Vitoria. La posición que mantiene el Gobierno Vasco ante el paso dado por la izquierda abertzale con la presentación de Sortu, que ha dejado al Ejecutivo aislado entre el posibilismo de los nacionalistas y la firmeza de PP y UPyD, se ha encontrado con el rechazo de las víctimas del terrorismo que se manifestarán el próximo 9 de abril en Madrid en contra de la legalización de este sector político. La marcha, convocada por la AVT contra "la vuelta de ETA a las instituciones", supone un punto de inflexión por cuanto ha obtenido la adhesión de buena parte de las asociaciones de víctimas del terrorismo, un colectivo marcado en los últimos años por la división.
Ayer el consejero de Interior, Rodolfo Ares, se desmarcó en declaraciones a Onda Cero de la manifestación, a la que además de la AVT, Dignidad y Justicia, las fundaciones Miguel Ángel Blanco y Gregorio Ordóñez o la Asociación de Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado Víctimas del Terrorismo, asistirá Covite, la agrupación de este ámbito que más miembros suma en la CAV.
Ares afirmó que se trata de una marcha "preventiva" contra algo que "no se da", aseguró que los convocantes hablan de "hipótesis" cuando rechazan una legalización aún por verificar, y les pidió que "dejen trabajar con libertad" a los tribunales, así como que respeten su decisión "sea cual sea". Según el consejero, quien censuró que se acuse al Gobierno de negociar con ETA, "lo peor que se puede hacer es presionar a la Justicia".
Las palabras del consejero despertaron ayer la crítica entre las asociaciones que han confirmado su presencia en la manifestación. Desde el Parlamento Vasco, la representante del PP y presidenta de la Fundación Miguel Ángel Blanco, Mari Mar Blanco, interpretó las palabras de Ares como "una justificación para eludir su presencia" en la marcha. "El que quiera hacer segundas lecturas de la manifestación, del lema, que las haga, pero aquí no hay ninguna maniobra, la única lectura es conseguir que ETA esté fuera de las instituciones democráticas", explicó la hermana del concejal asesinado por ETA en 1997.
Blanco, quien destacaba ayer el hecho de que "por fin vamos a estar todas las asociaciones juntas", insistió en que la motivación de la protesta es "impedir a través del único instrumento que tenemos las víctimas, que es manifestarnos en la calle de forma cívica y democrática, que ETA esté de nuevo en las elecciones. Queremos conservar en el País Vasco unas instituciones democráticas como las que hoy tenemos, que no pasen a ser manchadas por quienes no condenan, ni rechazan ni asumen sus responsabilidad en todos los crímenes ocurridos, y no quieren pedir perdón", enfatizó.
"tirón de orejas" Por su parte, José Marco, vicepresidente de la AVT, no entiende "esta salida del señor Ares, que no ataca directamente a la manifestación, pero dice que es preventiva. ¿Y qué? Nosotros -continuó Marco- no pretendemos presionar a la Justicia, pero nos gustaría una mayor contundencia a la hora de decir que Batasuna-ETA no puede ni debe estar en las elecciones". Marco rechazó que la marcha se haya convocado "contra el Gobierno", pero sí supone "un tirón de orejas a todos aquellos políticos a los que les parece muy positivo que Sortu esté en las instituciones, que la izquierda abertzale, los que apoyan y han apoyado a terroristas, se puedan presentar a las elecciones".
El portavoz de la AVT dijo "respetar a quien no quiera secundar esta manifestación", pero lanzó una reflexión: "los batasunos hacen manifestaciones como quieren, donde quieren y cuando quieren, con los lemas que quieren, sean legales o no. ¿Tenemos las víctimas menos derecho a convocar una manifestación?".
Marco recordó además que "el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo declaró ilegal a Batasuna y a todos sus tentáculos no sólo por ser un grupo terrorista, sino porque el proyecto político que representa va en contra de la democracia y de los derechos humanos". Según el responsable de la AVT, Sortu "ni siquiera condena, solo repudia la violencia futura de ETA, y eso a las víctimas del terrorismo y creo que a la mayoría de los españoles no nos parece suficiente como para perdonarles esos cincuenta años de haber apoyado a terroristas".
Por último, Íñigo Molero, portavoz de la Asociación de Ayuda a las Víctimas del 11-M, reclamó una "voluntad política real de que ETA esté fuera de las instituciones". Según Molero, "es importante la unidad de las asociaciones de víctimas", y ahora ha llegado un momento en el que "parece que estamos todos de acuerdo, las asociaciones y la ciudadanía, en que ETA no puede estar en las instituciones de ninguna de las maneras". Por ello, pidió que los políticos se pronuncien con más claridad.
