Vitoria. Cuando el 22 de diciembre de 2009 el Parlamento Vasco pidió por unanimidad, a propuesta de Aralar, que el Gobierno Vasco completara el informe sobre las víctimas de motivación política que en la anterior legislatura levantó ampollas tanto en el PP como en el PSE, nadie sabía con seguridad a qué puerto podía llevar la decisión que se acababa de tomar. El vago apelativo que identifica a estas personas reúne a adolescentes asesinados por cantar en euskera, a jóvenes violadas por policías, a extranjeros muertos a tiros en controles de carreteras, a miembros de ETA con varios asesinatos a sus espaldas, a políticos de HB o de Eusko Alkartasuna, a carlistas, a obreros que se manifestaban en la calle, a mucha gente cuyo nexo en común fue el haber sido agredida, en mayor o menor medida, por cuerpos policiales o parapoliciales.

Ayer el Parlamento inició el camino de la reparación de este colectivo con la aprobación de la proposición no de ley nacida hace unas semanas de ese inédito consenso de diciembre de 2009. El texto exige la prestación de ayudas económicas para estas personas desde este mismo 2011, la creación de una ventanilla de atención "cercana" a esas víctimas, y una comparecencia periódica del Ejecutivo para dar cuenta de los avances que se produzcan.

También se aprobó la creación de una ponencia que trabaje a puerta cerrada, como en realidad se ha hecho hasta ahora, para ir progresando en "el reconocimiento a los más olvidados", según la portavoz de Aralar Aintzane Ezenarro; un camino que "no será corto ni sencillo", en palabras del socialista Jesús Loza, y que "llega tarde" para el jeltzale Iñigo Iturrate. Sin embargo, se trata de una medida aprobada con un "alto nivel de consenso", como destacó Mikel Arana, de Ezker Batua.

Así, los grupos, cada cual desde su propia perspectiva, analizaban con acierto las potencialidades y defectos de una proposición que obtuvo el respaldo parcial del PP -se oponen frontalmente a crear una ponencia que a juicio de Carlos Urquijo equipara a estas víctimas con las de ETA-, y la abstención UPyD. Y también el de la popular Mari Mar Blanco, que se ausentó del Pleno para no plasmar una ruidosa luz roja en el panel de votaciones entre los doce asentimientos de sus compañeros de partido.

el listado de landa Tampoco para Urquijo ha sido plato de buen gusto oficializar el carácter de víctimas de estas personas, pero el parlamentario lo tomó como una corrección a un texto, el del anterior director de Derechos Humanos, Jon Landa, que "imputaba a gobiernos democráticos y legítimos como los de UCD y el PSOE".

La retirada del listado de más de cien muertos y quinientos heridos recopilados por Landa en 2008, así como la descarga de responsabilidades al Estado en función de en qué año se produjeron los abusos, o la expresa diferenciación entre estas víctimas y las del terrorismo, han sido indispensables para que los socialistas y los populares entren al consenso. De ese listado se echará mano, en todo caso, para poner en marcha la ventanilla de atención a estas víctimas.

Estos precarios equilibrios demuestran que durante el último año y tres meses, todos los partidos se han dejado pelos en la gatera y han apartado el asunto de la pugna política. Ha habido reuniones a puerta cerrada, más acuerdos de cigarrillo y café que de comisión, y momentos críticos luego reconducidos para sacar adelante un texto cuyo principal valor ha sido el de reunir a la práctica totalidad del Parlamento en un tema especialmente delicado.

Para unos hay que hacer hincapié "en el papel del Estado garantizando la impunidad", como apuntó el portavoz de Eusko Alkartasuna Juanjo Agirrezabala; para otros se trata de saldar una "deuda" sin "equiparar lo que no es equiparable", como aseguró Loza, que ha trabajado todos estos meses para atraerse al PP al acuerdo. Ezenarro, que desde la aprobación de la proposición de diciembre de 2009 se implicó personalmente en la aprobación de la iniciativa, pedía ayer por su parte "hacer un examen crítico del pasado".

Para el portavoz de UPyD, Gorka Maneiro, que se abstuvo en la primera parte de la propuesta y rechazó la segunda, esta trata de "contraponer la violencia de ETA a la que de manera pomposa llaman violencia de motivación política".