MADRID. La presidenta del citado tribunal, Angela Murillo, preguntó al dirigente de la izquierda abertzale durante la celebración de la vista oral: "¿Usted condena rotundamente la violencia?" cuestión a la que Otegi respondió "no voy a contestar". La juez dijo entonces "muy bien, ya lo sabía".

El tribunal, compuesto por Murillo y los magistrados Teresa Palacios y Juan Francisco Martel, condenó al ex portavoz de Batasuna a dos años de cárcel y 16 de inhabilitación por un delito de enaltecimiento del terrorismo. No obstante, el Tribunal Supremo anuló después esta condena y ordenó a la Audiencia Nacional repetir el juicio al apreciar falta de imparcialidad en los tres jueces.

Consideraba el Supremo que la presidenta del tribunal que le enjuició incurrió en falta de objetividad al realizar la pregunta al líder de Batasuna sobre la condena. Murillo "expresó un prejuicio" en contra del acusado, decía el alto tribunal.

LA SALA DEL 69

Tras la petición realizada por la abogada de Otegi, Jone Goiricelaia, la Audiencia Nacional ya ha dado inicio al incidente de recusación recogido por la ley, que supone convocar una sala especial regida por el artículo 69 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), ya que entre los recusados hay más de dos magistrados de una de las salas.

La Sala del 69, integrada por 10 magistrados, estará formada por el presidente Angel Juanes, los presidentes de la Sala de lo Penal, de lo Social y de lo Contencioso-Administrativo y el magistrado más antiguo y más moderno de cada una de ellas. Una vez constituida, comenzará el trámite para designar un instructor (que se elige por turno) y un ponente de la recusación.

Otegi se encuentra en prisión preventiva por la causa de Bateragune desde el 16 de octubre de 2009 por orden del juez Baltasar Garzón, quien le imputó indiciariamente, junto al ex secretario general de LAB Rafael Díez Usabiaga y otros seis dirigentes de la izquierda abertzale, el intento de reconstruir Batasuna a través de un proyecto con el que pretendían crear "un referente político" que pudiera concurrir a las elecciones municipales y forales de 2011.

La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha solicitado para los siete acusados una pena de 10 años de prisión por integración en organización terrorista.