Vitoria. Lejos de sentirse respaldada en su actuación con los jóvenes extranjeros que han quedado desamparados tras ser vetados en los servicios de acogida forales, la Diputación alavesa inicia ahora una caza de brujas contra quienes han levantado la voz aireando y criticando la actuación del gabinete liderado por el popular Javier de Andrés. De hecho, el Ejecutivo provincial ha decidido dar un paso adelante y ha puesto nombre y apellidos a quienes considera responsables de las censuras que ha recibido. En concreto, se ha dirigido al Ayuntamiento de Vitoria por carta para censurar la actuación del Síndico municipal -una suerte de defensor vecinal de la capital alavesa-, Javier Otaola, a cuya actuación sobre el particular califica como "precipitada y poco rigurosa".
Esos calificativos tratan de responder a la disposición del Síndico en la que retrataba a la Diputación por dejar a su suerte a una veintena de jóvenes extranjeros acogidos hasta la fecha en los centros para menores. Al parecer, el motivo esgrimido por el Ejecutivo foral para justificar el abandono era que pudo demostrar mediante pruebas óseas que los chavales ahora desamparados presuntamente tenían más de 18 años y que, por lo tanto, no tenían derecho a estar en recursos para menores extranjeros no acompañados, colectivo conocido en argot técnico como menas. En ese sentido, De Andrés explicó que la Diputación se ha sentido dañada por las declaraciones del Síndico. Según el diputado general, Otaola en ningún caso se puso en contacto con la institución foral. De ahí el tono de los adjetivos dedicados al defensor vecinal y a su actuación "precipitada, irregular, poco rigurosa y, por tanto, infundada".
El diputado general de Álava, según recoge un teletipo de la Agencia Efe, recordó que el Síndico no tiene la competencia de seguir las actuaciones de la Diputación, sino las de Vitoria, con lo cual, "su régimen de funcionamiento no le da opción a analizar a otras instituciones". Por eso, le emplazó a centrarse en la institución del Ayuntamiento de Vitoria.
Bajo la misma perspectiva, el regidor conservador no dudó en ensalzar la actuación de su gabinete sobre el particular y recordó que la Diputación nunca ha expulsado a menores de edad de sus recursos de acogida para menas. "La responsabilidad de la Diputación es velar por el conjunto de alaveses, no sólo por aquellos que tenían aspiraciones de ser tratados como menores cuando se ha demostrado que no lo eran", añadió.
La misiva destinada al Ayuntamiento de Vitoria reitera los argumentos defendidos por la Diputación desde que se conoció la situación de 24 jóvenes expulsados de los recursos forales. Sobre el particular, la diputada foral de Servicios Sociales, Marta Alaña, ha explicado en distintas ocasiones que el desamparo sólo obedece a que los damnificados por la medida sólo se hacían pasar por menores de edad en Álava y que, por ende, carecían de derechos para beneficiarse de los centros de acogida y de los programas de tutela. La popular Alaña se ha aferrado a la excusa de que "la Diputación no ha abandonado a ningún menor de edad" en la calle. También ha advertido en varias ocasiones de que las personas que han sido expulsadas de estos centros "nunca deberían haber ocupado una plaza en los centros de acogida". En este sentido, ha indicado en comparecencia pública que tampoco tienen derecho a la ayuda económica de dos meses y a un programa de seguimiento del que se benefician los menores extranjeros cuando alcanzan la mayoría de edad en estos centros porque no han cumplido los 18 estando en los recursos de la Diputación sino que ya eran mayores de edad cuando accedieron a los mismos bajo engaño.
