- El paso a la segunda vuelta de las presidenciales francesas de la candidata ultraderechista Marine Le Pen y las posibilidades reales de ser elegida el 24 de abril genera inquietud en los mercados y en los principales socios franceses por diferentes puntos de su programa.
La llamada “preferencia nacional” busca que, en igualdad de condiciones, los franceses pasen por delante de los extranjeros (incluidos los de otros países de la UE) cuando optan a cualquier empleo del sector público o privado, pero también en la atribución de viviendas sociales o de otras prestaciones. Los extranjeros solo tendrían derecho a esas prestaciones después de cinco años de trabajo en Francia. Esas disposiciones discriminatorias contravienen reglas básicas de la Unión Europea (UE) y entran en conflicto con la Constitución francesa.
Le Pen pretende obligar a las administraciones públicas de su país a contratar con empresas francesas. Tiene intención de nacionalizar las autopistas y una de las principales sociedades concesionarias está en manos de Abertis.
La candidata afirma que en Francia hay una “inmigración descontrolada” y quiere someter a referéndum una serie de reglas para restringir el derecho de asilo, que solo se podrían solicitar desde el extranjero y poner fin al reagrupamiento familiar. También para prohibir las regularizaciones de sin papeles y permitir su expulsión de forma sistemática, así como penalizar su entrada irregular en Francia.
Marine Le Pen ha abandonado su propuesta de 2017 de sacar Francia del euro, pero sigue chocando con algunos de los principios básicos de la UE. Por ejemplo con su voluntad de imponer la primacía de la legislación francesa sobre la comunitaria. También quiere reducir a la mitad la contribución francesa al presupuesto de la UE; su oposición a los tratados de libre comercio; y su voluntad de restablecer los controles fronterizos en Francia y renegociar los acuerdos Schengen.
Con el inicio de la guerra en Ucrania, que ha condenado, pero se ha mostrado más que tibia con las sanciones a Moscú y se ha desmarcado de la posición de Francia, en favor de una posición dura de la UE.