La Comisión Europea (CE) propuso ayer reglas para reforzar la independencia de la prensa, proteger el servicio de los medios públicos y hacer pública la información sobre la propiedad de las empresas de comunicación.
La “directiva de libertad de prensa” busca consagrar en ley el principio de la información como un bien público tras los escándalos de espionaje a periodistas, las dudas sobre la independencia de los medios públicos o la opacidad de las campañas gubernamentales en la prensa.
Bruselas considera que la situación se ha deteriorado y justifica que el sector de la prensa es “esencial para una esfera pública sana, para las libertades económicas y los derechos fundamentales”, con lo que se debe regular con unos mínimos comunes.
“Tenemos que establecer unos principios claros: ningún periodista debe ser espiado por su trabajo; ningún medio de comunicación público debe convertirse en canal de propaganda. Proponemos salvaguardias comunes para proteger la libertad y el pluralismo de los medios en la UE”, subrayó la vicepresidenta de Valores y Transparencia, Vera Jourová.
Más salvaguardas
Los medios de comunicación públicos, a menudo en el punto de mira de gobiernos y oposición a partes iguales, adquieren un papel protagonista en la propuesta de la CE, en la que se señala que su independencia o incluso existencia “no pueden darse por sentadas” porque pueden cambiar con la llegada de un nuevo Ejecutivo o verse afectadas por ataques de partidos extremistas.
La propuesta para la directiva señala que la cúpula de estos medios de comunicación “debe ser elegida de una forma transparente y no discriminatoria”, de forma que representen los puntos de vista de la totalidad de la población.
Los altos cargos de los medios públicos pueden ser cesados de su cargo antes del final de su mandato “solo excepcionalmente, cuando ya no cumplan con las condiciones legalmente definidas para realizar sus deberes” o por conductas graves.
El presupuesto de los medios públicos, por otro lado, debe asignarse de manera multianual para evitar que se conviertan en pieza de cambio en las inevitables negociaciones de las cuentas anuales en cada país de la UE, argumenta Bruselas.
Violación de derechos Humanos
Mientras, Pablo González Yagüe, el periodista encarcelado en Polonia desde el pasado mes de febrero, denunció ayer su situación ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
El periodista explicó su enorme frustración por no poder contactar con sus hijos menores de edad ni con otros familiares y amigos: “Como viven en otro país sufro una mayor presión psicológica y una mayor sensación de soledad”.
González denunció estar solo en una celda sin ventilación. El aislamiento es “total”. El periodista denunció a Estrasburgo que ni siquiera se le permite acudir a las zonas comunes cuando hay otros presos.
Valoración
Reporteros sin fronteras
Insuficiente. Reporteros sin Fronteras (RSF) considera “un avance” pero también “insuficiente” la propuesta de la CE e insiste en que habrá que mejorarla en algunos aspectos. RSF subraya que “es todavía insuficiente en ciertos aspectos” y “trabajará para mejorarla”.
Buena voluntad. Para el secretario general de RSF, Christophe Deloire, hay que defender la propuesta porque “marca la voluntad de la CE de preservar los valores de la Unión frente a potencias privadas, a Estados autoritarios y a manipulaciones exteriores”. A ese respecto, recoge propuestas de la propia organización, y en particular su iniciativa internacional en favor de la información y la democracia.
