madrid. El Consejo de Ministros aprobará hoy el anteproyecto de Ley de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2011, los terceros de una legislatura marcada por una recesión económica, que obligará al Ejecutivo a presentar sus cuentas públicas más austeras desde que ocupa el poder, con una subida del IRPF para las rentas más altas y bajo la sombra de la primera huelga general convocada contra José Luis Rodríguez Zapatero.

Se trata de las primeras cuentas públicas elaboradas tras la recesión, aunque el paro sigue instalado en un tasa cercana al 20% y el déficit del Estado supera el 9% del PIB. De hecho, el saldo negativo de las cuentas se ha convertido en la mayor preocupación del Gobierno ante las exigencias de Bruselas, lo que ha llevado al Ejecutivo a incluir en los Presupuestos la segunda subida fiscal que pone en marcha desde que llegara al poder. En esta ocasión, no será el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA), sino el IRPF en el que se creará un tramo específico para las rentas más altas (superiores a los 120.000 ó 130.000 euros) que tributarán entre dos y cuatro puntos más (pasarán del 43% al 45 o 47%).

recortes Bajo este escenario, Elena Salgado presentará las segundas cifras presupuestarias que elabora como vicepresidenta segunda y ministra de Economía y Hacienda, unas cuentas que estarán marcadas por una caída del gasto no financiero del 7,7%, hasta los 122.256 millones de euros, y por unos ingresos que, en términos de Contabilidad Nacional, se situarán en 104.539 millones de euros.

Como consecuencia de estas cifras, el Estado ha presupuestado, por tercera vez en ocho años, unas cuentas públicas con déficit, que supondrán un saldo negativo para la Administración Central del 2,3% del PIB en 2011, del 3,3% para las comunidades y del 0,8% para las entidades locales. Estas cifras serán parcialmente compensadas por el superávit de la Seguridad Social, que se situará en el 0,4%.

Aun así, el conjunto de las administraciones públicas (Estado, Seguridad Social, comunidades y ayuntamientos) registrará un déficit del 6% del PIB en 2011, cifra que el Gobierno confía en reducir al 4,4% en 2012 y al 3% en 2013 para cumplir con el mandato de Bruselas.

Estos números rojos han obligado al Gobierno a reducir algunas partidas que hasta el momento había considerado prioritarias, como la destinada a las inversiones, que en 2011 rondará los 13.500 millones de euros frente a los alrededor de 19.000 millones de 2010.

Además, las partidas ministeriales se verán recortadas entre un 14% y un 15%, volviendo así a los niveles del año 2006, mientras que las destinadas a financiar las prestaciones por desempleo caerá un 1,5%, hasta los 30.140 millones de euros.

trámite Una vez aprobado el anteproyecto de Ley de los Presupuestos, el texto será remitido previsiblemente el jueves que viene al Congreso de los Diputados, donde deberá pasar el trámite en Comisión y Pleno. Antes, decenas de altos cargos de la Administración comparecerán en la Cámara Baja para explicar las diversas partidas presupuestarias.

De esta forma, el Gobierno ha retrasado la presentación de las cuentas en el Parlamento para dejar pasar la huelga general convocada por CCOO y UGT el miércoles 29 de septiembre, en la que los sindicatos pretenden denunciar el quiebro en el discurso del Gobierno, los recortes para reducir el déficit y la malograda reforma laboral.