Vitoria. La localidad de Lagrán celebró ayer el tradicional Pleno de Tierras Esparsas. El acto, que en un principio se preveía como algo más bien protocolario y carente de debate de calado, se convirtió en una demostración de rechazo al fracking y también de las nefastas repercusiones que está teniendo la crisis en el tejido industrial alavés.

Más de un centenar de personas aguardaban ayer a las puertas del polideportivo donde se iba a celebrar el debate la llegada de autoridades para trasladarles su indignación. La mitad vestían camisetas naranjas en defensa de la plantilla de Celsa Atlantic, la antigua Laminaciones Arregui, que ha presentado un ERE de extinción, y la otra mitad, con camisetas amarillas, protestaba por la técnica de extracción de gas no convencional que se quiere emplear en este territorio. "Hemos querido venir a este pleno en el que las Juntas abren las puertas a los pueblos para mostrar nuestro rechazo total y que las instituciones recojan el sentimiento de la ciudadanía", aseguraba Eduardo Fernández de Pinedo, portavoz de Fracking Ez Kuartango.

Ni unos ni otros pudieron hacer uso de la palabra durante el pleno, pero sí se hicieron oír mediante los aplausos que dirigieron a formaciones como Ezker Batua o Bildu, cuyos junteros realizaron algunas referencias a los trabajadores de Celsa Atlantic durante su intervención. Tales referencias venían a cuento. Dentro del orden del día las Juntas debatieron ayer una moción en la que se instaba a la Diputación y al Gobierno Vasco a presionar a la dirección para que no cierre ninguna planta y presente un plan de viabilidad para los próximos cuatro años.

La moción contó con el apoyo de todas las formaciones políticas excepto con la del PP, que se resistió a dar su voto a una iniciativa que exigía también la retirada de la reforma laboral. "Es un drama para las familias y la sociedad en su conjunto, pero lo que pretenden es adjudicar la responsabilidad de ese ERE al Gobierno central", señaló Pedro José García. Cada vez que intervenía el procurador de las filas populares, los trabajadores de Celsa Atlantic sentados en las gradas se daban la vuelta. También le dedicaron algún que otro abucheo.

Así, el portavoz del PNV, Ramiro González, se sumó a la petición de derogación de la reforma laboral, al tiempo que reclamó un nuevo modelo productivo con "inversión en I+D+I". La socialista Cristina González, por su parte, recordó que el Gobierno Vasco ha puesto dinero para que la compañía no cierre, por lo que exigió a la dirección que mantenga la actividad. Por su parte desde Bildu, Gorka Ortiz de Guinea no dudó en responsabilizar al PP y al diputado general, Javier de Andrés, de la situación generada en esta compañía. "Laminaciones Arregui es el cabeza de turco de las empresas alavesas, en Álava nos vamos a enfrentar a multitud de EREs todavía", añadió. Desde EB, Nerea Gálvez recordó que gracias a la reforma laboral "negociar" algo con la patronal será imposible.

El debate causó cierto malestar en el diputado general de Álava, que una vez finalizado el Pleno criticó que el orden del día incluyera cuestiones fuera de la competencia de las Juntas Generales. "Hay una reiteración de desacuerdos en las Juntas que vienen siempre de la mano de asuntos que no son competencia de este órgano, esta costumbre es cada vez más frecuente", añadió.

Como es tradición, durante el Pleno de Tierras Esparsas también se les dio la voz a los responsables de la entidad local hasta donde ayer se trasladó toda la Cámara foral. Así, los representantes de la Montaña Alavesa aprovecharon la oportunidad que ayer les brindó las Juntas para recordarle a la Diputación que tiene todavía compromisos pendientes con la zona, como el arreglo de ciertas carreteras, la instalación de la depuradora o el impulso al campo de golf. Además, exigieron una mayor financiación a las entidades locales para poder mantener los servicios públicos.

Sin embargo, el mayor tirón de orejas llegó de la mano del presidente de la Cuadrilla de Campezo-Montaña Alavesa, José Ignacio Sáez de Castillo, que reprochó a las principales instituciones, tanto al Gobierno Vasco a la Diputación foral como al Ayuntamiento gasteiztarra que el proyecto para declarar parque natural los Montes de Vitoria se esté haciendo de espaldas a la población que vive en las zonas afectadas. En este sentido, insistió en que estas áreas verdes "están debidamente protegidas por la normativa actual", por lo que no ven necesario que se dé un paso más.