maquinizar su poder. Y toda esa gente que se benefició de estos 50 años de conflicto, del despojo de tierras, obviamente se va a oponer al proceso", señala Ávila. Las FARC han pedido al Gobierno garantías de que no vuelva a ocurrir lo de Unión Patriótica, partido creado tras el cese al fuego pactado con el Gobierno de Pastrana y que fue exterminado.