Euskadi y Canarias se han quejado a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, por "la ausencia de un proceso real, previo y efectivo de diálogo, coordinación y planificación con el Gobierno de España" respecto al Pacto de Migración y Asilo, en vigor desde el día 12.
En una carta a la que ha tenido acceso EFE, el presidente de Canarias, Fernando Clavijo (CC), y el lehendakari, Imanol Pradales (PNV), expresan a Von der Leyen su "profunda preocupación" por esa ausencia de coordinación con el Gobierno español y defienden que las comunidades autónomas deben tener una participación efectiva en cómo se aplica, sigue y evalúa el Pacto Europeo de Migración y Asilo.
"No pretendemos trasladar al ámbito europeo una controversia interna, sino advertir de una carencia de gobernanza multinivel que puede afectar directamente a la calidad democrática, a la eficacia operativa y a la protección de los derechos fundamentales en la aplicación del Pacto", aseguran Clavijo y Pradales.
En la carta, recuerdan que el Pacto Europeo sobre Migración y Asilo modifica de manera sustancial el marco de gestión de las llegadas, los procedimientos fronterizos, la protección internacional, los retornos, el registro de datos, los mecanismos de solidaridad y la coordinación entre administraciones.
Sin embargo, denuncian que, en el caso de España, las comunidades autónomas no han participado hasta la fecha en un espacio formal de análisis, planificación y seguimiento que permita conocer la estrategia estatal, anticipar sus consecuencias, definir responsabilidades o evaluar sus implicaciones competenciales, presupuestarias y operativas.
Condición indispensable
Ambos presidentes han subrayado la necesidad de implicar tanto a las autoridades regionales y locales, a los interlocutores sociales y a la sociedad civil en la preparación y despliegue de los planes nacionales de implementación al insistir en que la participación de los territorios "es una condición imprescindible" del Pacto Europeo.
Además, señalan que han solicitado al Gobierno español la convocatoria "urgente" de un espacio de trabajo político y técnico que permita conocer la estrategia completa de implementación, evaluar sus implicaciones y acordar mecanismos eficaces de cooperación.
Planificación e información previa
Clavijo y Pradales explican en la misiva que aunque Canarias y Euskadi representan dos realidades territoriales distintas, son complementarias en los itinerarios migratorios en Europa y que ser el principal punto de entrada de la Ruta Atlántica y territorio de tránsito hacia otros países europeos, respectivamente, "exigen planificación compartida, información previa, financiación suficiente, protocolos claros y mecanismos estables de cooperación institucional".
Así detallan que mientras que en Canarias la incertidumbre afecta a la capacidad de respuesta ante los procedimientos de control previo en frontera, a la eventual presión sobre los recursos de acogida y a la necesidad de una distribución equitativa de responsabilidades, en Euskadi dificulta la planificación de la atención en Irún, en el río Bidasoa (que marca la frontera con Francia) o en los recursos de acogida.
Planificación con instituciones
También en los servicios sociales, en el sistema sanitario, en las diputaciones forales, en los ayuntamientos y en las entidades del tercer sector que acompañan diariamente a las personas migrantes.
Los gobiernos de Canarias y Euskadi han advertido también de que el mecanismo europeo de solidaridad debe tener "una traducción interna clara dentro del Estado español" porque, de lo contrario, "determinados territorios pueden quedar expuestos a una presión desproporcionada sin disponer de los instrumentos, los recursos y la información necesarios para responder con garantías".
Igualmente, consideran "imprescindible" que el Gobierno español comparta información completa, oficial y previa sobre las denominadas instalaciones designadas o cualquier otro centro o dispositivo vinculado a los procedimientos previstos en el Pacto. "Ninguna instalación vinculada al Pacto puede funcionar como una caja negra administrativa ni activarse sin conocimiento y coordinación con las instituciones del territorio", han manifestado.
Menores no acompañados
En la carta, Pradales y Clavijo señalan que el nuevo marco europeo no resuelve por sí mismo la atención a los menores migrantes no acompañados, "que continúa recayendo de forma intensa sobre determinadas comunidades autónomas" y solicitan a la Comisión Europea que tenga en cuenta esta realidad en el ejercicio de sus funciones de seguimiento y control político de la aplicación del Pacto.
"Los gobiernos de Canarias y Euskadi quieren formar parte de la solución. Pero para formar parte de la solución es imprescindible formar parte también de la información, de la planificación y de la decisión", insisten. A su juicio, la aplicación del Pacto Europeo sobre Migración y Asilo debe ser "una oportunidad para reforzar la corresponsabilidad, la solidaridad y la dignidad humana" y "no para consolidar dinámicas de unilateralidad, opacidad o improvisación".
