Las víctimas del terrorismo de ETA padecieron en los años de plomo, cuando más intensa era la actividad de la banda armada, un olvido social e institucional generalizado, tanto dentro como fuera del País Vasco; un debe al que con el tiempo se le ha ido poniendo remedio con sucesivos homenajes -como los tres que albergaron las capitales vascas- y el reconocimiento legislativo.
Como ejemplo, el Parlamento Vasco aprobó hace cuatro años por unanimidad la Ley de Reconocimiento a las Víctimas, evitando así que intereses partidistas concretos se apropiaran de la autoría de esta iniciativa y del consiguiente empuje electoral. Pero no siempre ha sido así. Por eso, los partidos que históricamente se han beneficiado del respaldo de las víctimas -en ocasiones porque algunos de sus propios miembros pertenecían a este colectivo- también saben que el distanciamiento puede ser una pesada losa en próximas citas con las urnas.
El caso más significativo es el de Consuelo Ordóñez, hermana del exedil popular Gregorio Ordóñez asesinado por ETA y exdirigente a su vez del PP en Gipuzkoa, que no solo se ha alejado de la disciplina de la formación conservadora, sino que ha mostrado su apoyo explícito a otro partido, a las siglas de UPyD y a la candidatura de Gorka Maneiro para ser lehendakari.
Las fuentes consultadas dentro del colectivo de víctimas destacan que la reacción de Ordóñez responde a una decisión personal, aunque a nadie escapa el malestar que la gestión del PP en materia antiterrorista ha generado en este colectivo, sobre todo, después de ver cómo a la aplicación de la vía Nanclares para los activistas arrepentidos se ha sumado la incorporación de siglas abertzales al arco político legalmente reconocido.
El PP vasco ha encajado el golpe propinado por Ordóñez con "respeto" a la decisión de su excompañera, pero sin perder de vista la fuga de apoyos que la reacción de la miembro de Covite -la asociación que más víctimas del terrorismo reúne en Euskadi- podría provocar.
Así, según fuentes a las que ha tenido acceso DIARIO NOTICIAS DE ÁLAVA, la hermana de Gregorio Ordóñez y el PP tienen previsto celebrar en breve en encuentro que fuentes populares enmarcan en los "contactos habituales", pero que en esta ocasión buscará además calmar las agitadas aguas. Desde la formación conservadora en la CAV advierten que este partido "no ha cambiado la estrategia" y mantiene "a las víctimas en su frontispicio, como deberían hacer todos los partidos".
Ante esta nueva situación existen nombres propios como el de Mari Mar Blanco, presidenta de la Fundación de víctimas Miguel Ángel Blanco y parlamentaria popular, que adquieren especial protagonismo. Sobre ella recae gran parte de la responsabilidad de defender ante compañeros de colectivo la inmovilidad del PP frente a los nuevos gestos de ETA y quizá por esta razón su partido pretende, al parecer, postularla para ocupar nuevas cotas en el organigrama asociativo de víctimas.
Su defensa de las directrices populares contrasta con la visión de otras víctimas como las de la AVT, una asociación antaño ligada sin fisuras al PP liderado por José María Aznar donde empieza a verse quebrada esa ligazón. Su vicepresidente, José Marco, asegura que nunca se ha sentido "utilizado" por ningún partido político para captar votos, pero reconoce que las formaciones buscan gente con "tirón" cada vez que llega la hora del examen electoral ante la ciudadanía. "Las víctimas estamos bastante desengañadas con la actitud del PP, igual que antes lo estábamos con el PSOE, pero en el plano personal cada uno tiene su opinión sobre los partidos", apunta Marco en relación al giro protagonizado por Ordóñez.
A su juicio, el discurso de los populares acerca del terrorismo está "flojeando" porque este enemigo social ya no forma parte de las prioridades de la ciudadanía. Así, recuerda las encuestas de hace tres lustros, cuando ETA y su ansiado final encabezaba la lista de preocupaciones de los españoles.
Roberto Manrique también sabe de primera mano lo que supone la aparición de numerosas novias políticas cuando eres una víctima mediática. El fundador de la asociación catalana que reúne a este colectivo participó también en el alumbramiento en la Generalitat de un servicio similar a la Oficina de Atención de Víctimas que dirige en Euskadi Maixabel Lasa, pero sobre todo su entrevista con el activista Rafael Cáride Simón en la cárcel de Zaballa, uno de los miembros de ETA que cumple condena por el atentado de Hipercor en el que Manrique resultó herido, le llevó a las portadas de los rotativos estatales.
Asegura que siempre ha hecho oídos sordos a los cantos de sirena de las bancadas parlamentarias y ha optado por seguir su camino de forma independiente. Entiende, no obstante, que haya víctimas con inquietudes políticas que decidan dar el salto a este mundo, pero a ellas les exige que si materializan ese paso hablen en su propio nombre y no en el de las víctimas. Y es que considera que hay damnificados por la violencia terrorista que "anteponen su opinión y beneficio personal sin conocer la opinión del colectivo o sin pensar en el beneficio del resto de ciudadanos".
El aval de la experiencia que dicta las palabras de Manrique le ha granjeado algunas amargas experiencias con políticos, hasta el punto de vivir anécdotas como que el mismo dirigente que sepultó el servicio de atención a este colectivo en la Generalitat, hace ahora un año, acudiera presto a fotografiarse junto a las víctimas en el acto que recordaba los 25 años transcurridos desde la tragedia de Hipercor.
Manrique estima que a los políticos "les ha ido muy bien hablando de las víctimas como si fueran suyas", pero destaca que la decisión final de entrar o no en esta dinámica es de los propios damnificados por el terrorismo. "Cada uno sabe lo que quiere y puede hacer", apostilla.
