La convicción de que el euskera, como lengua cooficial, debe tener para las administraciones públicas la consideración de responder a los derechos de la ciudadanía debería ser un principio que lo liberara de cuestionamientos políticos y judiciales que lo siguen haciendo objeto favorito de desgaste de una cierta sensibilidad ideológica clara. Si empezamos por Navarra, la tradición de la derecha regionalista ha sido ceder a empellones y de mala gana al reconocimiento del derecho de los euskaldunes –los que lo son y los que aspiran a serlo– a ser atendidos y educados en la lengua cooficial de su elección. Así nació la zonificación como mecanismo de contención de su uso y expansión. En el caso de la Comunidad Autónoma del País Vasco (CAPV) el compromiso de la sensibilidad mayoritaria ha propiciado el fomento, el rescate y la protección de la lengua desde la misma cooficialidad pero de un modo más decidido. No obstante, persiste un pulso interpretativo sobre la presunta colisión de derechos que ha sido argumentada en sucesivas sentencias de la Sala Contencioso Administrativa del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV), que sistemáticamente ha sometido el derecho a ser atendido en la lengua cooficial de elección al de acceso a la función pública son conocimiento de las dos lenguas. En el marco de ese debate, el Gobierno Vasco se dispone a incorporar un decreto cuyo objetivo es dotar de soporte jurídico las decisiones de todas las administraciones públicas en materia de valoración del conocimiento de las lenguas para contrataciones en el sector público. La fórmula, que como modelo legal cabría extrapolarse a cualquier territorio administrativo con presencia de dos lenguas cooficiales, opta por flexibilizar los criterios asociándolos a perfiles asimétricos en los requisitos lingüísticos de los puestos de las administraciones, para ser más eficiente y acorde a la propia evolución del uso de la lengua y la demanda de atención que ha experimentado desde la sociedad en las últimas décadas. La seguridad jurídica que puede aportar una iniciativa legislativa de este tipo bebe de la experiencia de los procesos judiciales instados en el pasado por PP, Vox y algún sindicato de ámbito estatal. No obstante, las arremetidas contra el euskera difícilmente se detendrán por ello en tanto acreditan una intención ideológica recalcitrante.