Madrid. La Fiscalía Anticorrupción de Baleares afirma que el duque de Palma, Iñaki Urdangarin, y su socio, Diego Torres, montaron un "entramado societario" para "apoderarse" de fondos públicos y privados que recibía el Instituto Nóos, una entidad sin ánimo de lucro que presidieron ambos. Así consta en el escrito de diligencias dictado por el juez del caso Palma Arena, José Castro, para autorizar los registros llevados a cabo esta semana por el fiscal Anticorrupción de Baleares, Pedro Horrach, en empresas de Barcelona y Baleares. El modus operandi de esta supuesta estafa consistía en fijar precios "totalmente desproporcionados" por los servicios que prestaban a la Administración y simular asimismo trabajos "ficticios".

Según el auto que se filtró ayer, Anticorrupción investiga al duque de Palma y a Torres, a quien el juez ya ha tomado declaración, por supuestos delitos de falsedad documental, prevaricación, fraude a la Administración y malversación de caudales públicos en dos convenios suscritos en 2005 y 2006 entre el Govern balear, presidido entonces por Jaume Matas (PP), y el Instituto Nóos por 2,3 millones de euros. "La operativa consistía en que por el Instituto Nóos se fijaban unos precios totalmente desproporcionados por los servicios que prestaba", relata el fiscal, que añade que luego la Administración "simulaba" la contratación de "servicios ficticios" o inflados, de manera que los fondos públicos acababan "en manos de mercantiles controladas por Diego Torres e Iñaki Urdangarin".

La resolución judicial asevera que el precio de los dos convenios suscritos (dos foros sobre Turismo y Deporte que costaron 1,2 millones el primero y 1,1 el segundo) es "totalmente desproporcionado para lo que supone el encargo" y fue fijado "exclusivamente en base a un presupuesto ficticio en tanto que realizado sin analizar coste alguno".

Según señala la Fiscalía, fue a partir de 2003 cuando el Duque de Palma entró en vinculación con Nóos y un año después comenzó a presidir la entidad mientras Torres ostentaba era gerente. La Fiscalía sentencia que "la única finalidad perseguida" por Urdangarin y Torres con la toma del control de Nóos era "contar con la cobertura de una asociación que formalmente no perseguía ánimo de lucro, una especie de ONG dedicada a proyectos sociales" para "rodearse del prestigio social derivado de las actuaciones altruistas a las que presuntamente se dedicaba y evitar suspicacias por parte de terceros al financiarse básicamente con fondos de organismos públicos".

"La operativa consistía en que por el Instituto Nóos se fijaban unos precios totalmente desproporcionados por los servicios que prestaba para la administración pública y, tras recibir los fondos públicos, se simulaba por parte de dicha asociación la contratación de servicios ficticios a otras mercantiles". En concreto, las entidades presuntamente utilizadas por ambos eran Nóos Consultoría Estratégica, Aizoon S.L., Virtual Strategies S.L., Shiriaimasu, Intuit Strategy Innovat y De Goes Center For Stakeholder Management. El auto revela que tanto Nóos como las otras sociedades tenían, como mínimo desde el año 2006, el mismo domicilio real social.