Los ministros de Exteriores de la Unión Europea pidieron este lunes al alto representante para la Política Exterior, Josep Borrell, que empiece a preparar una serie de medidas contra Nicaragua, que podrían incluir sanciones, tras las elecciones del 7 de noviembre, para las que los opositores al presidente Daniel Ortega están encarcelados. Los ministros abordaron la cuestión a petición de España, cuyo ministro de Exteriores, José Manuel Albares calificó la situación actual en Nicaragua de "fraude electoral".

"No se dan las condiciones mínimas para que pueda haber un proceso electoral democrático, libre, transparente y competido", aseguró el jefe de la diplomacia española al término de la reunión. Por eso, el Servicio Europeo de Acción Exterior, dirigido por Borrell, va a empezar a trabajar una serie de medidas "que incluirían, si es necesario, una tercera ronda de sanciones a nivel personal, también en el entorno del presidente Ortega", aseguró Albares.

La UE prorrogó la semana pasada hasta octubre de 2022 y por segundo año consecutivo las sanciones que aprobó contra Nicaragua en 2019, que incluyen a 14 personas.

Ninguna de ellas puede entrar en territorio comunitario y se les han congelado los activos y acciones que tengan en la UE. "Una vez llegue el 7 de noviembre y se produzca lo que en estos momentos parece desgraciadamente bastante inevitable es cuando vamos a barajar esas posibilidades", aseguró Albares. El ministro dijo que no es "muy optimista" respecto a los próximos comicios en el país centroamericano. Un mensaje muy similar al que lanzó Borrell en la rueda de prensa posterior al encuentro, donde dijo que Ortega y su mujer, la vicepresidente Rosario Murillo, han "garantizado su victoria (...) por medio de encarcelar a la oposición".

Borrell, además, aseguró que en Nicaragua existe "una de las peores dictaduras en el mundo". "Lo que va a suceder pronto son elecciones falsas organizadas por una dictadura", señaló el alto representante, por lo que espera "poner más presión sobre el régimen". Ante esta situación, donde "desde 2018 la represión violenta ha dejado al menos 328 muertes en las calles", la UE, dijo el exministro español, "seguirá insistiendo en la democracia, los derechos humanos, el Estado de Derecho, la liberación de presos políticos y la organización de elecciones justas y libres".

BIELORRUSIA

Los ministros de Exteriores prepararon también la reunión que celebrarán el mes que viene y la cumbre en diciembre con los países del partenariado oriental, Ucrania, Georgia, Armenia, Azerbaiyán, Moldavia y Bielorrusia.

Una reunión a finales de año en la que no está prevista, según fuentes europeas, que asista el presidente bielorruso, Alexandr Lukashenko, al que los países de la UE acusan de enviar migrantes a Polonia, Letonia y Lituania como arma de presión. Los ministros de Exteriores de estos dos últimos países pidieron hoy nuevas sanciones contra Belavia, la compañía aérea bielorrusa, que transporta a migrantes desde Jordania, Irak o Líbano hasta Minsk, para que luego crucen la frontera hacia la UE.

Sin embargo, el jefe de la diplomacia irlandesa, Simon Coveney, que se mostró favorable a aprobar nuevas sanciones contra el régimen de Lukashenko - ya castigado por la UE-, descartó la posibilidad de medidas restrictivas contra Belavia a corto plazo.

Las compañías aéreas irlandesas lideran el alquiler de aviones a nivel global y entre sus clientes se incluye Belavia, por lo que Coveney dijo que hay "obligaciones que dificultan" las sanciones "desde una perspectiva legal". "Creo que en la cuestión de las aeronaves hay una diferencia entre garantizar que no haya contratos adicionales y en cómo respondes a los contratos existentes. Creo que es importante decir que existe una complejidad entre estas dos enfoques", dijo el ministro irlandés.