Vitoria. Ni hay acuerdo para "ajustar" los presupuestos de las principales administraciones públicas vascas de cara a lo que queda de año ni lo va a haber, porque "la política de los recortes no es la de Patxi López". Así de rotundamente negó ayer el Ejecutivo vasco la existencia del "acuerdo de consenso entre las tres diputaciones forales y el Gobierno Vasco a efectos fiscales" que había dado por encarrilado el diputado general de Álava, Javier de Andrés.
Tras la celebración del pleno de Tierras Esparsas, el mandatario popular aprovechó un aparte con algunos periodistas para felicitarse porque las cuatro instituciones -cada una de un color político- hubieran "llegado al convencimiento de que es preciso hacer una revisión de los presupuestos" para "ajustar" sus previsiones de gasto a la caída de la recaudación registrada en lo que va de 2012. Sin embargo, las matizaciones no tardaron en llegar al ver las demás instituciones proyectada sobre sus cabezas la amenazadora -e impopular- sombra de los recortes. "De Andrés opinará eso", pero el Gobierno Vasco está claro que no. "Ésa es la fórmula que nos ha traído hasta esta situación y no nos va a sacar de ella", respondió tajante el secretario general de Lehendakaritza, Manu Salinero.
Tras el desmentido del Gobierno Vasco llegó también el rechazo de la oposición al mandatario popular. Para el PNV, su anuncio fue sólo una cortina de humo con la que De Andrés trató de "esconder su fracaso" ante unas cuentas de Bizkaia y Gipuzkoa más saneadas, fruto de que "se equivocó gravemente" en sus previsiones. En el mismo sentido, Bildu y el PSE contrapusieron el modelo de recortes del PP a la necesidad de atender las necesidades ciudadanas. Y todos censuraron que el diputado general aireara este debate en los medios y no en las Juntas.
"Cada uno hace sus deberes" Faltaba por conocer la opinión de Gipuzkoa, ya que la Diputación Foral de Bizkaia ya dijo el mismo domingo que este acuerdo no pasaba de ser una sintonía inicial en la necesidad de buscar respuestas a la coyuntura que crea esta dura crisis. Y su diputada foral de Hacienda, Elena Franco, se sumó al rechazo de que Gobierno y diputaciones hayan llegado a un acuerdo para ajustar sus presupuestos. "A lo máximo que se ha llegado ha sido a calcular cuál sería desde el punto de vista de los ingresos el nivel de ejecución presupuestaria", precisó.
Y es que, como ya adelantó Bizkaia, tomar una decisión conjunta de este calado toparía inmediatamente con las distintas realidades de cada territorio, donde la citada caída de la recaudación es sustancialmente distinta. "Cada uno hace sus deberes", resumían ayer fuentes de Lehendakaritza, que añadían que "el Gobierno Vasco tiene un compromiso con el Parlamento Vasco que son los Presupuestos", y es éste el compromiso que guía y guiará sus pasos.
Por su parte, desde el Gabinete de De Andrés se remitían ayer a la rueda de prensa que el diputado general dará hoy tras el consejo de Gobierno para aclarar su postura.
Endeudarse y priorizar Cerrada la puerta a los recortes planteados por el mandatario popular, el Gobierno Vasco apostó por "tirar de la deuda"; una alternativa que tampoco parece capaz de aunar la actuación de las cuatro instituciones vistas las críticas frontales que PNV y PP han dirigido contra esta apuesta del Gabinete López que, recuerdan, ya ha multiplicado por ocho la deuda de la CAV.
"Si el equilibro entre ingresos y gastos no es suficiente, habrá que endeudarse" para garantizar los servicios públicos esenciales, mantener la educación y la sanidad, y realizar inversiones que incentiven la economía, defendía ayer Salinero en Radio Euskadi, convencida de que "siempre que la puedas pagar, y Euskadi puede, tirar de la deuda es un recurso" que "no hay que denostar". El margen de acuerdo se intuyó sólo en Gipuzkoa -donde Bildu y el PSE ya pactaron la política fiscal-, ya que Franco admitió que también allí se está analizando la posibilidad de aumentar el endeudamiento. Asimismo, apostó por avanzar en el dibujo de una nueva política fiscal y priorizar gastos -fijando como "línea roja" el social y posponiendo la ejecución de grandes proyectos "que no están claramente justificados desde el punto de vista de rentabilidad social y económica"-, para evitar así verse luego "en la peor situación".