Hace 15 años aparecían en Israel los primeros movimientos de boicot contra los productos procedentes de los asentamientos. Uno de los pioneros fue Gush Shalom (Bloque por la Paz) que anunció su proyecto en una rueda de prensa a la que no fue ningún periodista israelí. Sin demasiada organización ni presupuesto, los activistas se pasaban las mañanas estudiando las baldas de los supermercados mientras otros recorrían en moto las colonias y anotaban los nombres de las plantas industriales que iban encontrando. Luego redactaban listas que publicaban en internet. "No compre los productos de los asentamientos, cada céntimo para los asentamientos es un céntimo contra la paz", rezaba su eslogan.
También pidieron a la Unión Europea que tuviese en cuenta la procedencia de los productos israelíes y no aceptase aquellos provenientes de los asentamientos. Nadie prestó demasiada atención a la llamada, y la empresa de las colonias siguió floreciendo a buen ritmo sin demasiados impedimentos.
Pero con el paso del tiempo, y en especial desde el inicio del movimiento Boicot, Desinversión y Sanciones, creado en 2005, las cosas han comenzado a cambiar: Europa, a pesar de seguir importando millones de euros en productos procedentes de los asentamientos -alrededor de 100 al año, según la OLP- obliga a que sean etiquetados para que se conozca su procedencia; la misma fuente confirma que "no hay un país en el mundo que firme un acuerdo con Israel sin imponer restricciones a los productos de los asentamientos y las visitas oficiales ya nunca pasan por los Territorios Palestinos Ocupados". Por su parte, el movimiento Boicot, Desinversión y Sanciones consiguió una importante victoria al obligar a la multinacional francesa Veolia a retirarse de la construcción de un tranvía que conectaba la Jerusalén Este ocupada con las colonias que la rodean; poco después, el gobierno noruego decidía dejar de invertir en empresas israelíes relacionadas con los asentamientos. Pero este movimiento fue más allá y puso en marcha un boicot del estado de Israel en sus totalidad; la universidad de Johannesburgo cortó relaciones con la universidad de Ben Gurion por su complicidad en las violaciones de derechos humanos y artistas de la talla de Roger Waters se negaron a actuar en Israel.
Y los colonos comenzaron a preocuparse. Aprovechando el control de la coalición de derechas en el gobierno, utilizaron la Knesset para intentar frenar el movimiento de boicot, al menos dentro de su propio país. Ze´ev Elkin, parlamentario y líder del lobby Eretz Ysrael, impulsó una ley según la cual "cualquier persona u organización que llame al boicot de Israel, incluyendo los asentamientos, puede ser demandada por los afectados sin que estos tengan que demostrar que sufrieron daños, y los tribunales decidirán cuánta compensación debe pagarse", explica Uri Avnery, ex parlamentario de la Knesset y fundador de Gush Shalom. La ley se aprobó el pasado 11 de julio por 47 votos frente a 38, gracias al voto positivo del Likud del primer ministro Benyamin Netanyahu. Este no apareció por la votación, al igual que varios ministros de su gabinete, pero aclaró que "no habría sido aprobada si yo no lo hubiera permitido".
ley contraproductiva La ley, lejos de intimidar a organizaciones y particulares pro boicot, ha conseguido despertar la simpatía por el movimiento de sectores que anteriormente lo criticaban. Peace Now, hasta ahora contraria al boicot, abría una página en facebook titulada "Procésame, yo boicoteo los productos de los asentamientos" que en las horas que siguieron a la votación parlamentaria recabó más de 2.000 simpatizantes.
El periodista Etgar Keret del moderado periódico Yedihot Ahronot escribió en su artículo de opinión que "cuando los oficiales electos llevan a cabo una legislación que viola los derechos básicos individuales, es un deber cívico romperlos. "Si mi país aprueba una ley que prohíbe a los hombres besarse en público, iría a la calle a buscar al primer hombre que no tenga aliento a ajo ni a tabaco y le daría un beso apasionado".
Hasta el New York Times, de manera inusual, criticaba la ley en un editorial titulado Impropio de una democracia. A pesar de todo, Avnery mantiene la prudencia: "La ley no entra en vigor hasta dentro de dos semanas, cuando el presidente Shimon Peres la firme y sea hecha pública. Ese será el momento de la verdad".
Gush Shalom no quiso esperar; pocas horas después de la aprobación de la ley anti boicot, enviaba un recurso al Tribunal Supremo alegando que la ley es antidemocrática e inconstitucional. "Todo el mundo tiene derecho a negarse a comprar productos de gente que detesta; forma parte de la libertad de expresión y es un acto de lo más democrático", sostiene Avnery.
"Además, discrimina a unos grupos en favor de otros: el boicot religioso de las tiendas que no venden carne kosher es legal, pero el boicot de los productos de los asentamientos es ilegal; el boicot de los grupos de derecha a los artistas que no han realizado el servicio militar es legal, pero si un artista se niega a actuar en los territorios ocupados será multado", señala. El Tribunal ha dado 60 días al asesor legal del gobierno para contestar a la petición.
EL PODER DE LA DERECHA Según Avnery, "la principal razón por la que una ley así se ha aprobado en la que clama ser la única democracia de Oriente Medio es el poder de la extrema derecha en el Likud de Netanyahu. El comité central del partido, integrado en parte por estos grupos, elige los candidatos para representar al Likud en la Knesset, y todos temen que si no son lo suficientemente radicales no serán reelegidos". Sin embargo, pocos días después de la aprobación de la Ley Antiboicot, Netanyahu presionaba a su grupo para votar en contra de otra ley que proponía la investigación de los fondos de los grupos y ONG de izquierda, impulsada por sus socios de coalición Yisrael Beitenu, el grupo del ultraderechista ministro de exteriores, Lieberman. "Netanyahu está en una situación precaria porque sabe que estas leyes dañan la legitimidad del supuestamente moderno y democrático estado de Israel ante el mundo, pero a la vez debe mantener contentos a sus compañeros de coalición".
Enmienda El ministro de Defensa Ehud Barak anunció hace unos días que propondría una enmienda a la ley para eliminar el polémico último párrafo, que exime a los colonos de demostrar las pérdidas originadas por el boicot al demandar a un activista u organización. "Es muy inusual que el Tribunal Supremo contradiga al gobierno, ya que se encuentra acosado por los grupos de extrema derecha", explica Avnery. "Una salida podría ser que el Tribunal alcance un acuerdo con el gobierno para modificar la ley eliminando este párrafo. Si no, al acabar el plazo de 60 días libraremos una dura batalla ante la Corte", augura.
