Bilbao. Sea por defecto o sea por exceso, la Oferta Pública de Empleo (OPE) anunciada a bombo y platillo por el Departamento de Sanidad no ha gustado a nadie, salvo a los propios socialistas. Unos, los más, consideran que sacrifica la competencia lingüística de los profesionales euskaldunes, quebranta derechos de igualdad en el acceso a un empleo en la función pública y, además, no cubre las necesidades de trabajo; y otros, los que menos (PP y UPyD), acusan al Gobierno de López de incumplir uno de los puntos del acuerdo de gobernabilidad y así, seguir evaluando con un diez por ciento del total de la prueba el conocimiento de euskera en este tipo de convocatorias.

El descontento con esta iniciativa es tal que, según ha podido saber este periódico, el sindicato de Enfermería Satse presentará un tercer recurso -este por la vía ordinaria- para tratar de paralizar una OPE a la que hasta ayer se habían inscrito poco más de setenta personas. Esta vez, el motivo será la composición del tribunal que se encargará de calificar los exámenes. Encarnación de la Maza, secretaria general de este colectivo, dejaba constancia de su sorpresa ante el hecho de que por primera vez y sin comunicación previa hayan sido excluidos de esta mesa los vocales que representaban a los colegios oficiales y a las centrales sindicales del sector sanitario. "Eran agentes externos a la dirección que supervisaban el desarrollo de los exámenes", resumía. Una denuncia que será llevada a los tribunales (el plazo para poder hacerlo concluye el día 26) que contribuye a estirar un poco más la sombra de la duda sobre las formas y el fondo de una convocatoria de empleo que, desde su origen, ha estado marcada por la polémica.

No en vano, sobre su corta existencia descansan ya otros dos requerimientos judiciales más, estos por vía contencioso-administrativa por una presunta vulneración del derecho de igualdad de acceso, y bien pudiera ser que todavía cayera alguno más relacionado con la capacitación lingüística y su importancia para obtener una plaza en alguno de los centros de salud de Osakidetza, tal y como ya advirtieran recientemente los responsables de Behatokia, el Observatorio de Derechos Lingüísticos.

Presión social La creciente presión social, sindical y política obligó ayer al director general de Osakidetza, Julián Pérez, a salir al paso del torrente de críticas dirigidas a la Administración pública y, en concreto al Servicio Vasco de Salud. Sin embargo, ajeno a los análisis de rechazo, Pérez insistía en que la intención de esta convocatoria promovida por el Gobierno López es poder captar especialistas, allá donde sea. "La idea es que puedan ser cubiertas por los mejores profesionales".