Vitoria. El PP no deja de cosechar negativas. Tras apostar por que los exiliados por la amenaza de ETA puedan votar en las elecciones vascas, los populares se han topado con las reservas del resto de las formaciones. Los partidos ponen el acento en las dificultades que comportaría fijar el número de personas que abandonaron Euskadi por la organización armada, y no por motivos laborales o personales; al tiempo que consideran poco equitativo que un mismo ciudadano pueda tener poder de decisión sobre el Gobierno vasco y, a la vez, sobre el Ejecutivo de la comunidad en la que habita. Desde el propio gabinete de Rajoy admiten los escollos políticos y jurídicos, pero apuestan por seguir adelante y por explorar la reforma de la Ley Electoral. A juicio del presidente del EBB Iñigo Urkullu, detrás de esa insistencia solo podría encontrarse la voluntad de alterar el mapa institucional de la CAV, como ya habrían hecho PP y PSE en aplicación de la Ley de Partidos. En esa clave se expresó el burukide a preguntas de los periodistas en una rueda de prensa celebrada en Sabin Etxea, la primera después de que la Ejecutiva del PNV lo propusiera como candidato a lehendakari por unanimidad, y que terminó desatando una espiral de réplicas y contrarréplicas con el líder del PP de la CAV Antonio Basagoiti. El jeltzale opinó que los populares recurren a planteamientos "sin fundamento" para perpetuar el "pucherazo", y que utilizarían el sufrimiento de las víctimas y cifras "rebatibles". "El PP pretende que la foto del Parlamento, a la que ayudó la izquierda abertzale con su inacción, se mantenga usando esta artimaña, poniéndonos a todos en la tesitura de tener que hablar de las víctimas", lamentó.

como en 2009 El jeltzale aseguró que los constitucionalistas buscaron los "recovecos legales" para cambiar la foto del Parlamento de Gasteiz en las elecciones autonómicas de 2009 cuando, tras la aplicación de la Ley de Partidos, la izquierda abertzale histórica quedó al margen del legislativo vasco por primera vez en la historia de la democracia. Una ausencia que posibilitó que PP y PSE alcanzaran una mayoría absoluta que, de otra forma, no hubieran logrado. Así, pudieron desalojar al PNV de Lehendakaritza y colocar al frente del Gobierno a unos socialistas que, sin embargo, son la tercera fuerza política de la CAV. Después de que la izquierda abertzale haya pasado el filtro de los tribunales de la mano de Bildu y Amaiur, parece asumido que irrumpirá en el Parlamento Vasco -independientemente de que se legalice o no a Sortu- tras las próximas elecciones autonómicas, que tendrán lugar en febrero, de no mediar un adelanto para octubre o noviembre. Su entrada en la Cámara reducirá la representación de los constitucionalistas e impedirá que reediten su entente.

Basagoiti llegó a ligar el número de exiliados con los votos de ese sector político, lo que no hizo sino alimentar las sospechas de los jeltzales. "Hay más gente que falta del censo que votos tiene la izquierda abertzale", defendía el popular jornadas atrás. Las cifras que maneja el PP supondrían entre un 10 y un 14% del censo y, previsiblemente, gran parte de sus sufragios irían a parar a la formación conservadora.

Ayer mismo, Basagoiti no tardó en responder al PNV, al que acusó de sacar provecho de la situación. "Urkullu demuestra que está muy cómodo con la alteración del censo por el acoso de ETA, que quiere que voten solo aquellos que son de su ideología, y que no está dispuesto a corregir la falta de libertad impuesta en estas tres décadas", lanzó. El popular fue más allá al preguntarse quién se ha beneficiado de esa "limpieza", y de que familias enteras se hayan tenido que marchar. "El beneficiario es el PNV y Batasuna, y esta es la razón por la cual no quiere mover nada", se respondió.

"manipulación infame" Su réplica generó una contrarréplica por parte de Urkullu, que le pidió en una dura nota de prensa que "deje de utilizar a las víctimas". "Ahora que la pluralidad se ha restablecido, pretenden urdir una nueva estrategia fraudulenta para alterar la voluntad mayoritaria de los vascos", remachó. Tras calificar de "falsedad incontestable, insulto a la inteligencia y manipulación infame" la información generada en los últimos días sobre los exiliados, aconsejó al PP que se sume al consenso que pueda alumbrar el cambio de la Ley de Víctimas si quiere resarcirlas.

El PNV fijó postura por boca de su presidente tras haber dejado patentes esas mismas dudas en el Parlamento, donde Basagoiti defendió en primera instancia su propuesta. Las formaciones rechazaron su iniciativa, pero se mostraron totalmente dispuestas a trabajar para que los amenazados puedan regresar cuanto antes si así lo desean, máxime cuando el cese de ETA podría animarles a volver. Sin embargo, los partidos también muestran su comprensión hacia los que hayan podido rehacer su vida en otras comunidades y que, por ese arraigo, prefieran seguir residiendo en otro territorio. El burukide consideró ayer que el PP utiliza "el sufrimiento de las víctimas" para fundamentar su petición, esgrimiendo además unas cifras "absolutamente rebatibles". En este sentido, Basagoiti ha llegado a cifrar en 309.000 a los exiliados, de los que un número importante, 50.000, habrían huido en los tres o cuatro últimos años, que coinciden con la etapa menos activa de ETA. De ellos, y aunque el nivel más elevado de amenaza se registrara en la clase política, 50 habrían sido concejales populares. El Gobierno vasco, por su parte, limita el éxodo a 100.000 personas. Ayer, Basagoiti dio un paso más y habló de "barrios y pueblos enteros" desalojados, aunque sin ofrecer ejemplos concretos.

La posibilidad de que el PP modifique la Ley Electoral es real, toda vez que compete al Congreso, donde cuenta con mayoría absoluta, y teniendo en cuenta que la apuesta ha sido oficializada por el propio ministro del Interior. Sin embargo, dada la complejidad de la modificación y la posibilidad de que se convoque un adelanto electoral, lo más seguro pasa por que el cambio no llegue a tiempo para los próximos comicios. Urkullu, por su parte, se preguntó "cómo es posible que alguien pueda plantear que ciudadanos fuera de la CAV puedan ejercer su derecho a voto condicionando las políticas públicas de la CAV". Además, lanzó su propia propuesta."¿Por qué no promueve el PP una reforma para que estos ciudadanos sean inscritos en el censo de residentes ausentes [el de la diáspora]?", zanjó.