MADRID. El Partido Popular advierte en su programa electoral que no negociará con ETA ni por la presión de la violencia, ni por el anuncio de su cese. Según el resumen del citado programa al que ha tenido acceso Europa Press, los populares dejan claro que éste será el "principio básico de la política de seguridad del Estado".
La banda terrorista ETA emitió el jueves 20 de octubre un comunicado en el que anunciaba el cese definitivo de la violencia pero pedía a los estados español y francés negociar las consecuencias de lo que los terroristas denominan "conflicto" vasco.
Los populares dejan claro en su programa, en un capítulo titulado "La derrota de ETA", que no van a negociar ni por anuncio de cese de la violencia y además, anuncian que van a promover el reconocimiento y la memoria de las víctimas y que apoyarán las iniciativas de la sociedad civil en este sentido.
LOS PADRES PAGARAN LOS DESPERFECTOS Y MAS GUARDIA CIVIL
En el capítulo de seguridad, los populares también han incluido una propuesta para controlar las infracciones por "incivismo". Para ello, se proponen que los infractores paguen la reparación de los desperfectos originados en la vía pública y reforzarán esta exigencia de responsabilidad a los padres o tutores legales si quienes han causado daños son menores de edad.
Junto con ello, impulsarán un plana de "seguridad rural" para luchar contra robos en explotaciones agropecuarias. Para ello, la propuesta es aumentar la "vigilancia y los controles", con la realización de mapas de delincuencia, endureciendo las penas por hurtos y potenciando el despliegue de la Guardia Civil.
RECUPERARAN EL RECURSO PREVIO DE INCONSTITUCIONALIDAD
El Programa incluye todo un capítulo sobre la "regeneración política e institucional" y en él se compromete con "sincera actitud de diálogo" a promover todas las "acciones y acuerdos políticos" que favorezcan el "entendimiento y la concordia entre todos los españoles en torno a los valores constitucionales".
Una de las medidas que incluye en esta parte es la de recuperar el prestigio del Tribunal Constitucional, para lo que proponen modificar la elección de los magistrados del TC de modo que "se eviten dilaciones indebidas".
Como ya había anunciado el PP en multitud de ocasiones, han incluido en su programa la recuperación del "recurso previo de inconstitucionalidad en la tramitación de las reformas de los Estatutos de autonomía".
Y, para agilizar el trabajo del TC, se proponen atribuir a la "jurisdicción ordinaria" el amparo para garantizar los derechos fundamentales, reservando al Tribunal Constitucional "el ejercicio de su competencia en los supuestos de interés constitucional de acuerdo con lo que disponga la ley".
LA DOCTRINA PAROT, POR LEY
En cuanto al funcionamiento ordinario de la Justicia, los populares se proponen promover un cambio de modelo de la oficina judicial, de tal manera que sea "eficaz, accesible y transparente para el justiciable, y que asegure la unidad de gestión en todos los órganos jurisdiccionales."
Además, impulsarán una agencia que articule un "sistema informático único" y permita el conocimiento "inmediato" en red de los datos judiciales y de los que constan en los registros públicos relacionados con la adminisración de justicia.
Y tal y como anunciaron en la Convención Nacional que celebraron en Málaga los pasados 13, 14 y 15 de octubre, reformarán el sistema de penas del Código Penal, "introduciendo la pena de prisión permanente revisable", así como la posibilidad de aplicación de medidas de seguridad postpenales".
En cuanto al cómputo de beneficios penitenciarios, quieren que se haga sobre cada una de las penas impuestas, tal y como establece ahora la llamada "doctrina Parot" y que está recurrida por más de un centenar de etarras en el Tribunal Constitucional. Los populares también quieren poner en marcha una nueva regulación de la multirreincidencia en los delitos y fortalecer la función casacional del Tribunal Supremo.
