Vitoria. El gasto social no ha podido salvarse al final de la quema de la crisis económica. A pesar de que la Diputación alavesa ha reiterado en diversas ocasiones que los servicios sociales y la creación de empleo serían los dos apartados que no sufrirían retoques, la realidad es tozuda y demuestra una circunstancia bien diferente. De hecho, el diputado foral de Hacienda, José Zurita, anunciaba ayer la necesidad de afrontar unos recortes drásticos y acometer una "economía de guerra" durante 2012. No ha hecho falta esperar demasiado para descubrir que el gabinete De Andrés ya ha tomado las primeras medidas al ponerse en contacto con el entramado social del territorio histórico para informarle de aquellas líneas que se suprimirán y aquellas que se recortarán.

El diputado general ya había anunciado en este periódico que los convenios con algunos colectivos se verían revisados dado el estado de las arcas forales, pero según ha podido confirmar este rotativo, ésos no serán los únicos recortes que se llevarán a cabo. No en vano, la sorpresa ha llegado para las asociaciones en el momento en el que se les ha comunicado, por el momento sólo telefónicamente, que varias líneas de subvenciones para materias como inmigración, coordinación e igualdad no saldrán adelante como estaban previstas inicialmente.

La Diputación Foral de Álava asegura que estas medidas se han tomado en base a la caída de la recaudación y a la prioridad de atender a los dependientes sobre otros sectores. El hecho es que, con esta determinación, más de dos decenas de colectivos sociales se verán afectados. En el caso de la inmigración, se suprime la única línea de ayuda existente para el colectivo, según fuentes forales, debido a solapamientos que llevan a que este colectivo esté atendido por otras instituciones competentes en la materia. La convocatoria había sido publicada en el BOTHA el pasado mes de marzo y reservaba una cuantía de 300.000 euros para el desarrollo de programas y actividades destinadas al fomento de la integración y de la convivencia intercultural.

El año pasado esta convocatoria había recibido la petición de subvenciones por valor de 588.000 euros -que al final se mantuvo en 300.000- por colectivos como Deportistas contra la droga, Sartu, Haurralde, la Coordinadora de Inmigrantes Harresiak Apurtuz, Cear, Uaga, Comisión Antisida, Gizarterako, Kira, Topagune elkartean, Kolore guztiak, las Ampas de varios colegios y las asociaciones vasco-ecuatoriana, guineana y senegalesa, entre otras.

Esta decisión ha pillado desprevenido a más de un colectivo, ya que esta línea se encontraba ya en fase de resolución y gestión económica por lo que incluso algunas asociaciones ya habían planeado los programas a los que iría destinada esta partida económica ahora desaparecida.

No es el único área que se ve comprometida. De hecho, en el ámbito de la cooperación también caerán otras dos subvenciones. La primera de ellas, la referente a la cooperación al desarrollo y sensibilización y, la segunda, la de carácter anual a proyectos de cooperación al desarrollo social y económico a los países en vías de desarrollo, que se ha visto reducida parcialmente. La Diputación justifica esta decisión debido a la caída en la recaudación que se refleja, en consecuencia, en el 1% del presupuesto anual que se dedica a estos fines. Así las cosas, aseguran que el agujero en las Cuentas provinciales ha obligado a tomar medidas en estas partidas.

Por último, en materia de igualdad también se ha notado la falta de recursos. Así, la ayuda a asistencias técnicas en materias de género que se mantenía abierta anualmente se ha cerrado hasta final de año.

Arcas exhaustas Esta resolución del Gobierno foral ha levantado ampollas en un entramado social que entiende que la actual coyuntura económica obliga a las instituciones a hacer un esfuerzo con los colectivos sociales para poder asegurar un colchón a los más desfavorecidos. Por su parte, la Diputación asegura estar haciendo encaje de bolillos para hacer frente a un agujero en las arcas forales que el diputado de Hacienda, José Zurita, cifró ayer en 96 millones de euros y que obliga a la Diputación a "tomar medidas drásticas porque otros (en referencia al PNV) no quisieron hacerlo antes". Una máxima que rebatió Ramiro González, portavoz en las Juntas Generales del PNV, sigla al frente del anterior equipo de gobierno foral, asegurando que el gabinete Agirre dejó un remanente de 68 millones.