Vitoria. La muerte de un hijo es uno de los varapalos más duros que puede padecer una familia. El mazazo es tal que la mayoría de los progenitores afectados afirman que la pérdida no se supera, sino que se aprende a vivir con ella. Por desgracia, el término "trauma" fue también el que, tal y como señalan varias víctimas, tuvieron que escuchar de sus ginecólogos dos madres que dieron a luz en la antigua Clínica Arana de Vitoria, un centro reconvertido hoy en un geriátrico a punto de ser renovado. A una, le dijeron el 8 de noviembre de 1971, un día después del nacimiento de una niña en perfecto estado de salud, que ésta había fallecido. Lo mismo le pasó a otra parturienta justo una década antes. Ambas sospechan que sus vástagos fueron robados para venderlos a otros padres por fuertes cantidades de dinero y que la noticia de la muerte de sus niños sólo fue una tapadera para enmascarar el negocio.
Mismo lugar, misma excusa, según denuncian sus familiares. "Los médicos alegaban que era un trauma que los padres vieran al bebé muerto, por esa razón les decían que ya le habían enterrado", cuenta Flor Díaz Carrasco, delegada del País Vasco de la Asociación Nacional de Afectados por Adopciones Irregulares (Anadir). Un colectivo que el pasado jueves presentó una demanda colectiva en nombre de las 261 personas que exigen una investigación penal del secuestro y tráfico de bebés. Toda una trama de adopciones ilegales en pleno siglo XX con ramificaciones en este territorio histórico. No en vano, Anadir certifica dos casos de bebés robados en Álava -habría denunciados 25 casos en la CAV y 300.000 en el Estado-.
Pese a que los primeros raptos surgieron en los años 40, con la llegada del franquismo, Díaz Carrasco desmiente que éstos sólo se hicieran a hijos de republicanos. Con el tiempo, los raptos adquirieron tintes puramente comerciales. "No quiero que se relacione con ideologías determinadas porque las víctimas han sido desde familias de derechas a las de izquierdas incluso entrado los años 80, cuando ya no existía el franquismo", aclara esta mujer que afirma que le "quitaron" a su hermano a finales de los años 60 en Cádiz.
"Modus operandi" Los dos casos denunciados en Álava demuestran que los implicados no disimulaban a la hora de argumentar la causa del fallecimiento repentino. "Cualquier tontería valía. Lo normal era decir que el bebé había sufrido una insuficiencia cardiorrespiratoria", agrega la delegada vasca de este grupo.
Ninguno de los progenitores podía tener serias dudas de los médicos. Ellas, no se enteraban ya que, según matizan en Anadir, para llevarse a los recién nacidos, no era extraño emplear en los partos anestesias "casi de caballo", que adormecían tanto a la madre como al hijo. Los maridos tampoco podían ser testigos de irregularidades, si se tiene en cuenta que su entrada en los paritorios no se oficializó hasta 1980. "Esto no significa que haya más casos en los que se diera la figura llamada del niño congelado, que consistía en enseñar un feto muerto".
Una señora que ya tenía más de tres hijos, primerizas o madres solteras podían ser las víctimas de esta siniestra trama en la que se veían envueltos, presuntamente, desde médicos, hasta matronas, pasando por notarios o religiosos. Pese a que un bebé podía costar unas 200.000 pesetas en 1970, Díaz Carrasco apunta a un único beneficiario de este mercadeo. "Los responsables eran los ginecólogos. Puede que las comadronas cobraran un plus por su silencio. Pero los del registro no lo tenían por qué saber si les llevaban un papel firmado por un médico", valora Díaz Carrasco, quien asegura que ha recibido llamadas de enterradores que dicen sufrir amenazas por desvelar que metían plásticos o algodones en ataúdes o cajas que sellaban posteriormente.
Dos historias Una de estas historias presuntamente robadas hace 40 años es la de la hermana de Noemí Soria. "La niña estaba rebosante de salud, pero al día siguiente del parto, el 8 de noviembre, en la Clínica Arana los médicos dijeron que ya la habían enterrado", explica. Al parecer, a esta primera incoherencia le siguió la que descubrieron en el legajo de abortos de la maternidad, donde figuraba que la criatura murió al cabo de diez minutos, cuando con sus padres estuvo "mucho más tiempo". Las sorpresas siguieron en su visita al camposanto. "Vimos que la fecha en la que fue enterrada era del 23 de noviembre, a pesar de que nació el día 7".
Estas sospechas hicieron a Noemí contratar a un detective, el mismo que investiga el tráfico de bebés en Cádiz y que ha podido comprobar que el facultativo supuestamente implicado sigue en activo. Sin embargo, esta mujer no es la única que indaga en este caso en Álava. "He podido conocer a una señora, de unos 80 años, que también vio cómo le arrancaban a su hijo de los brazos en aquella maternidad vitoriana, diez años antes que en el caso de mi hermana", confirma Noemí.
