madrid. Ninguno de los cuatro nombres que saldrán del Senado para ocupar las vacantes que hace casi tres años debían haber quedado en el Tribunal Constitucional será de corte catalanista ni provendrá de aquella autonomía. Y eso que el PSOE había pactado tanto con el PSC de Montilla como con CiU (en el foro del Parlament de Cataluña) que uno de los dos nombres que debía defender en la Cámara Alta sería de un jurista catalán. Pero el precio que el PP ha puesto al acuerdo con los socialistas para desbloquear la renovación parece ser, precisamente, que, por ahora, no haya más catalanes en el Constitucional (ya vetaron a uno, Eugeni Gay Montalvo, en el debate de la sentencia del Estatut). Así, finalmente el PSOE ha propuesto como candidatos a la catedrática de Derecho Penal de la Universidad del País Vasco, Adela Asúa (una de las dos candidatas del Parlamento Vasco, elegida a propuesta de los socialistas) y a Luis Ortega, catedrático de Derecho Administrativo, nombrado por el parlamento de Castilla-La Mancha, también a propuesta del PSOE.
A cambio, el PP mantiene como candidato al ex presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Francisco José Hernando, y retira al magistrado Enrique López para sustituirlo por el catedrático de Derecho del Trabajo, Francisco Pérez de los Cobos. Sin embargo, no se trata de una concesión como tal ya que los populares no renuncian a presentar de nuevo a López, ex portavoz del Consejo General del Poder Judicial, para entrar en el TC a través del trámite del Congreso que, en noviembre, ha de renovar a otros cuatro miembros del Alto Tribunal. Rajoy lo dejó ayer claro: el nombre de Enrique López llegará a la Cámara Alta y "será el propio Tribunal Constitucional el que diga si cumple o no los requisitos para ser elegido". Y es que la causa del veto de su nombramiento directo por el Senado seguirá entonces en pié: no cumple con el requisito de quince años de servicio en activo.
problema Pero en torno a su sustituto, es decir en torno a Pérez de los Cobos, existe otra problemática y es que él no formaba parte de los 21 nombres designados inicialmente por parte de las Comunidades Autónomas para formar parte del TC en el cupo del Senado. Por tanto tendrá que pasar próximamente por la comisión de nombramientos de la Cámara para que se evalúe su idoneidad.
Sin embargo nadie pone en duda que en el acurdo alcanzado ayer entre el PSOE y el PP (lo rubricaron el ministro de Justicia, Francisco Caamaño, y el responsable del área en el PP, Federico Trillo), esa circunstancia se resolverá .
