Madrid. Los documentos filtrados el domingo por Wikileaks han puesto al Gobierno y la justicia española en una situación cuanto menos incómoda. ¿Cooperaron altos cargos del Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero y destacados fiscales en la estrategia de Washington de frenar o boicotear causas judiciales abiertas en el Estado español y contra políticos y militares estadounidenses? Según los ya famosos "cables" diplomáticos filtrados por la web, la respuesta es afirmativa. En los documentos queda al descubierto la especial preocupación de Washington por las causas abiertas por la muerte del cámara de televisión José Couso, los vuelos secretos de la CIA o las torturas en la base naval de Guantánamo.
Al respecto, la familia de Couso se mostró ayer muy "indignada" por el contenido de los documentos filtrados que revelan que Estados Unidos presionó a España para frenar la investigación sobre la muerte del cámara, ocurrida el 8 de abril de 2003 en Bagdad por los disparos de un tanque estadounidense. El hermano del fallecido, Javier Couso, señaló que sus abogados estudiarán los textos para saber por qué la fiscalía no actuó en defensa de cámara de televisión y anunció posibles acciones legales. Asimismo, Javier reconoció que las filtraciones les da fuerzas para continuar con el caso y que se conozca la verdad. "Siempre hemos sabido que existía connivencia por parte del Gobierno español, lo sabíamos por la gente buena que todavía existe en los entornos judiciales", manifestó. "Es algo que llevamos denunciando desde el primer momento, agregó el hermano de José Couso.
Documentos reveladores Un documento fechado en primavera de 2007 destaca que el Gobierno español estaba ayudando en el Caso Couso, según los documentos revelados por el diario El País. Así, en abril de ese año, en un encuentro entre el embajador estadounidense en el Estado, Eduardo Aguirre, y la vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega, ésta le aseguró que "estaba muy implicada en el seguimiento del caso" y que "una de las opciones que se estaban sopesando era la de presentar un recurso". Además, en enero de 2007, Cándido Conde-Pumpido mantuvo una entrevista con el embajador Aguirre para tratar el caso. El fiscal general del Estado explicó que el Gobierno no podía hacer nada, pero que los fiscales "seguirían oponiéndose" a las órdenes de detención contra los tres militares implicados.
Javier Couso señaló que se sienten indignados al constatar que tanto el Gobierno español como la Fiscalía General del Estado, "en vez de defender la soberanía nacional e investigar lo que le ocurrió a un ciudadano español, se ponga al servicio de una potencia extranjera y oculte la verdad". Y reprochó que Conde-Pumpido les mintió al contestarles que la Justicia española no tenía suficientes competencias como para investigar la muerte de su hermano cuando, según aseveró, se estaba viendo presionado por Washington. "Estados Unidos se pasa por el forro los derechos humanos y la Ley Internacional", denunció Javier Couso.
En otros casos, la versión de la Embajada estadounidense en Madrid da a entender que fiscales españoles explicaron a diplomáticos estadounidenses cómo actuar para entorpecer actuaciones de los jueces. Sin embargo, las reacciones por parte del Gobierno y del sistema judicial tampoco se hicieron esperar. Al respecto el ministro de Justicia, Francisco Caamaño, subrayó ayer que las decisiones de los fiscales "no pueden ser mas calaras y transparentes" y que éstas se adoptan "siempre fundadas y argumentadas". En sus palabras, los documentos de Wikileaks son una información de parte, basada en valoraciones subjetivas que se permiten en entornos discretos y que ahora "se descontextualizan", lo que afecta a sus eventuales interpretaciones. También se pronunció ayer la Fiscalía General del Estado, que defendió "la estrecha y fructífera relación de cooperación" con la Fiscalía de Estados Unidos, pero matizó que su postura en cada causa judicial se basa en "criterios estrictamente jurídicos, sin admitir ninguna clase de injerencia externa". Por su parte, la ministra española de Exteriores, Trinidad Jiménez, negó rotundamente que el Gobierno o la Fiscalía sufrieran presiones por parte de Estados Unidos o que España recibiera dinero por acoger a presos de Guantánamo, como también afirman algunos documentos de Wikileaks. Al respecto, uno de los "cables" señala que Estados Unidos habría ofrecido a España 85.000 dólares por cada prisionero que acogiera.
Entre los interlocutores diplomáticos de Estados Unidos estaban, según los documentos, la ex vicepresidenta Fernández de la Vega, el ex secretario de Estado de Justicia Julio Pérez Hernández y los altos cargos de Exteriores Ángel Losada, ex secretario de Estado, y Agustín Santos, jefe de gabinete de Miguel Ángel Moratinos. "Pensamos que ha quedado en papel mojado el Estatuto de la Fiscalía, que debe investigar los delitos y, en lugar de eso, los ocultan al servicio de otro país", denunció Javier Couso, quien reclamó, además, las dimisiones de Conde-Pumpido y del fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza. "Nos han estado mintiendo de manera descarada", concluyó.
