La crisis económica ha puesto a las televisiones públicas autonómicas en el punto de mira de la sociedad y, sobre todo, de los partidos políticos. Se encuentran dentro de una tormenta de ideas sobre ellas que abarca todos los modelos posibles para abaratar sus costes: privatizarlas o simplemente hacerlas desaparecer. En los últimos ejercicios todas ellas han sufrido un descalabro presupuestario por parte de las administraciones que las sustentan y por la reducción de los ingresos publicitarios. Cierre, venta, reducción drástica de plantilla, ajustes de contenidos... son las situaciones a las que se enfrentan estos entes de carácter público.

La aprobación de la reforma de la Ley General de Comunicación Audiovisual realizada el 25 de julio da luz verde a que las cadenas de Forta sean participadas por empresas privadas o cedidas en su gestión integral. Negros nubarrones se ciernen sobre las doce cadenas de Forta y cada una de ellas está tomando un camino diferente. Las promesas que Rajoy hizo en las elecciones de noviembre de 2011 sobre estos canales parece que van tomando forma.

La televisión de Murcia se enfrenta a un proceso de privatización integral. El ente de Andalucía ha decidido cerrar el segundo canal. Las televisiones de Extremadura y Aragón han externalizado sus contenidos. Aunque Esperanza Aguirre había anunciado que Telemadrid seguiría los pasos de Murcia, la patata caliente quedará en manos de su sucesor. También el grupo público de comunicación catalán se suma a los recortes de presupuesto, reducción de canales y ajustes de plantillas.

situación en la cav ETB no es ajena a esta tormenta y está siendo cuestionada desde hace tiempo. Las últimas declaraciones han sido las de Antonio Basagoiti, candidato a lehendakari por el PP, que pretende dividir Euskal Telebista, de forma que solo ETB-1 quede en manos de la administración, y ETB-2, ETB-3 y ETB-Sat tengan una gestión privada. Una idea de la que tampoco está alejada de las pretensiones de EH Bildu y que también ha sugerido en más de una ocasión el socialista Jesús Eguiguren.

En EITB la crisis económica y los recortes del gobierno de López lleva haciendo mella desde 2010: los presupuestos se han ido reduciendo y los ingresos publicitarios han tenido un importante descenso. Los actuales gestores no han tomado ninguna medida, a pesar de que hace un año, en septiembre de 2011 se hizo público un informe realizado por una empresa madrileña a petición de Blanca Urgell, actual consejera de Cultura, en el que se sugería la reducción de 200 puestos de trabajo en la plantilla del ente. La noticia cayó como una bomba entre los cerca de 1.100 trabajadores. Por el momento, ni el departamento que dirige Urgell ni el ente han tomado ninguna medida. Desde todos los ámbitos suenan tambores de reforma en el seno de EITB, pero las medidas que se tomen serán tema del próximo gobierno vasco, ya que las horas están contadas para los actuales gestores. Un paseo por el resto de las cadenas que constituyen el grupo de Forta muestra un panorama desolador para el sector público audiovisual.

El grupo valenciano de comunicación es uno de los que más ríos de tinta han hecho correr: en julio se anunció un ERE para 1.295 trabajadores de los 1.695 que conforman la plantilla. Tan solo quedarían 400 profesionales. Esta medida supondrá un ahorro de 54 millones de euros anuales en gastos de personal.

Por su parte, Canal Sur ahorrará 20 millones de euros cerrando su segundo canal, medida que será efectiva a partir del mes de octubre. La decisión, anunciada por el director general del ente, Pablo Carrasco, pilló de improviso a los 1.600 trabajadores. De momento, se mantiene la plantilla íntegra, aunque los trabajadores temen despidos.

El Gobierno murciano anunció a finales de agosto que pondría en marcha los mecanismos para la privatizar en 2013 la gestión de la televisión pública regional. El plan consiste en mantener hasta final de año una emisión de continuidad mínima, compatible con la importante reducción del presupuesto y de la plantilla que se va a emprender en el ente, creado hace seis años. Ha sido el primer gobierno en iniciar el camino de la privatización.

A la hora de meter la tijera en las televisiones públicas, fue el gobierno catalán el que inició los recortes. Fue hace casi un año, en noviembre de 2011 cuando se anunció una reducción de 40 millones de euros en el presupuesto del ente público de comunicación y el cierre de dos canales. Se anunciaron rebajas salariales pero manteniendo su plantilla, 2.700 trabajadores. En Telemadrid tampoco sopla el viento a favor y los trabajadores ven cercano un ERE masivo. El gobierno de la comunidad madrileña inició a primeros de este mes un concurso para buscar una empresa que les asesore en la privatización de sus canales. Esperanza Aguirre ha abanderado con pasión seguir este modelo de televisión de gestión no pública. También la presidenta Cospedal ha anunciado la privatización de Castilla-La Mancha TV. La crisis está golpeando con fuerza este sector.

Las televisiones públicas estatales han gozado de ciertos privilegios de endeudamiento que en tiempos de crisis parecen muy difíciles de justificar. Uno de los grupos que se ha salvado de esta situación ha sido Euskal Irrati Telebista que nunca ha recurrido al endeudamiento y se ha ajustado en todo momento a las subvenciones del Gobierno Vasco y a los ingresos por publicidad. No ha ocurrido lo mismo con otras cadenas, especialmente Canal Sur o Canal 9, los entes de Andalucía y Valencia, también Telemadrid y TV3 han tenido y tienen déficit que han puesto en cuestión su gestión. Los trabajadores del ente andaluz se han quejado de la cantidad de estrellas que han pasado por sus cadenas y de cómo se han pagado cifras muy elevadas tanto a presentadores como a productoras. La autonómica valenciana ha seguido un camino paralelo y también la madrileña: "Han sido televisiones que han servido como lanzadera económica y que han dejado de lado su función de servicio público", señalan críticos del sector audiovisual.