Madrid. El Gobierno no consiguió ayer que el PSOE apoyara el proyecto de Ley de Estabilidad Presupuestaria pese a que, a última hora, ordenó suspender el pleno del Congreso para que la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, tratara de convencer in extremis a la dirección del grupo socialista con una solución de trámite: la abstención del PSOE a cambio de promesas de diálogo. El intento no tuvo éxito y los socialistas votaron en contra de una ley que emana del acuerdo al que llegaron en agosto ambos partidos para modificar la Constitución e introducir en ella la obligación de fijar un límite de gasto. Pese a todo, los populares sacaron adelante el texto gracias a su mayoría absoluta y al apoyo de CiU, UPyD, Foro y UPN, pero la realidad es tozuda: la nueva ley tiene menos apoyos (192 votos de 350 posibles) que la reforma constitucional que la posibilitó (316 papeletas de respaldo).

Y esa fotografía es la que pesó a la hora de sustentar el último y baldío esfuerzo negociador escenificado por Sáenz de Santamaría. La imagen que había pedido Europa era la del consenso de los dos principales partidos de carácter estatal para contentar así a los mercados con una demostración de unidad y fortaleza, imagen que finalmente no llegó. La razón formal está en la cifra concreta del límite de déficit que establece la nueva ley: los populares lo han fijado en el 0% del PIB mientras los socialistas exigían que fuera el 0,4% como constaba en el acuerdo previo al cambio constitucional. Pero, además de esta controversia, la falta de acuerdo se explica por otra razón: la ausencia de diálogo y el desprecio con que el Gobierno ha respondido a todos los mensajes lanzados por los socialistas para mitigar en lo posible reformas tan agresivas como la laboral o recortes tan drásticos como los incluidos en los Presupuestos Generales del Estado y los que se preparan en materia de Sanidad y Educación.

Acusaciones Consumado el desencuentro, llegó la hora de los reproches. El diputado del PSOE Pedro Saura acusó al PP de haber "roto el espíritu constitucional en materia de estabilidad presupuestaria" y avisó de que la limitación impuesta por la nueva ley (el 0% de déficit) supone una "pérdida adicional de credibilidad internacional". En este punto, aseguró que el Gobierno está perdiendo credibilidad "por un chorro" y de ahí las "prisas" para aprobar la Ley. Además, aseguró que "el enemigo para el PP es el PSOE y no la crisis económica". Por contra, la portavoz de Hacienda del PP, Ana Madrazo, recriminó que el PSOE "haya cambiado de opinión en unos meses" y pidió a la bancada socialista que actúe "con sentido común, con sentido de Estado", apelando a su "responsabilidad hasta el último minuto". "Lo que está en juego es España y su futuro. Esta ley pone los cimientos para recuperar la confianza y la senda del crecimiento", zanjó aleccionada por Sáenz de Santamaría.

Amnistía Pero no fue la de la Ley de Estabilidad la única ocasión en la que ayer se percibió la distancia entre Gobierno y oposición de izquierdas, también se pudo ver en la aprobación del decreto de medidas tributarias y administrativas para reducir el déficit, la normativa que incluye la polémica amnistía fiscal. PSOE, Izquierda Plural (IU-ICV-CHA), PNV, UPyD, BNG, ERC, Amaiur y Geroa Bai rechazaron este decreto que finalmente fue aprobado por PP, CiU, UPN y Foro. El portavoz socialista de Hacienda en el Congreso, Pedro Saura, resumió la postura de la izquierda poniendo en tela de juicio las bondades de la amnistía al considerar que es "insostenible desde el punto de vista de la justicia, la ética y la lucha contra el fraude". Como alternativa defendió luchar contra el fraude fiscal, crear un Impuesto de Grandes Fortunas o la conocida como tasa Tobin.