vitoria. A finales del pasado mes de marzo, el secretario de Estado de Política Territorial y responsable de Política Autonómica del PSOE, Gaspar Zarrías, salió a los medios con un anuncio que sumió al grupo del PNV en el Congreso de los Diputados en el más absoluto de los desconciertos. Decía Zarrías que pasada la Semana Santa se cerraría el acuerdo sobre el traspaso de las políticas activas de empleo a Euskadi, que estaba incluso cuantificado y que no se podría aplicar hasta septiembre como consecuencia del acuerdo presupuestario entre PSOE y jeltzales.
Dado que ese pacto presupuestario pone negro sobre blanco que el PNV ha de ser informado de la cuantificación de la transferencia, que este partido fija en 450 millones de euros y los socialistas limitan a 315, para los jeltzales sólo caben dos posibilidades: o Zarrías "habla por hablar" o los socialistas se han saltado el acuerdo que les permite gobernar en el presente ejercicio gracias a los votos del Grupo Vasco. Por ello, el diputado Emilio Olabarria preguntará al vicepresidente tercero y ministro de Política Territorial, Manuel Chaves, en la sesión de control al Gobierno del próximo miércoles, por estas "desconcertantes declaraciones".
Fuentes del grupo parlamentario nacionalista quieren que Chaves "desacredite a Zarrías o diga en cuánto se cuantifica la transferencia", aunque los nacionalistas temen que las palabras de Zarrías -lugarteniente de Chaves durante muchos años en la Junta de Andalucía y ahora de nuevo en Madrid- escondan algo más que "un juego propagandístico".
El PNV afirma que si la competencia se cuantifica en 450 millones, lo que supondría incluir las bonificaciones a la creación de empleo y la formación, "la transferencia podría hacerse mañana mismo". Puesto que Zarrías la ubica en septiembre, "como consecuencia del pacto entre PSOE y PNV", y la da por cuantificada, todo indica que la cifra es menor a la que exigen los jeltzales.
El eurodiputado socialista Ramón Jáuregui arrojó ayer luz sobre el asunto, ya que desde el Ministerio no se facilitó información al respecto. "Gemma Zabaleta me lo ha contado muchas veces, haría un trabajo estupendo unificando Lanbide con el Inem a través de la transferencia de 300 millones de euros de las políticas de empleo, pero el PNV lo ha vetado", afirmó ayer mismo a Onda Vasca-Grupo Noticias.
Esa es la cantidad, 315 millones en concreto, en que Madrid cifraba la transferencia. Los nacionalistas, por su parte, entienden que para cumplir el desarrollo competencial en esta materia, la de las políticas activas de empleo, tal y como se refleja en el Estatuto de Gernika y como lo ratificó en su día el Parlamento Vasco, la cuantificación no puede bajar de los 450 millones.
Por ello, los jeltzales incluyeron el retraso de la transferencia a septiembre entre las condiciones del acuerdo con los socialistas, para así poder negociar esos 450 millones con su respaldo a los Presupuestos Generales del Estado de 2011 como medida de presión. Es más, desde el grupo parlamentario se asegura que la cuestión "ya está casi en la negociación presupuestaria". Los nacionalistas no quieren que venga a Euskadi "mercancía averiada". Los socialistas vascos, a quienes el PSOE dejó en evidencia al obligar al lehendakari a incumplir su palabra de traer las políticas de empleo antes del pasado 1 de enero, creen sin embargo que el PNV ha ejercido el veto en Madrid para perjudicarles.
Así, el bloqueo a la transferencia es una cuestión de dinero -el Gobierno central quiere ahorrarse 135 millones de euros y el PNV pretende impedirlo-, o política -Lakua quería vender a la sociedad vasca un gran acierto de gestión y los jeltzales no quieren que lo haga-. En ningún caso se trata de la por otro lado innegable "complejidad técnica" a la que se aludió durante el otoño de 2009.
La cuestión es que el acuerdo presupuestario señala que los jeltzales deben dar el visto bueno a cualquier pacto que se alcance antes de septiembre, y parece que ese acuerdo ha llegado sin su conocimiento.
El diputado Josu Erkoreka ya advirtió el 10 de febrero al presidente del Gobierno de la "agresión" que supondría incumplir el pacto, aunque hay otro elemento más que invita a pensar que así ha ocurrido. Un desagraviado Patxi López aseguró el pasado 4 de febrero, junto a la vicepresidenta De la Vega, que la transferencia se cerraría antes del otoño.
