Vitoria. Las ha habido de muy diferentes formatos y dimensiones, se han realizado en distintos lugares, pero el mensaje elemental de las movilizaciones contra Garoña apenas cambia con el paso del tiempo: el cierre de la central nuclear más antigua del Estado no debe posponerse ni un día más. La Plaza de la Provincia de Gasteiz fue escenario ayer de la última de estas protestas, una nutrida concentración silenciosa ante la Diputación que volvió a evidenciar el rechazo social y político que despierta la planta atómica burgalesa, ubicada a apenas 42 kilómetros de la Green Capital europea.
Alrededor de medio millar de personas se sumó a la convocatoria de la plataforma Araba sin Garoña, cuyos colectivos se reunirán a finales de esta próxima semana para diseñar nuevas acciones reivindicativas "más allá de salir a la calle". "Los silencios cómplices y las palabras a medias ya no nos sirven", advirtió el portavoz de la plataforma, Alberto Frías.
La llegada del Partido Popular al Gobierno central ha creado "una nueva situación" que exige, según Frías, "pasar de las palabras a los hechos". El nuevo ministro de Industria, José Manuel Soria, ya ha dejado clara su intención de prolongar la vida útil de la central más allá de julio de 2013, última fecha prevista de cierre por el anterior Ejecutivo socialista, de ahí que haya encargado un informe al Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) para conocer si se dan las condiciones. La posibilidad de que Garoña no cierre hasta 2019 ya ha comenzado a planear en el ambiente, y todo a pesar de las 22 mociones aprobadas en los últimos doce años en las Juntas alavesas pidiendo su clausura.
Frías exigió a la Diputación, ahora en manos del PP, que "abandere" esta exigencia porque "la ciudadanía ya ha mostrado su hartazgo" en múltiples ocasiones. También lo mostraron ayer representantes políticos del PNV, Bildu, EB y Equo, entre otras formaciones. Y muchos ciudadanos individuales que ya han perdido la cuenta de cuántas protestas en contra de Garoña han secundado en los últimos años.
Entre ellos se encontraban Ibon Aristondo y Enrique González, muy conscientes de los peligros asociados a la energía nuclear. "Nos intentan engañar con que es la fuente más barata, pero es mentira. Su producción sí es barata, pero lo que genera en cuanto a residuos y peligrosidad también hay que ponerlo en la balanza", advertían.
Ayer, a falta de consignas a viva voz, los mensajes escritos ganaron la partida. Tras la pancarta -Herriaren hitza errespetatu. Garoña itxi orain-, los carteles en mano de los manifestantes repartieron recados contra los representantes provinciales del PP, De Andrés y Maroto a la cabeza pese a la abierta posición de este último contra la central, o las empresas explotadoras de la planta, Endesa e Iberdrola. "Los políticos están en manos de los mercados y las empresas, por lo que su prioridad no es la seguridad de las personas", lamentaba Ibon.
Cerca de ellos, Lourdes López de Lacalle también exigía el fin "inmediato" de Garoña, una reivindicación que se ha engrandecido si cabe en Álava tras el desastre de Fukushima. "Lo que ha pasado en Japón nos ha impactado a todos, ese miedo es mucho", advertía Lourdes. "Estos años van a ser definitivos, porque la gente está pagando unos dinerales por la luz a pesar de todo. ¿Pero qué nos están vendiendo? Todo esto se acabará y será incluso a pesar de los políticos", replicaba su amiga Pili Revilla.
Alberto Frías recordó que tras la orden ministerial del Gobierno socialista saliente la Empresa Nacional de Residuos (Enresa) entregó al ministerio de Industria un plan de desmantelamiento de Garoña preliminar que a la vista de los acontecimientos ha quedado olvidado en algún cajón. "Pedimos que se siga esa hoja de ruta", remarcó Frías.
