Vitoria. La inquietud no deja de crecer entre el colectivo de inmigrantes que vive en Euskadi ante el temor de perder su tarjeta sanitaria como les ocurrirá, a partir de mañana, a más de 150.000 extranjeros irregulares en el Estado español. Con este recorte a inmigrantes y rentistas, la Administración central espera ahorrar unos 500 millones de euros anuales, aunque algunas fuentes calcula que sería solo de 245 millones; es decir, ni siquiera la mitad de lo previsto por el Gobierno de Rajoy. Aunque el Gobierno Vasco no aplicará el decreto del Gobierno central que elimina de un plumazo el derecho de asistencia sanitaria a los extranjeros sin papeles, desde la coordinadora de ONG de Apoyo a Inmigrantes Harresiak Apurtuz y SOS Racismo reconocieron ayer que estarán ojo avizor para que el Ejecutivo defienda con valentía su posicionamiento y no ceda ante el decreto estatal, cuya implantación en Euskadi sólo apoya el PP vasco.

Martín Iriberri, portavoz de la coordinadora mostró su preocupación por el alcance del Real Decreto. "Los inmigrantes son los chivos expiatorios, pero afecta a toda la sociedad y define un modelo social discriminatorio. Muchas personas nacionales o inmigrantes en situación regular, es posible que no puedan disponer del derecho a una cobertura de salud amplia según sus circunstancias laborales o personales. De esto es de lo que Sanidad no habla; se utiliza a los inmigrantes como cortina de humo".

desánimo En esta misma línea, Brigida Ridruejo, portavoz de SOS racismo, reconoció que entre los 15.000 inmigrantes irregulares en Euskadi, aumenta el desánimo. "Están agotados por los recortes y la mirada de la ciudadanía está puesta en ellos. Desde el Gobierno central se les culpabiliza de la crisis. Este decreto contradice las más básicas declaraciones internacionales e incluso las garantías provistas por la propia Constitución Española", añadió al tiempo que censuró " la manipulación desde el Estado a la que opinión pública con discursos xenófobos que corren el riesgo de arraigarse sobre todo en momentos de crisis económica".

Aunque confían en que Osakidetza siga asistiendo como hasta ahora a los inmigrantes sin papeles, tal y como recalca el consejero Bengoa, desde SOS Racismo denuncian que en el Decreto 114/2012 que se publicó en junio y que regula el régimen de las prestaciones sanitarias en Euskadi se incluyera la exigencia de un año de empadronamiento a aquellos inmigrantes ilegales que no tengan la tarjeta sanitaria. "Supongo que estamos mirando ya a las eleciones y queda más progre decir que aquí se atenderá a todo el mundo, pero este requisito dificultará a muchas personas el acceso a Osakidetza, debido a las trabas existentes para poder acceder al padrón y para demostrar su residencia habitual", explica Brigida Ridruejo.

a sus ambulatorios En este sentido, el portavoz de Harreiak Apurtuz, Martín Iriberri recomienda a todos los inmigrantes a que sigan asistiendo a los centros de salud "con toda normalidad", que utilicen todos los sistemas que tengan a su disposición para quejarse contra el decreto y participen en todos los actos de protesta que se convoquen desde los colectivos sociales.

Asimismo, las dos organizaciones solicitan al personal sanitario de Osakidetza que se declare insumiso y no aplique las medidas de este decreto y que garanticen que la atención sanitaria se ofrece a todas las personas. Los portavoces Harreziak Apurtuz y SOS Racismo anuncian que a partir del lunes harán un seguimiento para asegurarse de que el decreto estatal no se aplica en el País Vasco.