Vitoria. Ni siquiera acceder a la compra de una Vivienda de Protección Oficial es un proceso sencillo. Los adjudicatarios alaveses de uno de estos pisos públicos pronto comprenden las dificultades que les acechan a la hora de hacer frente a los pagos derivados del piso que les ha tocado. Se dan cuenta de esta situación en el momento en el que comienzan a arreglar los papeles para firmar las escrituras y poder así valerse de un préstamo bancario que cada vez es más caro de conseguir. Tanto es así que Álava es el territorio histórico que más renuncias a VPO acumuló el pasado año. En concreto, hubo 105 agraciados con una morada protegida -de un total de 261 adjudicatarios de los pisos promovidos por el Ejecutivo autonómico a través de la sociedad Visesa- que dijeron no a la misma. Es decir, un 40% del total.

Con los datos en la mano, facilitados por el Departamento vasco de Vivienda, la conclusión es sencilla: en Álava las renuncias son casi la mitad de las adjudicaciones. Incluso, en términos oficiales y administrativos, las superan gracias a aquellas adjudicaciones notificadas en diciembre de 2008 que estaban pendientes de que el cliente indicara si aceptaba o no. Teniendo en cuenta esta circunstancia, la cifra de rechazos ascendería a 276 pisos de carácter protegido.

En cualquier caso, la falta de dinero y las dificultades a la hora de obtener créditos parecen ser los motivos de las renuncias gestionadas el año pasado. No obstante, una mayoría de aquellos a los que la suerte les sonrió en el sorteo de las VPO -un 40%- no quiso especificar la razón por la que rechazaron el piso asignado. Sin embargo, todo indica que la crisis es el detonante de este abandono ya que un 16% de los que dijeron no alegó problemas económicos y financieros.

Las entidades bancarias se muestran reticentes desde hace varios meses a conceder hipotecas. Miran con lupa los ingresos de los agraciados con la VPO ya que precisamente este tipo de clientes suelen ser los que menos recursos disponen. En este sentido, un 12% rechazó el piso público ya que el precio les parecía "demasiado alto".

De hecho, el temor a no poder encarar los pagos y que, como resultado, se dé un embargo del piso, desencadenó en el conjunto de la CAV un fenómeno curioso en 2009. Todos los beneficiarios de las Viviendas Tasadas Municipales (VTM) -más caras que la VPO y más baratas que el mercado libre- promovidas por Lakua las rechazaron.

En ese sentido, el 100% de las renuncias de Bizkaia se dio en las promociones de vivienda de Ugao-Miraballes, apta para vivir desde 2008, según asegura el Departamento de Vivienda. Para las VTM de Gipuzkoa, el rechazo total se produjo en Eskoriatza, una promoción en construcción, cuya fecha final de entrega acaba el año que viene.

Por todo ello, las listas de espera de las viviendas protegidas se aceleran en busca de compradores. Algo vital para las promotoras ya que si no tienen un anticipo de los futuros inquilinos tampoco tienen los recursos suficientes para seguir con la edificación.

En otro orden de cosas, también llama la atención que un 10% de los ciudadanos que descartó la vivienda protegida lo hizo porque ya tenía otra, al ser adjudicatario de otro piso de protección pública. Un error que se debe a que la lista de espera no está actualizada. Es por ello, que políticos como el coordinador de EB, Mikel Arana, apuestan por hacer una revisión de las personas inscritas en Etxebide con el fin de que a una misma persona no le puedan tocar dos pisos.

Bizigune Por lo que respecta al programa de Bizigune, de movilización de viviendas vacías para su alquiler, el número de renuncias en la CAV en 2009 fue de 2.500. En este caso, Álava ocupó el segundo puesto, con un 63% de rechazos frente al 76% en Gipuzkoa y el 62% de Bizkaia. Una situación diferente ocurrió con las viviendas que se adjudican en régimen de propiedad. Álava alcanzó un 90% de rechazos a través de los tanteos y ofertas de venta en los que intervino la Sociedad Pública de Viviendas en Alquiler (SPGVA) para calcular el precio de las segundas transmisiones de VPP o interviniendo en la compra-venta de éstas para evitar sobreprecios.

Ante este contexto, durante la tercera jornada de las Mesas del Pacto Social reunidas en Zamudio este martes para debatir sobre la política de alquiler de los próximos años, la viceconsejera de Vivienda, Mari Paz Larrumbide, aseguró que la apuesta es el impulso de los pisos de alquiler, pero debido a la limitación de recursos y a la"coyuntura económica actual", es preciso proseguir con la construcción de viviendas en propiedad en la CAV.

Larrumbide explicó una nueva vía que consiste en la construcción de 1.600 pisos por parte de los promotores de viviendas en el conjunto del País Vasco, que pasarán al mercado de alquiler público mediante un mecanismo de concesión al Ejecutivo autonómicoo durante 30 años. Una vez transcurrido este tiempo, las viviendas revertirán a Lakua que verá incrementado su parque estable de viviendas en alquiler.