El paro ha llegado esta semana a los exdiputados y exsenadores, que con el cierre de las dos cámaras del Estado se quedan sin trabajo, temporalmente quienes vuelvan a ocupar un escaño tras los comicios, o definitivamente quienes dejan la política o no alcanzarán los sufragios suficientes para recuperar su antiguo puesto. En lo que coinciden todos es en que cobrarán una indemnización única, derivada de la disolución de las Cortes, de aproximadamente 8.200 euros, más una paga temporal de 2.800 euros al mes quienes abandonan para siempre su puesto.

El régimen de retribuciones para los diputados cesantes prevé una cantidad denominada indemnización de transición, cuya cuantía se determina por la suma de las prestaciones que recibían hasta ahora, calculada sobre los 53 días que hay entre la disolución del Parlamento y las elecciones generales.

De esta manera, se fija este finiquito mínimo que reciben todos los parlamentarios, salvo aquellos que siguen siéndolo hasta la constitución de las nuevas Cámaras porque son miembros de las Diputaciones Permanentes del Congreso o el Senado. Como referencia, se toma la denominada asignación constitucional, o salario base de diputados y senadores, que asciende a 2.813 euros mensuales; a ella se suman los 1.823 euros de los elegidos por circunscripciones de fuera de Madrid. Los de la capital tienen un complemento menor, de 870 euros, y por ello la indemnización mínima que van a percibir bajará a los 6.500 euros. Como la normativa establece el cálculo de esta paga única a partir de todos los conceptos retributivos del parlamentario, su monto aumentará en función de que esté recibiendo otros complementos, como los presidentes o vicepresidentes de Comisión, miembros de Mesa o portavoces.

La reducción que ha experimentando el salario de los diputados y senadores en las últimas legislaturas hace que el finiquito de los parlamentarios de la IX Legislatura vaya a ser menor que el que tuvieron los de la precedente.

Pero además de esta cantidad, a los exdiputados y exsenadores que dejan definitivamente el Parlamento les espera otra paga, en este caso mensual, denominada indemnización por cese, que recibirán como máximo a lo largo de dos años por un importe total medio que en su día se calculó en torno a los 23.000 euros.

Este dinero es el que van a recibir aquellos que van a dejar la vida política o no han tenido hueco en las listas de sus partidos. Así ocurre con el propio presidente del Congreso, José Bono, el diputado socialista Jesús Cuadrado, el portavoz de ERC, Joan Ridao, o la diputada del PP Soledad Becerril, entre otros.

En este caso, para saber el monto de esta percepción, reconocida en el reglamento de pensiones parlamentarias del año 2006 para diputados y senadores con más de dos años en las Cortes, es preciso multiplicar su salario base o asignación constitucional por cada año que hayan conservado sus escaños, con un límite de 24 pagas.

Por ahora, los únicos exdiputados que reciben esta mensualidad de 2.813 euros son el exministro del PP Ángel Acebes y el diputado de este partido Francisco Antonio González, según recoge la información publicada en la web del Congreso.