Donostia. El PP pretende tener lista la reforma de la Ley Electoral (LOREG) y, en consecuencia, la del censo electoral que permitirá el voto exiliado por la amenaza y la presión de ETA para las elecciones europeas de 2014. Aunque estos comicios son de circunscripción única, aquellos que acrediten su empadronamiento en la CAV o Navarra durante cinco años y que declaren haberse marchado a otras zonas del Estado español por culpa de las "coacciones terroristas" podrán votar por correo en el colegio electoral que lo hacían antes de marcharse según anunció ayer el Ministerio del Interior.

Tal y como relató este diario el 9 de junio y pese a que dirigentes del PP vasco se empecinaban en señalar que la reforma de la LOREG podría llegar a tiempo para la próxima cita con las urnas -las autonómicas de, como tarde, marzo de 2013-, la tramitación parlamentaria que requerirá el proyecto de ley presentado ayer sitúa su aprobación en abril de 2013 como pronto. Esto siempre los populares, con mayoría absoluta, opten por la vía de urgencia, que acorta los plazos a la mitad.

Algo que chocaría de plano con la intención inicial que anunció ayer el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, de abrir un diálogo con el resto de fuerzas políticas y alcanzar el mayor grado de un consenso parlamentario que se antoja imposible por mucho que el popular no solo quiera ser honesto, "sino parecerlo".

El ministro presentó ayer la propuesta de reforma junto al director del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales (CEPC), dependiente del Gobierno español, Benigno Pendás. El CEPC, a petición de La Moncloa, acogió a primeros de junio un seminario sobre el caso vasco para buscar encaje legal a una aspiración liderada por el presidente del PP vasco, Antonio Basagoiti.

Y a tenor de lo dicho por Fernández Díaz en la presentación de las conclusiones trazadas por una veintena de profesores universitarios, la reforma de la LOREG es, tal y como ha repetido en diversas ocasiones el popular vasco, "viable" y "posible" técnica y jurídicamente.

Plazos Una vez entre en vigor la reforma electoral, los exiliados, un "número indeterminado de ciudadanos", dispondrán de seis meses para poder pedir el cambio ante la oficina electoral.

Para ello tendrán que acreditar que estuvieron empadronados en una de las dos "únicas CCAA donde ETA y su entorno han podido ejercer esa influencia liberticida" durante al menos cinco años entre junio de 1977 -fecha de las primeras elecciones generales- y 31 de diciembre de 2011 (aunque ETA decretara el cese definitivo de su actividad armada el 20 de octubre). Tendrán que adjuntar una "declaración de que las razones de su traslado (de voto) son las expresamente previstas en el texto legal".

Con esto se busca, por un lado, "justificar la legitimidad constitucional del trato desigual" -porque se rompe a conciencia el principio de igualdad electoral, tal y como reconocen los expertos- y, por el otro, "impedir que fuera utilizado por quienes estuvieron más cerca de los verdugos que de las víctimas", en referencia a los fugados del MLNV. Esta declaración expresa, a la que no habrá que añadir pruebas de la amenaza o la extorsión, será considerada "requisito suficiente, siempre que sea veraz".

Quienes durante esos seis meses opten por votar en todas las elecciones por la CAV o Navarra -perdiendo ese derecho en su residencia actual-, podrán revocarlo y volver a votar donde residen. Ahora bien, no podrán realizar un tercer cambio para remitir su sufragio en la CAV o Navarra de nuevo.

¿Cuántos votos son? Las únicas estimaciones de posibles afectados directos por la reforma que están sobre la mesa son las (distintas) aportadas por Basagoiti. Si primero se descolgó con más de 300.000 votantes, la última aparición pública, en la misma que calificaba como "muy probable" que el voto exiliado entrara en vigor ya para estas autonómicas, aseguró que son "unas 80.000 familias", 210.000 personas.

El texto de ayer, que basa sus motivos en la Constitución, en el Convenio Europeo de Derechos Humanos, en un informe del Ararteko de 2009 sobre las víctimas del terroismo, en el dossier sobre el Proyecto Retorno de Lakua y en las reclamaciones de "diversas asociaciones de víctimas del terrorismo", primero señala que "muchas" son las personas amenazadas que siguieron en la CAV y Navarra. Más adelante recoge que la existencia de ETA "obligó a muchas personas" a abandonar su residencia, si bien al final opta por la fórmula de "número indeterminado".

Reivindicaciones Según se recoge del informe Proyecto Retorno del Gobierno Vasco, las víctimas de ETA que abandonaron Euskadi y Navarra exigen, en primer lugar, atender las "necesidades" de quienes deseen regresar. También el apoyo a quienes quieran "recuperar y recrear lazos" con las dos comunidades autónomas sin cambiar de residencia. Y en tercer lugar, reforzar el "sentimiento de pertenencia" de quienes se marcharon.

Este proyecto de ley reconoce que, al margen de los otros dos tipos de reparación, se centra en la electoral para satisfacer el tercer objetivo, ya que "a las víctimas les sigue doliendo el apartamiento forzoso de uans comunidades de las que muy mayoritariamente" se siguen sintiendo parte, "más allá del hecho de regresar" a ellas.

Los catedráticos aseguran que así se "restablece la integridad del censo electoral impidiendo" que la "depuración llevada a cabo por ETA despliegue sus efectos sobre la realidad política del País Vasco y de Navarra".