El vicepresidente primero del Gobierno y ministro de Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, anunció ayer que analizará con la Policía la posibilidad de desalojar la Puerta del Sol después de que la Comunidad de Madrid haya exigido el desalojo inmediato de los acampados del movimiento 15-M. "Voy a analizar con la Policía la situación y ya tomaremos una decisión", aseguró Rubalcaba durante la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros. El titular de Interior explicó que la Delegación del Gobierno se ha reunido en los últimos días con los comerciantes de la zona para intentar solucionar los problemas que ha generado la acampada. "Creo que una parte de los problemas que planteaban, que eran problemas ciertos, se han resuelto ya, quedan algunos por resolver", reconoció Rubalcaba, que avanzó que analizará con la Policía tanto la petición de desalojo como las quejas de los comerciantes antes de tomar una "decisión" sobre el campamento. El vicepresidente primero del Gobierno eludió valorar el desalojo de la plaza Catalunya. "Es una decisión del consejero de Interior de la Generalitat. Tendrá sus razones para hacerlo y me remito a lo que él explique", dijo.

barcelona. Alrededor de 3.000 indignados regresaron al centro de la plaza Catalunya de Barcelona sobre las 13 horas tras producirse enfrentamientos con la Policía a lo largo de toda la mañana de ayer, durante la cual los antidisturbios cargaron en varias ocasiones contra los acampados. La actuación policial, que incrementó el enfado de los indignados de las plazas de todo el país, se saldó con 121 heridos.

Todos los heridos son leves, menos dos, que presentan fracturas tras las cargas policiales realizadas con porras. Además, 37 de estos heridos son Mossos d'Esquadra. Además, en un comunicado, el Colegio de Periodistas de Catalunya denunció que varios reporteros resultaron heridos por las cargas policiales, pese a estar debidamente identificados con el brazalete o chaleco que les acredita como profesionales de los medios de comunicación.

Durante la carga, un millar de personas se concentraron alrededor de la plaza para mostrar su apoyo a los 200 acampados que duermen allí desde hace dos semanas. Los antidisturbios retiraron todas las carpas de los concentrados en el centro de la plaza, lo que generó una gran tensión y obligó a las fuerzas de seguridad a usar la fuerza para arrancarles las tiendas.

Sin embargo, los acampados celebraron entonces una improvisada asamblea en la que decidieron que quien se tenía que ir era la Policía y que ellos mismos limpiarían la plaza, ya que los responsables del dispositivo policial reiteraron que su único objetivo era limpiar la plaza para garantizar la seguridad.

La Policía insistió a los asesores legales de los acampados, los abogados Alex Solà y Lluïsa Domingo, que actuaron como mediadores, que no querían desalojar la acampada, sino limpiar la plaza ante los posibles incidentes de la noche con motivo de la posible celebración si el Barcelona gana la final de la Champions League.

Al saber esta respuesta, los Mossos y la Guardia Urbana actuaron con rapidez y desmontaron el cerco interior, que convirtieron en un pasillo para que la brigada de la limpieza pudiera acceder hasta el epicentro de la protesta y retirar los toldos que aún estaban en pie.

Cuando empezaron a abandonar la plaza, algunos grupos de policías quedaron rodeados por numerosos manifestantes que les echaron de la plaza gritándoles y abucheándoles.

Los Mossos, para defenderse de los lanzamientos de botellas y piedras, contestaron con salvas de las escopetas de pelotas de goma y golpearon a los manifestantes.

Los acampados de Sol declararon su apoyo incondicional a los de Barcelona tras la noticia del desalojo temporal. Un portavoz del Movimiento Toma la Plaza explicó que el desalojo en Barcelona "va a ser una palmadita en la espalda a la protesta". Los indignados de ciudades como Vitoria, Lleida o Bilbao también mostraron su solidaridad con los de la plaza Catalunya y anunciaron manifestaciones para la tarde de ayer. La operación policial, conjunta entre la Policía autonómica catalana y la Guardia Urbana, se saldó con la detención de dos jóvenes, Oriol P.S., de 24 años y vecino de Balaguer (Lleida), y Julián F.M., de 55 años y residente en la capital del Segrià, aunque tras prestar declaración en presencia de su abogado, los dos activistas quedaron en libertad con cargos.