La Defensora del Pueblo europeo, atenta al fondo de recuperación

O’Reilly subraya la importancia de que “todos”, ciudadanos incluidos, puedan hacer un seguimiento del paquete de recuperación acordado en julio por los líderes europeos y del que España espera recibir 140.000 millones a partir de 2021.

La “transparencia y responsabilidad”, añade, serán claves para garantizar que “cualquier persona” conozca cuánto dinero obtiene su país, en qué se va a gastar y quiénes están al cargo de su gestión. “Se va a mover una gran cantidad de dinero y es muy importante que sea visible no solo a nivel europeo, sino también cuando llegue a los Estados miembros”, insiste la Defensora, responsable desde 2013 de investigar las reclamaciones contra las instituciones y organismos de la Unión Europea (UE) por mala administración.

El desembolso del fondo comunitario está más cerca ahora que hay un principio de acuerdo alcanzado por los países de la UE y el Parlamento Europeo sobre el presupuesto europeo para los próximos siete años, unas cuentas a las que va asociado el paquete.

A raíz de la crisis sanitaria, cuenta O’Reilly, su oficina ha recibido muchas reclamaciones relacionadas con los Estados miembros sobre el acceso a la atención médica, los test o la falta de tratamiento para aquellas personas con problemas de salud que no fueron atendidas por el “descontrol” del coronavirus. Unas denuncias que escapan del ámbito de su competencia, aclara, ya que la Sanidad recae en los Estados miembros y no en las instituciones comunitarias.

Durante la pandemia, la Defensora del Pueblo prestó especial atención a “cómo lidiaban” con la crisis organismos de la UE como el Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades (ECDC) y la Agencia Europea de Medicamentos (AEM).