- El Parlamento Europeo (PE) reclamó ayer que Bruselas no apruebe el acceso de Hungría a los planes de recuperación pospandemia, de los que les corresponden en torno a 7.000 millones de euros, hasta que se constate que el presupuesto de la Unión no vaya a “contribuir activamente a la violación de los derechos fundamentales en Hungría”. En la resolución aprobada por 459 votos a favor, 147 en contra y 58 abstenciones, la Eurocámara reclama también a la Comisión Europea que emprenda acciones legales “inmediatas” respecto a la polémica ley que vincula la homosexualidad con la pedofilia y prohíbe hablar de la identidad sexual en escuelas y prensa.

La norma, que entró en vigor ayer, fue objeto de un agitado debate en la cumbre de líderes del pasado mes de junio y ha supuesto un punto de inflexión en el tira y afloja entre Budapest y Bruselas por su cumplimiento de los valores comunitarios, que dura ya varios años. Esta ley, aseguran los eurodiputados, “no es un caso aislado, sino otro ejemplo deliberado y premeditado del desmantelamiento gradual de los derechos fundamentales en Hungría”. “Las campañas de desinformación y la LGBTIQfobia organizadas y promovidas por el Estado se han convertido en herramientas de censura política en manos del Gobierno húngaro”, advierten.

La Comisión ya trabaja en la apertura del procedimiento de infracción después de que su presidenta, Ursula von der Leyen, advirtiera el miércoles de que emplearían todos los medios disponibles ante este nuevo desafío de Budapest a los principios del Estado de derecho comunitarios.

Respecto a los 7.000 millones de euros a los que Hungría accedería a través del plan de recuperación, los eurodiputados piden a la Comisión que “analice cuidadosamente” cada medida del plan de reformas presentado por el Gobierno de Viktor Orbán para acceder estos fondos y “que solo lo apruebe si se constata que no contribuirá a la aplicación de la ley” anti LGTBIQ. “Y, por ende, que el presupuesto de la Unión no contribuya activamente a la violación de los derechos fundamentales en Hungría”, añaden.

Aunque aún no ha tomado ninguna decisión de manera oficial sobre este plan, uno de los prerrequisitos de Bruselas para dar su visto bueno es que los planes nacionales aborden “todas o una parte significativa” de las recomendaciones que se le hacen a cada uno de los Estados miembros. En el caso de Hungría, se trata de recomendaciones en el área del cumplimiento del Estado de derecho, la lucha contra la corrupción, la independencia judicial, el acceso a la información pública y una mayor vigilancia sobre las contrataciones públicas.

El Parlamento Europeo también insta a la Comisión a que active inmediatamente el mecanismo de condicionalidad que en ciertos casos vincula la obtención de fondos comunitarios con el cumplimiento de los valores europeos, creado a final de 2020.