- Las sentencias del Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) que avalan la condicionalidad de los fondos europeos al respeto del Estado de derecho abren el camino para suspender pagos a Polonia y Hungría, pero la Comisión Europea estudiará el veredicto antes de actuar. Varsovia y Budapest han perdido su batalla contra este mecanismo en la Justicia europea, que ayer rechazó sus recursos al concluir que la normativa tiene una base jurídica sólida y respeta las competencias de los Estados miembros y el principio de seguridad jurídica.
El fallo despeja el camino para que esta última institución pueda activar el procedimiento para congelar el desembolso de fondos de cohesión, agrícolas e incluso del fondo de recuperación a los dos países, que tienen frentes abiertos por diversas vulneraciones del Estado de derecho, entre ellas ataques a la independencia judicial. Esto supone poner en peligro la llegada de miles de millones a Polonia y Hungría, que son dos grandes beneficiarios, por ejemplo, de la Política de Cohesión: el primero tiene previsto recibir 75.000 millones hasta 2027 y la cifra asciende a 22.500 millones en el caso húngaro.
Además, el Ejecutivo comunitario sigue sin aprobar los planes nacionales de recuperación presentados por los gobiernos de Mateusz Morawieki y Viktor Orbán, que contienen ayudas por valor de 23.900 millones y 7.200 millones respectivamente.
Sin embargo, en una rápida reacción después de conocer la sentencia, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, expresó que la institución se tomará tiempo para estudiar “detenidamente” el fallo antes de tomar cualquier decisión. “Prometo que no se perderá ningún caso”, defendió la alemana.
El reglamento entró en vigor el 1 de enero de 2021 y Bruselas tenía derecho a iniciar el procedimiento de suspensión de fondos desde entonces, pero siempre prefirió esperar a conocer el veredicto de los jueces del TJUE.
Con las sentencias ya en sus manos, el Ejecutivo comunitario elaborará también unas directrices cuya finalidad será “dar claridad” a la forma de “poner en marcha” el procedimiento, según defendió en una rueda de prensa la portavoz Dana Spinant.
Bruselas evitó en todo momento detallar cuánto tiempo tardará en elaborar esta serie de orientaciones sobre el procedimiento a seguir cuando se inicie un caso y se limitó a señalar que requiere un análisis minucioso de la sentencia que podría llevar “semanas”. “No podemos decir con precisión cuando van a ser adoptadas. Estudiaremos el fallo del Tribunal y su razonamiento; como es costumbre, lo haremos lo más rápido que podamos”, sentenció Spinant.
En este contexto, la presidenta de la Eurocámara, Roberta Metsola y los principales grupos del Parlamento Europeo urgieron a la Comisión Europea a actuar con celeridad y a lanzar formalmente los procedimientos para suspender el desembolso de fondos a Polonia y Hungría.
En otra comparecencia tras desvelarse el fallo, los eurodiputados responsables del mecanismo de condicionalidad advirtieron de que sería “peligroso” retrasar todavía más la retención de fondos a estos dos países. “Podemos entender que tienen que leer la sentencia, pero eso es cuestión de días. Los servicios jurídicos de la Comisión son competentes y la sentencia no es una sorpresa (...) Esperamos que la Comisión tenga hechos los deberes y que no haya estado de brazos cruzados esperando la sentencia de hoy”, dijo en otra rueda de prensa la eurodiputada socialista española Eider Gardiazábal.
La falta de diligencia de Bruselas ya llevó a la Eurocámara en octubre del año pasado a demandar precisamente ante el TJUE a la institución presidida por Ursula von der Leyen por considerar que estaba retrasando de manera fraudulenta la activación del mecanismo.
No fuerza mayor
Fuerza mayor
Totales
Satisfacción en ONG. Destacadas ONG, como Transparencia Internacional y Amnistía Internacional, celebraron la sentencia de la Justicia europea que avala el condicionamiento de los fondos europeos al respeto del Estado de derecho, y pidieron su aplicación para luchar contra la corrupción y defender la democracia. Según Amnistía Internacional, Hungría y Polonia han mostrado una deriva preocupante en cuestión de libertad de prensa, independencia de los jueces y otros principios fundamentales del Estado de derecho.
