la inminente resolución del Tribunal Constitucional (TC) sobre el recurso de inconstitucionalidad del Estatut catalán planteado por el Partido Popular el 31 de julio de 2006 y un filtración sobre dicha resolución, dando por hecho que los magistrados del TC aprecian aspectos de inconstitucionalidad en, al menos, 40 de los 126 artículos impugnados, ha provocado un evidente malestar entre la sociedad catalana, que ve cómo un derecho ampliamente asumido por una amplia mayoría no tiene sin embargo cabida en la España legal.

Sus representantes políticos han puesto música a la indignación, lanzando ardientes soflamas contra semejante afrenta, mientras la letra la subscribían todos los periódicos que se editan en la nación catalana, que dejaron a un lado sus matices para consensuar y asumir un texto común en defensa de la norma.

El Estatut, sancionado por referéndum el 10 de mayo de 2006 con una participación del 48,85%, es decir, por menos de la mitad del censo electoral, se ha convertido ahora en una especie de Santo Grial para el catalanismo activo y pasivo. Lo que antes despertaba indiferencia o rechazo ahora se convierte en un poderoso vínculo identitario, capaz de unir en su defensa a todo el espectro político catalán, incluida la propia Esquerra, que optó por pedir el no en el referéndum, como el PP.

Paradójicamente y a la espera de saber cómo será la resolución final del recurso, el TC ya ha logrado con su amenaza de inconstitucionalidad otorgar al Estatut cuerpo y alma entre la ciudadanía catalana.

El presidente de la Generalitat, José Montilla, ha subrayado la "voluntad insobornable" de Catalunya de desarrollar esta ley orgánica, puesto que "es nuestra ley, nuestra voluntad".

El presidente de CiU, Artur Mas, quiere aportar sentido práctico al asunto proponiendo al resto de partidos catalanes pactar un plan b, que pasaría por ir más allá de la vía estatutaria y unir fuerzas para conseguir el traspaso de los aeropuertos de Catalunya y el concierto económico.

El portavoz del PSC, Miquel Iceta, considera que tanto socialistas catalanes como españoles, "empezando por Zapatero", se sentirán "desautorizados" de confirmarse el fallo; el secretario general de ERC, Joan Ridao, adivina "el final del estado autonómico" y la ocasión de montar "una auténtica fábrica de soberanistas"; mientras el secretario general de ICV, Joan Herrera, opina que si el TC declara inconstitucional el Estatut obligaría a una reforma de la Carta Magna o del mismísimo Alto Tribunal.

Obviamente, el Partido Popular se mantiene al margen de la algarabía, convertido en el enemigo común, y su presidente, Mariano Rajoy, también se ha puesto solemne al recordar al presidente de la Generalitat, José Montilla, y a todos los demás líderes catalanes que hay que respetar "las reglas del juego" y "acatar" la sentencia del Constitucional.

el controvertido tc Lo cierto es que tras una convulsa semana la inminente resolución del TC sobre el Estatut de Catalunya ha elevado a categoría lo que antes era tachado de subproducto. Un Estatut que en su una larga trayectoria legalista fue dejando en el camino buena parte de sus contenidos originales, de ahí su irreprochable factura democrática.

El Estatut de Catalunya fue aprobado por el Parlament a través de un amplio consenso político. Después fue corregido y limado por el filtro español a su paso por el Congreso y el Senado. Y, finalmente, el pueblo catalán lo aprobó en referéndum por una amplia mayoría, con 73,90% de votos a favor, 20,76% en contra y 5,34% papeletas en blanco.

Si hay algo más legal que el Estatut que venga Dios y lo vea.

Por eso el ciudadano normal se hace la siguiente pregunta ¿qué se creen que son esa docena de leguleyos del Tribunal Constitucional para tirar abajo semejante montaje?

Para los más iniciados el TC, la última instancia judicial, ofrece además la imagen de un cuerpo viciado y en franco proceso de descomposición. Hasta uno de sus miembros, Roberto García-Calvo y Montiel, se ha muerto y aún no tiene relevo.

Sus integrantes son nombrados por los dos principales partidos del Estado, PSOE y PP, preservando sus respectivas cuotas de poder e influencia, luego los elegidos están políticamente contaminados. Además, no son capaces de renovar a cuatro de sus magistrados, cuyo mandato expiró en 2007, por el bloqueo impuesto por el PP y la falta de cintura de los socialistas para solucionar una instancia considerada clave en el Estado español.

Por otro lado está el sesgo particular de los magistrados que deben juzgar la legalidad o no del Estatut.

Si antes parecían juristas de otro planeta, por encima del bien y del mal, ahora se sabe que hay un bloque progresista y otro conservador.

Que Pablo Pérez Tremps está apartado de las deliberaciones tras ser recusado por el PP. Que otro catalán, Eugeni Gay, defiende con ardor la legalidad del Estatut, mientras uno de los progres, Manuel Aragón, hace la guerra por su cuenta y no pasa por eso de que Catalunya sea "una nación", fundiéndose en un abrazo doctrinal con Jorge Rodríguez Zapata, el más ultraconservador del otro bando.

Para más inri, la presidenta del TC, María Emilia Casas, reconoce su pudor por juzgar este controvertido tema cuando su mandato está prescrito y, además, o por eso mismo, prefiere mantenerse neutral y no hacer uso de su voto de calidad.

Otra paradoja. Si el Estatut sale revitalizado a los ojos de la ciudadanía catalana, el Tribunal Constitucional está sufriendo un desgaste descomunal, hasta el punto de que son muchas las voces que se alzan dudando de su emblemática función, o piden una dimisión en bloque para ser consecuentes: con tantas irregularidades no parece coherente tomar una decisión que puede poner en pie de guerra a toda una sociedad.

En medio del controvertido debate ha terciado también el presidente del Gobierno central, José Luis Rodríguez Zapatero, y su buen talante. Zapatero ratificó el pasado martes desde Egipto, donde estaba de viaje oficial, su confianza en el "buen criterio" del TC y pidió "calma" hasta que no se conozca la sentencia, convencido de que "las cosas discurrirán razonablemente bien" y convencido de que el pronunciamiento no se producirá antes de Navidad.

Mientras tanto, otro tablero político entra en juego. Con el recurso de inconstitucionalidad, el PP ha reforzado su papel de guardián de la esencia española, lo cual, lo saben de sobra, da muchos votos.