Vitoria. El gasto por habitante en servicios sociales sigue aumentando progresivamente. De hecho, según los últimos datos recogidos por el Instituto Vasco de Estadística (Eustat), Euskadi invirtió en 2010 un 2,5% más que el año anterior en este concepto. Un total de 2.176 millones de euros que, ya en tiempos de crisis, requirió no sólo de un esfuerzo mayor de instituciones, sino también de particulares.

Y es que estos recursos supusieron un coste medio de 1.001 euros por habitante en Euskadi y vuelven a situar a Álava como líder en el gasto en esta materia. No hay más que recurrir a los datos por territorios para comprobar esta realidad. De hecho, en términos per cápita, los alaveses invierten una media por vecino de 1.066 euros, por encima, una vez más, de los 1.004 euros de Bizkaia y los 966 de Gipuzkoa.

Así las cosas, a pesar de que las diferencias entre provincias siempre fueron notables se percibe que la distancia se acorta, a pesar de que el alto precio de las plazas residenciales aquí y la mayor propagación del modelo público-privado en los territorios limítrofes sigue manteniendo a Álava a la cabeza de esta lista. Eso sí, con una pauta común. Y es que en todas las provincias se ha producido un incremento del gasto social que creció aquí en un 2,2%, mientras que en Bizkaia lo hizo en un 2,1% y en Gipuzkoa en un 3,4%.

responsabilidad pública Pero la pregunta que más acucia a los vascos en estos tiempos es ¿en qué medida se hacen cargo las instituciones de este gasto? Según el reciente estudio del Eustat, de los 1.001 euros de media de gasto por habitante en servicios sociales, 751 procedieron de fondos públicos. Así las cosas, las distintas administraciones públicas desembolsaron hasta 1.633 millones de euros. Una tendencia que, a pesar de la crisis, no se ha visto revertida ya que, según el último informe de la Asociación Estatal de Directores y Gerentes en Servicios Sociales esta cifra incluso había aumentado algo el pasado año, con una inversión de 773,2 euros, muy por encima de los 280 promediados en el Estado.

Por su parte, el sector privado tuvo que hacer frente al 25% restante, de manera que uno de cada cinco euros gastados se financió a través de cuotas de usuarios u otras ventas. De este total, los mayores usuarios de centros residenciales y centros de día asistenciales aportaron 221 millones de euros en concepto de mensualidades, lo que supuso un 42% del gasto corriente de esos centros.

Una realidad que apunta al futuro que espera a los usuarios de los servicios sociales y que los recortes ordenados desde el Gobierno central ya han empezado a dibujar de forma clara. De hecho, la diputada de Servicios Sociales, Marta Alaña, ya en el inicio de su mandato habló de que la realidad obliga a reducir el gasto social de residencias por habitante más alto de todo Euskadi a través de un modelo público-privado. Y es que, los datos indican que el 70% del gasto se destina a servicios dedicados a la población, como la Renta de Garantía de Ingresos o las Ayudas de Emergencia Social y los destinados a las personas mayores. Algo preocupante si se tiene en cuenta que, los últimos estudios, estiman que sólo en Álava se alcanzarán los 13.400 dependientes en 2020.