vitoria. Las relaciones del sector de la enseñanza concertada y el Gobierno Vasco están más enquistadas que nunca. Las reivindicaciones de esta red que escolariza al 50% del alumnado vasco por tratar de lograr una financiación completa han caído en saco roto. Pero no sólo eso. Ahora asiste con angustia al recorte salarial que están obligados a aplicar a los profesores con motivo de las medidas anticrisis propuestas por el Ejecutivo López. La decisión, recogida con rango de Ley como modificación de los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma Vasca, supone en el práctica vulnerar el convenio colectivo de la enseñanza privada, ya que impedirá abonar a los docentes su sueldo íntegro, algo que según recuerdan los centros que integran esta red, principalmente colegios religiosos e ikastolas, les coloca "al borde de la ilegalidad".
Así las cosas, las patronales vienen desde finales del pasado curso reflexionando acerca de si iniciar medidas legales en caso de que el Ejecutivo vasco proceda a recortar su financiación, algo que ya se da por hecho. Hasta el momento, los centros han mostrado su voluntad de agotar la vía administrativa para tratar de que el Ejecutivo vasco deje sin efecto esta modificación presupuestaria, al menos en lo que a los gastos de personal de la red concertada se refiere, pero aseguran que se les está acabando la paciencia. Ayer, en una reunión a la que asistieron representantes de Kristau Eskola, Ikastolen Elkartea, Eusko Ikastola Batza, Ikasgiltza y la Asociación Independiente de Centros, realizaron un último intento enviando a Educación dos escritos para que la bajada salarial no se llegue a aplicar. Pero, según ha podido saber DIARIO DE NOTICIAS DE ÁLAVA, si en el plazo de quince días no obtienen una respuesta satisfactoria, interpondrán un recurso contencioso-administrativo contra la Ley promovida por el Gobierno Vasco y refrendada por la Cámara.
La red concertada considera que la reducción del importe del concierto educativo correspondiente a los gastos de personal tiene una "incidencia negativa y grave". En un informe jurídico remitido al Gobierno Vasco con fecha de 11 de junio se concluye que el Gobierno Vasco infringe la Ley Orgánica de Educación (LOE). Esta Ley básica estatal, y por tanto, de aplicación obligatoria en todo el Estado, establece que los salarios del profesorado son abonados por la Administración como pago delegado. En Euskadi, esa cuantía se establece en base al convenio colectivo de la enseñanza privada.
La Ley aprobada el pasado mes de junio en el Parlamento Vasco con los votos a favor de PSE y PP para tratar de reducir el déficit público, establece que la cuantía que recibirán los profesores que ejercen la docencia en la red concertada será inferior a la pactada en el convenio. La patronal calcula que esta decisión les llevará a recibir cerca de 12.000 denuncias mensuales por impago. Es por ello que tras pedir amparo a la Cámara vasca, sin éxito, se ha decidido iniciar el camino a los tribunales. En la práctica, la reducción del salario planteada para esta red es similar a la que sufrirán los docentes de la escuela pública, donde también se ha notado el recorte como consecuencia de la crisis. Sin embargo, recuerdan que los colegios concertados, siendo los que escolarizan al 50% del alumnado vasco, reciben un tercio del presupuesto público destinado a la Educación. Así, un docente contratado por un colegio o ikastola de titularidad privada trabaja de media hasta 200 horas anuales más que uno de la pública, y en cambio cobra un 5% menos, por lo que consideran injusto que se les aplique el mismo recorte.
En otras circunstancias, la solución para tapar el inevitable agujero económico generado por la disminución de la financiación pública sería subir las cuotas que cobran los centros a las familias. Sin embargo, cuando se trata del pago del personal, el uso de las cuotas está totalmente prohibido, ya que éstas deben limitarse a los gastos de mantenimiento y funcionamiento. Por eso insisten en que el Ejecutivo vasco debe ayudarles en la búsqueda de una solución. De hecho, en la reunión mantenida ayer por las patronales acordaron también solicitar un encuentro con el Departamento vasco de Educación para tratar todos los "problemas técnicos" que se deriven de la aplicación de la disposición adición séptima de la Ley de modificación de la Ley de Presupuestos, que establece precisamente el recorte de la financiación pública para la red concertada en la comunidad autónoma.
tensas relaciones La posibilidad de llevar al Gobierno Vasco ante los tribunales, algo que según las fuentes consultadas cobra más fuerza que nunca, abre un antes y después en las relaciones entre Lakua y los centros de titularidad pública, y más aún cuando el anterior Ejecutivo demostró voluntad para tratar sus reivindicaciones económicas. De hecho, el que entonces era consejero de Educación, Tontxu Campos, se comprometió a articular una Ley del Sistema Educativo que contemplara la financiación al 100% de estos centros. Con la llegada de los socialistas a Ajuria Enea, los centros concertados volvieron a poner la idea sobre la mesa, aunque sin éxito. Precisamente, DNA se ha tratado de poner en contacto con Educación para conocer su opinión acerca del difícil escenario que se abre después de que la red concertada haya mostrado su intención de llevarle a los tribunales, aunque no ha encontrado respuesta.
