El Gobierno ultranacionalista húngaro de Viktor Orbán mantuvo en 2021 sus ataques contra las instituciones democráticas, la prensa y la comunidad LTGB+, denuncia la ONG Human Rights Watch (HRW) en su informe anual publicado este jueves.
Esta organización de defensa de los derechos humanos recuerda en su "Informe Anual 2022" que aún sigue vigente el estado de emergencia por la pandemia aprobada en marzo de 2020 gracias a la mayoría absoluta con la que cuenta Orbán y que le permite gobernar mediante decretos en temas sanitarios.
El estado de emergencia incluye un sistema jurídico especial bajo el que el Gobierno puede utilizar decretos para suspender la aplicación de las leyes, derogar disposiciones y adoptar otras medidas extraordinarias.
ATAQUE A LA PRENSA
En lo que se refiere a la prensa, HRW recuerda que la mayoría de los medios de comunicación están controlados por el Gobierno, lo que tiene un "efecto paralizante" sobre el periodismo independiente.
En julio se publicaron informaciones de que los teléfonos móviles de varios periodistas críticos con el Gobierno podían haber sido espiados con el programa Pegasus, cuya adquisición fue finalmente reconocida por el Gobierno, aunque sin revelar para qué se emplea.
HWR también denuncia la ley por la que se crearon 32 fundaciones, nombradas por el Gobierno pero financiadas por el Estado, para controlar instituciones públicas, la mayoría universidades, con lo que su gestión se privatiza y queda fuera del control parlamentario.
COMUNIDAD LGTB+
"El Gobierno sigue socavando los derechos de los miembros de la comunidad LGBT+", afirma también Human Rights Watch en el informe.
El pasado junio se aprobó una ley que relaciona la pedofilia con la homosexualidad y prohíbe que en los colegios se hable sobre la identidad de género y la orientación sexual para menores.
En agosto la ley se amplió con un decreto que restringe la venta de productos que "promueven" o "representan" la diversidad sexual y de género, prohibiendo toda venta de este tipo de materiales a menos de 200 metros de lugares frecuentados por niños.
Esta ley ha generado un gran debate y la Comisión Europea ha iniciado un procedimiento contra Hungría, algo que Orbán rechaza como un ataque a la soberanía nacional y al derecho de los padres a educar a sus hijos como quieran, y en abril someterá la ley a referendo, coincidiendo con las elecciones generales.
Las políticas del Gobierno no han cambiado en el tema migratorio, reporta HRW, y continuaron las "devoluciones en caliente" hacia Serbia, a pesar de que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos dictaminó en junio que se trata de una vulneración de la prohibición comunitaria de expulsión colectiva.
