La Eurocámara intenta retocar el paquete presupuestario de la UE antes de aprobarlo

El Parlamento Europeo (PE), la Comisión Europea y el Consejo han comenzado ya las conversaciones que deben culminar con un acuerdo lo antes posible sobre el presupuesto comunitario a siete años y el plan para la recuperación tras el coronavirus, un paquete que suma 1,82 billones de euros según lo acordado por los países miembros.

En última instancia, corresponde a la Eurocámara aprobar o rechazar las cuentas multianuales en un voto en el pleno, pero los diputados que negocian intentarán arrancar mejoras tanto al plan de recuperación como al presupuesto, conscientes de la dificultad de retocar un pacto que tanto costó alcanzar.

El Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, pilar principal del Plan de Recuperación europeo tras la pandemia de coronavirus, llega a la mesa de los eurodiputados dotado con 672.500 millones de euros (312.500 como transferencias directas y 360.000 como créditos) para financiar programas de reformas e inversiones en los países más afectados por la pandemia.

Su configuración fue uno de los puntos más calientes de la histórica cumbre de julio y las cifras finales rebajan las que habían pedido la Comisión Europea y el Parlamento, tanto en el total que se repartirá como en la forma de desembolsarlo, por presiones de países como Holanda.

El Ejecutivo europeo y el Parlamento querían dar un papel más prominente a las subvenciones a fondo perdido frente a los préstamos, con vistas a evitar que la obligación de devolver el dinero eleve los ratios de deuda nacionales y aumente la brecha económica en el bloque comunitario.

Una de las ponentes del texto en la Eurocámara es la española Eider Gardiazabal (PSOE), quien reconoce que las cantidades consensuadas en la cumbre “a priori no se van a tocar”, sino que los eurodiputados centrarán sus esfuerzos en otro tipo de ajustes. “Nos hubiera gustado (que fuese) más, pero nos parece que, siendo realistas, lo que negoció el Consejo es un salto cualitativo impresionante por la cantidad y el origen del dinero”, explica Gardiazabal, en referencia a la masiva emisión de deuda que emprenderá la Comisión Europea para financiar el fondo.

El Parlamento se enfocará en intentar concretar mejor “qué tipo de políticas se pueden financiar con el programa”, dice Gardiazabal. En la propuesta inicial de los diputados, aún pendiente de enmiendas y negociación, se sugieren seis pilares: transición verde, digitalización, apoyo a políticas económicas (industria, pymes), ámbito social, institucional y una rama específica para juventud e infancia. La eurodiputada socialista cree que esta puede ser la parte más sencilla de negociar con el Consejo, ya que son áreas “suficientemente flexibles o amplias como para que todos los Estados miembros se vean reconocidos en los objetivos”.

Más espinoso será, apunta, el capítulo sobre la gobernanza del fondo, ya que el Consejo se aseguró una vigilancia mayor sobre los planes de reformas e inversiones que tienen que presentar los países a Bruselas para acceder a la financiación.

Estos planes tendrán que ser aprobados por mayoría cualificada en el Consejo (al menos quince Estados miembros que representen el 65% de toda la población de la UE), algo que no estaba previsto en un principio. “Tiene que ser la Comisión la que tenga la voz cantante en todo esto. Pero si al final el Consejo va a tener un papel mayor, el Parlamento quiere estar en pie de igualdad”, zanja Gardiazabal.

El Parlamento Europeo no legisla directamente sobre el Fondo de Recuperación, pero por la forma en la que fueron negociados, este programa va muy ligado al presupuesto multianual, al que la Eurocámara sí debe dar su consentimiento en un voto en el pleno.

La presidencia alemana semestral del Consejo, los negociadores del Parlamento y la Comisión arrancaron este jueves las conversaciones previas a que la Eurocámara vote el paquete presupuestario completo.

Seis eurodiputados, que representan a todos los grupos parlamentarios salvo a la ultraderecha, intentarán retocar el acuerdo presupuestario, cifrado en 1,074 billones de euros, para reforzar programas concretos, impulsar nuevos impuestos supranacionales para nutrir las cuentas o mejorar la vigilancia de los valores fundamentales.

Una resolución no legislativa aprobada justo después de la cumbre de julio deploraba que los líderes hubieran recortado en programas emblemáticos de la UE para la protección del clima, transición digital, sanidad, juventud, cultura, investigación o gestión de fronteras.

Por su parte, los cuatro grupos, que acumulan una mayoría holgada en el hemiciclo, han advertido de que “será imposible” avanzar en la aprobación del presupuesto en su conjunto si no se mejora el capítulo del refuerzo de la vigilancia de los derechos fundamentales.

“Debe haber financiación para los programas bandera de la UE, como los de investigación o para los jóvenes”

Presidente de la Comisión de Presupuestos