El Gobierno asegura ahora que no se plantea reformar la ley de manifestación y reunión

Cifuentes abogó el martes por "modular" la ley orgánica que regula ese derecho, aunque hoy ha aclarado que lo que pretende es "abrir un debate" sobre este asunto, pero no con la intención de que se restrinja el derecho de reunión o de manifestación.

"No he hecho ni me corresponde a mí hacer ninguna propuesta en ese sentido porque yo no soy legisladora", pero "es bueno abrir este debate" sobre la regulación de las manifestaciones, ha subrayado tras asistir a un desayuno informativo. Fuentes del departamento que encabeza Jorge Fernández Díaz aseguraron ayer que el Ministerio no tiene sobre la mesa un cambio de esa ley ni se lo ha planteado, y rechazaron hacer más comentarios sobre la propuesta de Cifuentes.

Estas mismas fuentes se limitaron a señalar que la reforma del Código Penal ya prevé endurecer las sanciones contra los que muestren actitudes violentas en las manifestaciones, pero que en ningún momento se prevé algo sobre la convocatoria de las mismas.

Ante la propuesta de Cifuentes, el portavoz adjunto del PP en el Congreso, Rafael Hernando, consideró que hay "caminos a explorar" para intentar frenar el "abuso" en el derecho de manifestación, que es lo que, a su juicio, ha propuesto la delegada del Gobierno en Madrid.

Hernando señaló que Cifuentes quiere "limitar el derecho al abuso", teniendo en cuenta que en lo que va de año se han celebrado en Madrid unas 2.700 manifestaciones, "y eso incide en los derechos del resto de ciudadanos", por ejemplo en el de libre circulación.

También se posicionó a favor del debate propuesto por Cifuentes el fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, quien afirmó que "la regulación administrativa viene antes que la penal", porque al que se le autorice una protesta y "no guarde los límites" ya sabe "que está sujeto a la legalidad".

"Si debe regularse más de lo que está, que se haga", añadió Torres-Dulce, quien insistió en que son los tribunales los que tienen que decidir si una manifestación está bien autorizada o no, a la vez que ha recordado que el hecho de que la mayor parte de las protestas se celebren en Madrid es algo "inherente a la capitalidad de la nación". Torres-Dulce también se mostró partidario de reprimir aquellas manifestaciones o protestas que hacen uso de derechos constitucionales para "socavar el Estado de Derecho" y que utilizan "el descontento social" para "deslegitimar" la democracia.

Desde la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), su portavoz, Pablo Llanera, consideró "razonable" y "lógico" que la regulación del derecho a la manifestación se adapte a los nuevos tiempos, ya que la ley actual data de 1983. Llanera se refirió así a la idea genérica de modificar dicha ley, ya que aún no se ha puesto sobre la mesa en qué consistiría el cambio.

Código penal En sentido contrario a una posible modificación de la ley que regula el derecho a manifestarse se expresó el fiscal superior del País Vasco, Juan Calparsoro, quien insistió en que los delitos contra el orden público están en la actualidad "suficientemente sancionados" en el Código Penal y "en principio, es suficiente con lo que hay".

En la misma línea se pronunciaron el delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha, Jesús Labrador, quien abogó por aplicar la legislación actual sobre huelgas y manifestaciones porque permite conjugar el derecho de los que quieren participar en movilizaciones y los que no.

Asimismo, los portavoces de los sindicatos policiales SUP, CEP y UFP pidieron contención a la delegada del Gobierno en Madrid y defendieron el derecho constitucional de manifestación, que está perfectamente regulado en la ley y, por tanto, no se tiene que modular ni recortar.